31 de julio de 2026. Caribe Afirmativo expresa su más enérgico rechazo frente al secuestro múltiple ocurrido en la noche del 30 de julio en el municipio de Uribia, La Guajira, en el que fue privado de la libertad David Rafael Rodríguez Gómez, director de la Fundación Wanejana Wayaa, reconocido líder indígena, defensor de derechos humanos y excandidato al Concejo Municipal, junto con las personas que lo acompañaban.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, David Rafael Rodríguez Gómez fue interceptado, junto con sus acompañantes, por varios hombres armados que se los llevaron con rumbo desconocido. Hasta la fecha no existe información oficial sobre su paradero, ningún grupo armado se ha atribuido la acción y tampoco se conocen exigencias económicas relacionadas con su liberación.
Estos hechos constituyen una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, además de profundizar el clima de inseguridad que se venía registrado en el departamento de La Guajira y que se ha agudizado para quienes ejercen liderazgo social y comunitario en La Guajira. La persistencia de este tipo de acciones evidencia el deterioro de las garantías para la defensa de los derechos humanos en el territorio y la necesidad de respuestas estatales oportunas y efectivas.
Caribe Afirmativo hace un llamado urgente a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación, a la Gobernación de La Guajira y a la Alcaldía de Uribia para que informen de manera transparente las acciones que se están adelantando para lograr la pronta ubicación y liberación de las personas secuestradas, garantizar su vida e integridad personal y esclarecer los hechos. La ausencia de información clara y de acciones institucionales contundentes incrementa la incertidumbre de las familias y genera una profunda preocupación entre las comunidades del departamento.
Asimismo, exigimos a los actores armados que hacen presencia en La Guajira el respeto irrestricto por la vida, la libertad y la dignidad de las personas secuestradas. Si existe una voluntad real de avanzar hacia escenarios de paz para el departamento, esta debe reflejarse en el cese inmediato de prácticas como el secuestro y otras formas de violencia que afectan gravemente a las comunidades y destruyen el tejido social.
Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación adelantar una investigación pronta, diligente e imparcial, incorporando un enfoque diferencial de orientaciones sexuales e identidades de género, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Directiva 006 de la entidad, con el fin de descartar o identificar oportunamente cualquier móvil relacionado con prejuicios o discriminación.
Igualmente, requerimos que se informe públicamente sobre los avances de la investigación y que se convoque una mesa interinstitucional con participación de las organizaciones sociales y de derechos humanos para evaluar la situación de seguridad en Uribia y definir medidas urgentes de prevención y protección.
Nos solidarizamos con las familias, amistades y comunidades afectadas por este hecho y reiteramos nuestro acompañamiento en la exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición.
Este secuestro ocurre en un contexto especialmente preocupante para los derechos humanos en Colombia. Aunque las autoridades deberán establecer los móviles de este crimen, resulta indispensable que la investigación considere de manera integral el contexto de riesgo en el que desarrollaba su labor el líder secuestrado y descarte, mediante un análisis técnico y objetivo, cualquier posible motivación relacionada con prejuicios o con su ejercicio de defensa de derechos humanos.
Desde las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos alzamos nuestra voz para exigir una respuesta inmediata, coordinada y efectiva del Estado, con enfoques territorial, diferencial y de género, que garantice la protección de quienes defienden los derechos humanos y haga posible que todas las personas puedan vivir libres de violencia, miedo y persecución.