Los retrocesos en materia de derechos y las amenazas a la dignidad de las personas LGBTIQ+ crecen con preocupación en el mundo. Países de África, América, Europa y Asia han tomado decisiones ejecutivas, legislativas y judiciales en los últimos meses que persiguen a las personas sexo-género diversas y aumentan los niveles de odio y de complicidad de sectores sociales, comunicacionales y empresariales.
La decisión de Burkina Faso de presentar un proyecto de ley en su Congreso que penalice la homosexualidad con hasta cinco años de cárcel y multas económicas se suma a otras acciones políticas que hemos visto transitar este año en otros países. Dos noticias han generado preocupación en los últimos días: 1) el anuncio de que la Suprema Corte de los Estados Unidos, de conformación mayoritariamente conservadora, revisará —como lo hizo años atrás con la interrupción voluntaria del embarazo— la vigencia del matrimonio igualitario en ese país; está por la misma vía de las decisiones administrativas del presidente Trump, que lleva 10 meses desmontando derechos de personas LGBTIQ+, con énfasis en personas trans y no binarias, y 2) además, el desmonte del cupo laboral trans en Argentina, la prohibición de movilizaciones en Hungría, el desconocimiento de las mujeres trans en Reino Unido, la restricción para las acciones colectivas en El Salvador y las leyes mordaza a las organizaciones sociales en Ecuador, Perú y Guatemala. En términos generales, se evidencia la desatención política, legislativa, judicial y ejecutiva que está teniendo la agenda de la diversidad sexual y de género en el mundo, lo que nos conduce al retroceso, a negar derechos y echar atrás conquistas ganadas en orden a la dignidad humana.
Lo de Burkina Faso es muy delicado porque deja entrever cinco acciones que se están activando en el desmonte de los derechos de las personas LGBTIQ+: 1) posicionar en términos políticos la diversidad sexual y de género como una amenaza a los intereses del país, que va contra los valores sociales y culturales, y por tanto hay que detener; 2) presentar la homosexualidad y la bisexualidad como un asunto impuesto por una especie de práctica colonial que viene de fuera y que, por tanto, hay que prevenir y limitar su ingreso en territorio soberano; 3) cortar redes de apoyo y romper vínculos familiares de las personas sexo-género diversas, aislándolas de sus grupos afectivos; 4) elevar la diversidad sexual y de género a un acto delictivo, con la narrativa de que la sociedad tiene que denunciarles y reprocharles sus conductas, y 5) validar la violencia, tanto del Estado como de los particulares, para contener una orientación sexual que se posiciona como criminal.
Que esto suceda en Burkina Faso —que, hasta antes de este gobierno golpista, guardaba silencio frente a las vidas de las personas LGBTIQ+— en medio de un continente que se ha destacado por perseguir a las personas sexo-género diversas y condenarlas incluso a la muerte, genera una alerta significativa. Hasta el pasado 1 de septiembre, cuando se promulgó la ley, este país era refugio para personas amenazadas en sus países de origen y contaban con el estatus de protección especial. Pero parece que, lejos de acoger los llamados de Naciones Unidas a respetar y reconocer los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y no binarias, quieren seguir los pasos de Uganda, que hace tres años declaró la pena de muerte contra la homosexualidad agravada y la cadena perpetua para las relaciones entre personas del mismo sexo; de Malí, que en 2024 penalizó la homosexualidad, o de Kenia, que estudia declarar ilegal la homosexualidad.
