Hacemos un llamado a proteger la vida de toda la ciudadanía y evaluar riesgos diferenciados para grupos históricamente excluidos y estigmatizados.
Santa Marta, 22 de septiembre de 2026. La escalada de violencia e intimidación en el departamento del Magdalena, particularmente en Santa Marta y sus zonas de influencia, mantiene en estado de alerta e incertidumbre a toda la ciudadanía. Frente a la parálisis y el temor que se viven en el territorio, Caribe Afirmativo insta a las autoridades a desplegar medidas urgentes de protección general y a evaluar los riesgos diferenciados que esta crisis representa para las personas LGBTIQ+ y otros sectores históricamente estigmatizados.
La percepción de inseguridad y riesgo colectivo se intensificó tras una operación de la Fuerza Pública en la zona rural de Santa Marta contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que dejó siete presuntos integrantes muertos, entre ellos altos mandos como alias ‘Cholo’ y el hijo de alias ‘Pinocho’. La respuesta violenta no se hizo esperar: bloqueos en vías neurálgicas como la Troncal del Caribe, ataques a vehículos, el cierre preventivo de comercios y la circulación de un comunicado atribuido a la red armada que anunciaba un paro armado de 48 horas.
Aunque la Gobernación del Magdalena desconoció la validez del paro y reabrió el tránsito vehicular, el impacto en la vida diaria de la población civil es innegable. Las restricciones a la libre movilidad, el confinamiento preventivo, las pérdidas económicas y la zozobra constante demuestran que, independientemente de los pronunciamientos oficiales, la ciudadanía en general está pagando el precio de la confrontación armada.
Un riesgo multiplicado para las personas LGBTIQ+
En este escenario de vulnerabilidad generalizada, Caribe Afirmativo advierte que la violencia no se experimenta de la misma manera en todos los sectores. Cuando los grupos armados disputan o imponen control territorial, las dinámicas de dominación suelen ensañarse contra las personas LGBTIQ+, imponiendo normas sociales restrictivas, castigos morales y un acoso sistemático sobre sus cuerpos, afectos y expresiones de género.
“En contextos de disputa territorial, la seguridad de la población civil debe analizarse desde las desigualdades que existen en las regiones. Las personas LGBTIQ+ no pueden quedar por fuera de los análisis de riesgo ni de las respuestas institucionales de prevención y protección”, enfatizó Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.
La evaluación de la crisis no puede reducirse a medir la fuerza pública desplegada o el conteo de incidentes violentos. Se requiere un enfoque que identifique qué sectores sufren impactos agravados y cuál es la capacidad real del Estado para protegerlos antes de que se consoliden las agresiones.
Llamado a la acción institucional
Frente a la gravedad de los hechos, Caribe Afirmativo solicita formalmente a las autoridades nacionales y territoriales:
- Evaluación de riesgos diferenciales: Identificar los peligros específicos para personas LGBTIQ+, mujeres, comunidades étnicas, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
- Enfoque de prevención: Diseñar medidas de protección adaptadas a la realidad de cada territorio, anticipándose a las represalias armadas y no limitándose a reaccionar tras los ataques.
- Canales institucionales y servicios activos: Mantener comunicación directa con organizaciones sociales para detectar a tiempo confinamientos o desplazamientos, y garantizar la prestación ininterrumpida de servicios básicos de atención a la ciudadanía.
La respuesta frente al crimen organizado debe poner en el centro la protección de la vida de toda la población, garantizando que el miedo no invisibilice ni desproteja a quienes históricamente han sufrido mayor marginación. La organización continuará monitoreando la situación de derechos humanos en el Magdalena para acompañar a las comunidades afectadas.
