07 de julio de 2026. A un mes del inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella, es necesario prepararnos para poner en marcha un ejercicio permanente de veeduría ciudadana sobre las decisiones, políticas, discursos y acciones institucionales que puedan tener impacto en los derechos de las personas LGBTIQ+.

Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella cuestionó las políticas de diversidad, el enfoque de género y algunos de los derechos reconocidos a las personas LGBTIQ+, al tiempo que afirmó que actuaría dentro del marco constitucional. Corresponde ahora hacer un seguimiento riguroso para verificar cómo estas posturas se reflejan en la acción del Estado.

La veeduría permitirá observar la continuidad de las políticas públicas de igualdad, la garantía de los derechos ya reconocidos, la respuesta institucional frente a la violencia por prejuicio, el fortalecimiento o debilitamiento de las entidades encargadas de proteger los derechos humanos, el destino de los recursos públicos destinados a estas políticas y el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por Colombia.

También se requiere hacer seguimiento a los proyectos legislativos, las decisiones administrativas, los nombramientos en cargos estratégicos y el discurso oficial, entendiendo que las acciones y los mensajes provenientes del Estado tienen efectos concretos sobre la vida y el ejercicio de derechos de las personas LGBTIQ+.

La veeduría ciudadana no busca anticipar retrocesos ni sustituir el debate democrático. Su propósito es documentar, analizar y exigir que el ejercicio del poder público se desarrolle en armonía con la Constitución, los estándares de derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación.