10 de octubre de 2025. Hace quince meses, el alcalde Alejandro Char Chaljub anunció con entusiasmo la formulación de una Política Pública LGBTIQ+ para el Distrito de Barranquilla. Lo hizo tras una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y de la Corporación Caribe Afirmativo, organizaciones que han insistido durante años en la urgencia de que la ciudad asuma responsabilidades concretas frente a la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+. El anuncio generó expectativa. Sin embargo, a día de hoy no existe un solo documento técnico, cronograma, ni avance verificable que demuestre que la administración distrital haya cumplido su promesa.
Los funcionarios de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana han repetido en distintos espacios que la política ya estaba lista y que sería presentada primero en febrero de 2024, luego en mayo, y luego en junio en el marco del Orgullo LGBTIQ+. Todas fechas pasaron sin resultados. Hoy, la inacción institucional es evidente: Barranquilla sigue sin una hoja de ruta para garantizar derechos, atender violencias y reducir desigualdades.
Una deuda que cuesta vidas
El incumplimiento no es un asunto menor. Entre 2020 y 2025, 23 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas en Barranquilla, según el Observatorio de DD.HH de Caribe Afirmativo. La mayoría de estos casos siguen sin justicia. En 2021, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-068, ya había advertido que en la ciudad se configuraba un patrón de discriminación estructural contra personas LGBTIQ+ en espacios públicos y semipúblicos.
Cuatro años después, el Distrito no ha adoptado una política que prevenga, atienda ni repare esos hechos. En cambio, mantiene el silencio institucional frente a las violencias motivadas por prejuicio y la exclusión cotidiana.
La omisión del Estado local tiene consecuencias graves. Las personas trans, lesbianas, bisexuales y gays continúan enfrentando obstáculos para acceder a empleo, salud y educación, mientras los discursos de odio se normalizan en redes y en las calles. En una ciudad que se precia de modernidad, ser visible sigue siendo un riesgo.
Desigualdad con rostro diverso
Barranquilla es una ciudad de contrastes. Bajo el lema de “Barranquilla a otro nivel”, la administración se muestra como un ejemplo de progreso urbano, pero los datos revelan una realidad más cruda:
- 399 mil personas viven en condiciones de pobreza, y 124 mil en pobreza extrema.
- Solo en 2024, 16 mil personas adicionales cayeron en pobreza extrema.
- 3 de cada 10 barranquilleros no tienen ingresos dignos y sobreviven en la informalidad.
En ese contexto, la falta de políticas públicas con enfoque diferencial profundiza las brechas. Las mujeres trans, jóvenes y personas LGBTIQ+ empobrecidas enfrentan discriminación múltiple: por su identidad, por su clase y por la ausencia de respaldo institucional.
Sin medidas que reconozcan esa interseccionalidad, las políticas de empleo, salud y seguridad del Distrito siguen dejando a esta población fuera del supuesto “desarrollo” que se promociona.
Salud sin enfoque, vidas en riesgo
En materia de salud, los indicadores también alertan sobre la necesidad de una política pública efectiva. Aunque la mortalidad por VIH bajó de 9,25 a 7,19 muertes por cada 100.000 habitantes entre 2010 y 2022, Barranquilla sigue duplicando el promedio nacional (4,2).
La epidemia continúa concentrada en mujeres trans y hombres que tienen sexo con hombres (HSH), quienes enfrentan no solo barreras en el acceso a servicios, sino estigmas persistentes en el sistema de salud.
La respuesta al VIH y a la salud sexual no puede seguir dependiendo del esfuerzo de activistas, organizaciones sociales o agencias internacionales. El Estado local tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud sin discriminación.
Entre el discurso y la realidad
Pese a los anuncios y a la presión ciudadana, la administración de Alejandro Char ha optado por el silencio. Ningún informe de gestión, contrato público ni acta de avance da cuenta de la existencia de un proceso serio de formulación de política pública LGBTIQ+.
Paradójicamente, el Distrito invierte en campañas publicitarias que venden la imagen de una ciudad incluyente, moderna y progresista, mientras ignora la exclusión estructural de miles de personas que viven en los márgenes.
La pregunta es inevitable: ¿de qué sirve hablar de “nivel” cuando la igualdad no avanza, la justicia no llega y las promesas se diluyen entre comunicados y fotografías oficiales?
Una exigencia ciudadana
Desde las organizaciones sociales y de derechos humanos se reitera el llamado: Barranquilla necesita una política pública LGBTIQ+ ahora.
Una política que no se limite a eventos simbólicos ni a gestos diplomáticos, sino que garantice derechos reales: educación sin acoso, empleo digno, acceso a salud integral, atención a víctimas de violencia y reconocimiento pleno de las diversidades.
Mientras el lema institucional habla de progreso, la realidad grita exclusión.
Barranquilla no está a otro nivel: está atrasada en derechos.