22 de julio de 2025. El pasado 20 de julio se instaló el último período legislativo del actual Congreso de la República de Colombia, un ciclo crucial que marca el cierre de la legislatura 2022-2026 y abre el camino hacia las elecciones de marzo. Este período es clave no solo por su carácter de cierre, sino también porque representa la última oportunidad de esta composición parlamentaria para saldar deudas históricas en materia de derechos humanos, especialmente con poblaciones históricamente discriminadas como las personas LGBTIQ+.
En los últimos dos años, el Congreso ha sido escenario de debates clave sobre iniciativas legislativas orientadas a garantizar los derechos de la población LGBTIQ+, con especial atención a las personas trans y a quienes han sido víctimas de las llamadas “terapias de conversión”. Dos proyectos que han concentrado los esfuerzos de organizaciones sociales, congresistas aliados y sectores comprometidos con la igualdad: la Ley Integral Trans y el proyecto “Quiérele Siempre porque No hay Nada que Curar”.
Próximos pasos para la Ley Integral Trans y “Quiérele Siempre”
La Ley Integral Trans, radicada por la bancada de la diversidad con amplio respaldo de organizaciones sociales y de base, propone el reconocimiento y garantía de derechos fundamentales para las personas trans en Colombia. Entre sus ejes centrales se encuentran el derecho al reconocimiento de la identidad de género en todos los documentos y registros oficiales, el acceso a servicios de salud, la protección contra la discriminación y la implementación de medidas afirmativas en educación, empleo y participación política.
El proyecto fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en junio de 2025, con la validación de 45 de los 50 artículos del articulado. Este avance permitió evitar su archivo y mantenerlo en curso para el segundo debate en plenaria de Cámara. Sin embargo, su trámite legislativo ha enfrentado una fuerte oposición de sectores religiosos y conservadores, que han intentado frenar su avance con discursos que desinforman y estigmatizan, especialmente en lo relacionado con el reconocimiento de derechos de personas trans menores de edad. Este último período legislativo será determinante para que el proyecto continúe su curso hacia el Senado y logre convertirse en ley antes de que finalice el mandato del actual Congreso
Por su parte, el proyecto “Quiérele Siempre porque No hay Nada que Curar”, busca prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”, prácticas que han sido ampliamente denunciadas por instancias internacionales de derechos humanos como formas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este proyecto ya superó su primer debate en la Comisión Primera de Cámara y se encuentra a la espera de ser agendado para segundo debate en plenaria, luego de ser radicado por tercera vez en el Congreso. Su aprobación antes de que termine esta legislatura es vital para enviar un mensaje claro desde el Estado colombiano frente al respeto por la diversidad sexual y de género.
Ambos proyectos representan avances significativos en la consolidación de un marco normativo inclusivo y garantista, pero enfrentan un contexto legislativo marcado por la polarización, la desinformación y la resistencia de sectores conservadores que continúan instrumentalizando los derechos de las personas LGBTIQ+ como campo de disputa ideológica.
Retos para el último período legislativo
El último período del actual Congreso colombiano llega cargado de tensiones y oportunidades. No solo marca el cierre de un ciclo institucional, sino también el inicio de una carrera política rumbo a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. En este escenario, muchos congresistas comienzan a enfocar sus energías en el posicionamiento de sus candidaturas, lo que podría reducir el ritmo y la profundidad del trabajo legislativo. Sin embargo, este contexto también abre una ventana de oportunidad: quienes aspiran a reelegirse pueden verse impulsados a asumir con convicción banderas de derechos humanos, igualdad y justicia social, respondiendo al llamado de una ciudadanía cada vez más vigilante y comprometida.
Uno de los desafíos más importantes será lograr que las iniciativas de la Ley Integral Trans y el proyecto “Quiérele Siempre” mantengan su lugar en las agendas de las plenarias. La presión social y el acompañamiento técnico constante serán determinantes para que estos proyectos no pierdan impulso. La incidencia efectiva deberá centrarse en asegurar su priorización, garantizar debates informados y blindar sus contenidos frente a los intentos de desinformación y tergiversación.
En ese sentido, el reto narrativo es tal vez uno de los más complejos. Desde su radicación, la Ley Integral Trans ha enfrentado una ofensiva sostenida por parte de sectores conservadores y religiosos, que han buscado desacreditarla mediante discursos de odio disfrazados de argumentos morales o de “libertad de expresión”. Estas narrativas, que circulan tanto en redes sociales como en intervenciones parlamentarias, han naturalizado falsedades como que la ley impone tratamientos médicos a menores o que busca “privilegios” para las personas trans. Lo más grave es que estos discursos han penetrado el debate institucional, debilitando el carácter técnico y democrático que debería regir la discusión legislativa. Desmontar estas narrativas exige articular una estrategia comunicativa clara, basada en evidencia, en derechos y en el reconocimiento de la dignidad humana.
También lo será enfrentar el uso estratégico de proyectos legislativos para promover una agenda abiertamente anti-LGBTIQ+. Tal es el caso de la propuesta de la senadora Lorena Ríos, “Con los Niños No te Metas”, que busca prohibir los tratamientos de afirmación de género para personas trans menores de edad. Esta iniciativa no solo desconoce los estándares internacionales de derechos humanos, sino que reproduce una narrativa basada en el prejuicio y la negación de las identidades trans. A ello se suma la fragmentación política del Congreso, que obliga a construir mayorías frágiles y negociaciones constantes. Iniciativas como estas no solo requieren voluntad, sino trabajo político diario para evitar dilaciones o bloqueos tácticos por parte de bancadas abiertamente hostiles a los derechos LGBTIQ+.
Adicionalmente, el Congreso tiene responsabilidad ineludible en el ejercicio de control político a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y al CONPES 4147, que establece la política pública LGBTIQ+. Este seguimiento debe garantizar que los recursos comprometidos lleguen efectivamente a los territorios, que las metas incluidas se cumplan con enfoque diferencial, y que las entidades responsables rindan cuentas sobre su ejecución. No basta con aprobar políticas en el papel: el Congreso debe vigilar activamente su aplicación y exigir correcciones cuando sea necesario.
Frente a este panorama, el papel de las organizaciones sociales, redes de incidencia y veedurías ciudadanas será clave. Documentar y visibilizar cada avance, cada obstáculo y cada postura asumida por congresistas frente a estos proyectos no solo fortalece el control político, sino que también genera insumos estratégicos para que el electorado tome decisiones informadas en 2026. La movilización social no puede reducirse a coyunturas puntuales: debe sostenerse a lo largo del período, con una narrativa firme en defensa de los derechos y la democracia. En un momento nacional e internacional donde los discursos de odio ganan terreno y se radicalizan las resistencias a la igualdad, el Congreso colombiano tiene una oportunidad histórica de cerrar su período legislativo dejando un legado de inclusión y justicia.
Finalmente, en un contexto alarmante de violencia homicida, amenazas y ataques contra personas LGBTIQ+, se requiere del Congreso un compromiso firme y sostenido con el control político orientado a la protección integral de esta población. La persistencia de asesinatos de personas LGBTIQ+ y discursos de odio que habilitan nuevas formas de violencia exige que el legislativo actúe con diligencia y determinación. Esto implica citar a las entidades encargadas de la seguridad, los derechos humanos y la implementación de políticas de protección y exigir planes concretos de prevención y respuesta con enfoque diferencial. Frente a la violencia estructural y sistemática, el silencio institucional no es neutral: lo perpetúa. Por eso, es urgente que el Congreso asuma su rol de garante, rechace activamente la impunidad y legisle a favor del derecho a la vida, la dignidad y la igualdad de todas las personas, sin excepción.