Lo particular en estas decisiones violatorias de los derechos humanos, que crecen en África, es identificar el respaldo que tienen de grupos antiderechos de países de este hemisferio, que no solo han tomado decisiones internas para frenar los derechos de las personas LGBTIQ+, sino que, por su poder hegemónico y geopolítico, están cortando apoyos a las organizaciones sociales y divulgando una diplomacia del odio y del retroceso a los derechos de las personas sexo-género diversas. Se ve en la deslegitimación y asfixia a los órganos de Naciones Unidas y regionales, se evidencia en el desmonte de la cooperación y su compromiso con los derechos humanos y se materializa en la prohibición de avanzar estas agendas, de hablar de género, de tener acciones afirmativas que superen un déficit de derechos que ha condenado a las personas LGBTIQ+ a vivir en la indignidad. Todo esto porque hay una persecución clara de los grupos de poder fascistas hacia su diversidad sexual y de género, promovida por un desprecio a sus proyectos de vida.
El auge de la violencia verbal y la ausencia de códigos éticos que permitan poner límites a lo que, disfrazado de libertad de opinión, es violencia, viene incrementando de forma desmedida los discursos de odio hacia las personas LGBTIQ+. Estos se posicionan como forma de gobernar, haciendo de nosotras “el enemigo interno más peligroso del Estado”. Se usan como combustible en los procesos electorales para alentar el populismo, descargando en el movimiento sexo-género diverso una amenaza inexistente a la familia y las infancias, como si fuésemos su mayor desestabilizador. Las redes sociales, no solo desde las *fake news*, han sido pilares en construir estas narrativas, sino que son hoy la trinchera desde donde se destila esta desinformación y que, por su alcance masivo y su capacidad emotiva de penetración, han validado que los promotores de los retrocesos pongan estas ideas en el imaginario popular. Así siembran la indiferencia y luego salen a decir que lo que hacen es representar un interés o miedo que tienen las mayorías, “el pueblo”, frente a una supuesta amenaza que somos nosotras.
Como resultado, en Burkina Faso hay miedo entre las personas LGBTIQ+, que quieren abandonar el país, pero no tienen muchas opciones hacia dónde ir por el cerco homofóbico y transfóbico que enfrentan. Las familias, por presión de grupos religiosos, han empezado a aislar e incluso a denunciar a sus hijas e hijos, y los pocos espacios de encuentro y apoyo a las personas LGBTIQ+ han cerrado por miedo a las represalias que el gobierno pueda tomar contra ellos. Algunas ONGs en el país ya identifican conductas suicidas y tentativas de homicidio y feminicidio, fruto del impacto de esta decisión. Porque el odio mata. Hay un incremento de la violencia física, verbal y simbólica: basta mirar nuestro hemisferio. Argentina, por ejemplo, que ante el discurso desmedido de Milei contó el primer semestre de este año con más de cien asesinatos, enmarcados en un hito altamente doloroso como lo fue el triple lesbicidio; o Colombia, que al día de hoy marca más de 50 asesinatos de personas LGBTIQ+ en lo que va del año. Situaciones similares se presentan en Brasil, México, Perú y Honduras.
La situación de Burkina Faso requiere nuestra atención hoy, pero vale la pena identificar cómo el cruce de factores como los discursos de odio, el poder fascista y la violencia sistemática está hoy en aumento en todo el mundo con un objetivo muy concreto: desmontar los derechos de las personas LGBTIQ+, invisibilizarlas e impedir que se pueda construir un proyecto de vida desde la diversidad sexual y de género. Para ello están combinando la violencia verbal, física y simbólica, ante la impotencia de los organismos internacionales, la invisibilidad impuesta de las comunidades y el silenciamiento de quienes llaman a recordar que los derechos no son negociables, que las vidas LGBTIQ+ importan, que en materia de acceso a derechos y servicios nadie puede quedar atrás y que todas las vidas deben importar.
Ojalá no siga siendo la indiferencia que se cultiva hoy en el mundo ante el genocidio de Gaza, la guerra en Ucrania y la violencia sistemática de Colombia la que ahora transite hacia estas decisiones políticas criminales que aniquilan la vida. Urge sacudirnos como humanidad, sancionar estas conductas y exigir respeto por las vidas LGBTIQ+. Nadie puede quedar atrás.
SOS por Burkina Faso.