16 de diciembre de 2025. La región vive días de dolor e indignación ante la confirmación de dos asesinatos de liderazgos locales en México en menos de una semana: primero el de Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor y referente LGBTIQ+, y ahora el de Enrique Estrada Jiménez, director del DIF en El Salto, Jalisco, hechos que han generado conmoción entre organizaciones sociales, instituciones públicas y colectivos ciudadanos.
El cuerpo sin vida de Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa y una de las voces emergentes más visibles en la defensa de los derechos LGBTIQ+ en el noreste de México, fue hallado en un apartamento de la Ciudad de México donde se hospedaba tras participar en actividades políticas e institucionales. Las autoridades investigan posibles signos de violencia y móviles criminales, lo que agrava la percepción de riesgo para activistas y liderazgos diversos.
Brayan había consolidado una trayectoria en la promoción de políticas de igualdad desde la Comisión de Género y Equidad de Reynosa, impulsando acciones para cerrar brechas que afectan a mujeres y a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Su trabajo estaba marcado por la convicción de que la igualdad debe ser una práctica transformadora, no solo un discurso.
Días después, el hallazgo del cuerpo de Enrique Estrada Jiménez, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en El Salto, Jalisco, encendió nuevamente las alarmas. Estrada, de 27 años, quien se reconocía como un hombre gay, fue encontrado sin vida en su domicilio con señales que obligan a las autoridades a profundizar en una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.
Las primeras indagatorias señalan que el funcionario presentaba lesiones y que el inmueble fue asegurado para fines de investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco, que continúa recabando pruebas para identificar a los posibles responsables.
Estos hechos ocurren en un contexto en el que diversos sectores denuncian la falta de garantías para la protección de liderazgos sociales, políticos y defensores de derechos humanos, especialmente cuando su labor los expone a entornos marcados por riesgos diferenciales. Los patrones de violencia —discursos de odio, agresiones crecientes y respuestas institucionales lentas— son señalados como causas estructurales que dificultan la participación segura de voces diversas en la vida pública.
Desde Caribe Afirmativo reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la defensa de todas las vidas que siguen apostándole a la igualdad, y nos sumamos al llamado colectivo para que estos casos no se diluyan en el silencio ni en la impunidad. Exigimos:
• Una investigación exhaustiva, técnica e independiente que esclarezca las circunstancias de ambos hechos y judicialice a los responsables.
• Acciones inmediatas de protección para liderazgos diversos y personas defensoras de derechos humanos.
• Pronunciamientos públicos contundentes de rechazo a la violencia y medidas institucionales que garanticen la participación segura en espacios de liderazgo.
• Compromisos concretos para fortalecer las políticas de igualdad y justicia, de modo que la defensa de los derechos no sea una actividad que exponga a quienes la ejercen a amenazas, agresiones o, como en estos casos, a la muerte.