05 de diciembre de 2025. En la zona rural del municipio de Samaniego, el pasado 25 de noviembre fue asesinada Maritza Garnica Sepúlveda, una mujer trans que ingresó sin signos vitales al centro de salud local, luego de recibir cinco heridas con arma blanca —tres en el tórax y dos en el brazo izquierdo— y posteriormente ser atacada con arma de fuego. De acuerdo con información preliminar recopilada por autoridades y habitantes del sector, dos hombres armados la interceptaron y dispararon contra ella frente a la terminal municipal.
Horas antes del crimen, Maritza había sido objeto de mensajes de WhatsApp en los que se le señalaba como “ladrona”, en una dinámica conocida en la región como boleteo, una práctica que expone públicamente a personas consideradas “indeseables” y las ubica como objetivos de violencia. Testimonios de vecindario señalan que la víctima había sido vista deambulando por las calles, realizando solicitudes de dinero de manera insistente.
Esta narrativa, que suele utilizarse para justificar o normalizar agresiones, aparece recurrentemente en contextos donde operan grupos armados que imponen formas ilegales de control social.
Dentro de las primeras hipótesis, autoridades locales no descartan la participación del grupo armado ilegal Comuneros del Sur en lo que habría sido una nueva acción de “limpieza social”, una práctica reiterada en el departamento de Nariño y que se dirige especialmente contra personas en situación de marginalidad, trabajadoras sexuales, habitantes de calle y, de manera desproporcionada, contra personas trans.
Caribe Afirmativo rechaza de manera enfática este homicidio, que se convierte en el caso número 64 registrado por el Observatorio de Derechos Humanos de personas LGBTIQ+ en lo que va del 2025, y alerta sobre un dato especialmente grave: más de 25 mujeres trans han sido asesinadas en el país durante este año.
Estas cifras confirman no solo la persistencia de la violencia letal por prejuicio, sino la ausencia de garantías efectivas para la vida y la integridad de mujeres trans en territorios marcados por la presencia de economías ilegales, disputas armadas y fallas estructurales de protección estatal.
Lo ocurrido en Samaniego refleja un patrón que se repite en varias zonas del país: circulación de mensajes estigmatizantes, señalamiento previo, ausencia de protección oportuna y, finalmente, homicidios cometidos con total impunidad.
Frente a estos hechos, Caribe Afirmativo hace un llamado urgente al Estado colombiano a:
- Fortalecer las medidas de protección y prevención para mujeres trans, particularmente en municipios afectados por la presencia de grupos armados.
- Avanzar en investigaciones con enfoque de género y prejuicio, que permitan esclarecer responsabilidades y desmantelar las prácticas de “limpieza social”.
- Garantizar una respuesta integral institucional que incluya salud mental, atención psicosocial, acceso a justicia y acciones de no repetición.
Persistir en la indiferencia institucional frente a estos crímenes es permitir que se consoliden órdenes sociales violentos que atentan contra la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas trans en Colombia.