De las 3.231 candidaturas inscritas para Senado y Cámara en 2026, apenas 30 personas se identifican públicamente como LGBTIQ+. Bogotá concentra casi la mitad de las postulaciones y el activismo en derechos humanos es el perfil predominante.
25 de febrero de 2026. En medio del inicio formal de la contienda electoral al Congreso de la República para 2026, la campaña Voto por la Igualdad liderada por Caribe Afirmativo revela 30 candidaturas LGBTIQ+ al Congreso de la República, tres candidaturas más que en el periodo pasado (26). Si bien es cierto que es un avance innegable, en términos políticos apenas es un punto de partida, pues la cifra también revela la persistente brecha de representación política en Colombia: de las 3.231 candidaturas inscritas, solo 30 —el 0,928 %— corresponden a personas que se reconocen abiertamente como parte de la población LGBTIQ+.
Este análisis se realiza en el marco del Observatorio de Participación Política de personas LGBTIQ+, una iniciativa consolidada en 2014 por Caribe Afirmativo y articulada en este período con FESCOL, MOE y Extituto para hacer seguimiento a las condiciones de acceso, ejercicio y permanencia en la vida pública de las personas sexo género diversas. A su vez, la campaña Voto por la Igualdad, impulsada desde 2010 por Caribe Afirmativo, ha promovido el voto informado y el acompañamiento a candidaturas comprometidas con la igualdad.
La campaña Voto por la Igualdad, evidencia que, a pesar de los avances normativos en materia de derechos, la presencia electoral de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas sigue siendo marginal en términos cuantitativos.
Una presencia concentrada en Cámara y en Bogotá
De las 30 candidaturas mapeadas, 7 corresponden al Senado y 18 a la Cámara de Representantes. Otras tres se inscribieron en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), específicamente en la Circunscripción 15 – Sur del Tolima, y dos más en la Circunscripción Especial Afrodescendiente de carácter nacional.
En el caso de la Cámara, Bogotá concentra 12 de las 18 candidaturas, lo que equivale al 45 % del total mapeado. Risaralda, Quindío y Antioquia registran dos candidaturas cada uno. Esta distribución territorial confirma una tendencia histórica: la representación política diversa sigue fuertemente centralizada en grandes ciudades, mientras los territorios periféricos y rurales mantienen una participación reducida.
En las CITREP aparecen organizaciones como Asopramas y el Resguardo Indígena Honduras, lo que sugiere una articulación entre agendas territoriales, étnicas y de diversidad sexual y de género.
Orientaciones e identidades: pluralidad con baja escala
En cuanto a orientación sexual, 14 candidaturas corresponden a hombres gay y 7 a mujeres lesbianas. También se registran 4 hombres bisexuales, 2 mujeres bisexuales. Respecto a identidades de género no hegemónicas, el mapeo identifica 2 mujeres trans, 1 hombre trans y 2 personas no binarias. Aunque se observa diversidad, las cifras siguen siendo modestas frente al volumen total de aspiraciones inscritas en el país.
En relación con el autorreconocimiento étnico-racial y otras condiciones diferenciales, el mapeo evidencia una diversidad aún poco explicitada en los registros públicos: tres personas candidatas se reconocen como afros, seis se autorreconocen como mestizas y dos se enuncian como blancas. Sin embargo, al menos siete no se ubican dentro de ningún grupo poblacional o no respondieron a esta categoría, lo que refleja tanto vacíos de información como posibles reservas frente a la autoidentificación en el escenario electoral. Adicionalmente, se identificó que una de las personas aspirantes tiene discapacidad visual, incorporando así una dimensión de diversidad funcional que complejiza y amplía la comprensión de la representación política LGBTIQ+ en la contienda de 2026.
Activismo y derechos humanos: el sello dominante
El perfil profesional de las candidaturas muestra una fuerte impronta en el activismo social y la defensa de derechos humanos: 18 personas (alrededor del 62 %) provienen de ese campo. Asimismo, 15 cuentan con trabajo comunitario territorial (52 %) y 6 tienen experiencia legislativa previa (21 %).
En términos de formación académica, 9 candidaturas (31 %) reportan estudios de posgrado, lo que sugiere una alta cualificación técnica en varios perfiles.
Los ejes temáticos más recurrentes son derechos humanos (20 candidaturas), población LGBTIQ+ (17), salud —incluido VIH— (7), ambiente y territorio (7), paz y conflicto armado (6), juventudes (8) y economía o emprendimiento (6). El enfoque en salud pública y VIH aparece en 4 perfiles, mientras que 6 incorporan agendas ambientales o territoriales.
El análisis también identifica una presencia significativa en colectividades como el Partido Verde y el Pacto Histórico, que en conjunto concentran el 34 % de las candidaturas mapeadas.
Representación simbólica vs. representación estructural
Si bien el número absoluto de candidaturas LGBTIQ+ puede leerse como un avance frente a ciclos electorales anteriores, la proporción —menos del 1 % del total nacional— evidencia que la inclusión política sigue siendo más simbólica que estructural.
Colombia ha sido referente regional en jurisprudencia y reconocimiento de derechos para personas LGBTIQ+, pero la participación efectiva en escenarios de poder legislativo continúa limitada. Las barreras estructurales —violencia política, financiamiento desigual, estigmatización y riesgos en territorios con presencia de actores armados— siguen impactando las posibilidades reales de competir en condiciones de igualdad.
La elección de 2026 será, en ese sentido, una prueba no solo para medir el respaldo electoral a estas candidaturas, sino para evaluar hasta qué punto el sistema político colombiano logra traducir el reconocimiento formal de derechos en representación democrática efectiva.
Las 30 candidaturas identificadas no solo disputan escaños; disputan la narrativa de quién puede habitar el poder. En un país donde la diversidad ha sido históricamente marginada del centro de decisión, su presencia en la contienda electoral abre una pregunta de fondo: si la democracia colombiana está preparada para que la pluralidad social se refleje, también, en la arquitectura del Congreso.
Tres retos para quienes resulten elegidas
Quienes resulten electas o electos en 2026 asumirán, al menos, tres desafíos estratégicos:
1. Consolidar la Comisión Accidental para la Diversidad del Congreso, creada en la actual legislatura y hasta ahora la única en América Latina dedicada específicamente a promover la agenda de derechos de personas LGBTIQ+ en el ámbito legislativo. Esta comisión ha servido como espacio de articulación multipartidista para impulsar iniciativas normativas y ejercer seguimiento político en materia de igualdad.
2. Sacar adelante los proyectos de ley pendientes, entre ellos:
- El Proyecto de Ley “Quiérele siempre”.
- El Proyecto de Ley de Ley Integral Trans.
- El Proyecto de Ley No. ___ de 2024, “Por medio de la cual se modifica la Ley 1861 de 2017, se regula la situación militar de personas trans y no binarias; y se dictan otras disposiciones”.
3. Ejercer control político efectivo a la implementación de la política pública LGBTIQ+, al CONPES correspondiente y a las acciones lideradas por el Ministerio de Igualdad, garantizando que el reconocimiento formal de derechos se traduzca en presupuesto, programas y resultados verificables.