05 de marzo de 2026. El 21 de enero de 2026, una persona trans masculina de nacionalidad colombiana —conocida como Bicho— intentó ingresar a Argentina desde Brasil por el aeropuerto Jorge Newbery, en Buenos Aires. Lo que debía ser un trámite migratorio ordinario derivó en una cadena de decisiones administrativas, retenciones prolongadas, actuaciones coercitivas y violaciones a convenios de protección internacional que vulneraron todos principios humanitarios fundamentales.
Bicho había llegado a Argentina hace previamente con documentación de estudiante, situación que se vio interrumpida en 2020, en el contexto de la pandemia. Al intentar reingresar en 2026, la autoridad migratoria lo calificó como “falso turista” por no contar con pasaje de retorno y dispuso su inadmisión. Desde ese momento, comenzó una retención en el área aeroportuaria que se extendió por varios días, con limitaciones de movilidad, acceso restringido a su equipaje personal y condiciones ambientales que resultaron especialmente adversas para su salud mental.
Durante la permanencia forzada en el aeropuerto, Bicho —quien además es una que se ubica dentro del espectro de la neurodiversidad— solicitó atención médica y psicológica, no obstante, las autoridades no le permitieron a Bicho acceder a sus medicamentos que estaban guardados en su bolso personal, a pesar de que los solicitó en reiteradas ocasiones; por el contrario, en al menos dos ocasiones, personal sanitario le suministró medicación sin verificar su esquema terapéutico previo. Y en contra de todo principio humano, tampoco respetaron que Bicho es vegano y solamente le suministraron alimentos que incluían productos de origen animal. Asimismo, en reiteradas ocasiones intentaron embarcarlo en vuelos en contra su voluntad, lo que ocasionó episodios de angustia emocional, alteración y estrés.
En paralelo, se activaron algunos amigues de Bicho y redes de apoyo, quienes alertaron a otras organizaciones locales de derechos humanos lo que estaba ocurriendo y le acompañaron para hacer una solicitud de refugio ante el gobierno de Argentina, sin embargo, la petición fue rechazada en primera instancia y el hábeas corpus presentado también obtuvo respuesta negativa. Funcionarios migratorios de Argentina anunciaron una eventual expulsión de Bicho hacia Brasil, por ser el último país donde previamente se encontraba. En medio de esta situación complicada, el equipo jurídico de Bicho interpuso un recurso de apelación dentro de los plazos legales. Pese a que el proceso de apelación seguía abierto, el 26 de enero las autoridades migratorias de Argentina ejecutaron su traslado forzoso en un vuelo con destino a Porto Alegre, Brasil. Ese día se activaron algunas organizaciones de la Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Refugiadas, Migrantes y Solicitantes de Asilo en las Américas para hacer seguimiento al caso y alertar lo que estaba sucediendo.
Al arribar a Brasil, las autoridades aeroportuarias manifestaron su inconformidad frente a la forma en que Bicho fue conducido el procedimiento y procedieron a retirarle los precintos ajustados a las muñecas. Ya en territorio brasileño, Bicho logró contactar a organismos de protección internacional, como ACNUR y varias organizaciones de la sociedad civil que le prestaron ayuda.
Bicho quedó en libertad en Porto Alegre (Brasil), con apoyo de activistas y en diálogo con instancias como ACNUR. Allí expresó su deseo de retornar a Argentina por considerar que es el país donde cuenta con mayores redes afectivas y sensación de arraigo. Se hizo una apelación a la negativa de asilo y hasta los momentos el caso se mantiene activo.
Desde nuestro ejercicio, como corporación Caribe Afirmativo (organización perteneciente a la Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Refugiadas, Migrantes y Solicitantes de Asilo en las Américas) elaboramos un oficio que evidencia el contexto de violencia (lesiones personales, amenazas, violencia policial y discriminación institucional) hacia personas LGBTIQ+ en Colombia, particularmente personas con experiencia de vida trans, con el fin de que estas consideraciones fuesen tomadas en cuenta en la apelación presentada por Bicho.
Graves violaciones a principios fundamentales
Este evento revela una grave violación al debido proceso por parte de las autoridades migratorias argentinas, sumado a un evidente desprecio por principios humanitarios básicos, como velar por la salud física y emocional de las personas que acompañan. Se evidencia una falta de notificaciones claras y oportunas, la presión para firmar actas en contextos de crisis y máxima presión psicológica, la restricción de acceso a medicación y acompañamiento terapéutico, y la ejecución de una expulsión mientras estaban vigentes los plazos para la apelación a la negativa de la solicitud de refugio. También señalan deficiencias en la actuación consular y la necesidad de articulación diplomática para garantizar asistencia efectiva a un connacional en situación de vulnerabilidad. Por último, y no menos importante, durante todo el proceso las autoridades migratorias argentinas desconocieron la identidad de género de Bicho, refiriéndose a él con pronombres que no utiliza, a pesar de que se identificó abiertamente como persona trans masculina y pidió ser reconocido como tal.
El caso de Bicho nos demuestra que las solicitudes de refugio deben ser analizadas incorporando enfoques diferenciales, entre ellos género LGBTIQ+ y neurodiversidad. Además, es necesario prevenir nuevas vulneraciones de derechos de personas solicitantes de refugio, y abrir una investigación y sanción contra funcionarios infractores y reparación de víctimas. Por último, y no menos importante, este caso revela la pertinencia de fortalecer y reconocer las redes de apoyo partiendo de enfoques diferenciales.
Resulta imperativo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conozca de este caso y que Argentina, Colombia y Brasil activen mecanismos coordinados de protección, asistencia consular y garantías de acceso a procedimientos justos. La vida, la integridad y la estabilidad de Bicho —como la de tantas personas LGBTIQ+ solicitantes de asilo, refugiadas o en situación de movilidad humana— no pueden quedar supeditadas a decisiones administrativas abusivas y violatorias a los principios fundamentales sin las salvaguardas mínimas que exige el derecho internacional del refugio.