Intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
23 de julio de 2025. Desde la Corporación Caribe Afirmativo, la Fundación Santamaría, la Fundación GAAT, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y la Red Nacional Trans Diana Navarro San Juan, participamos en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Impactos de la violencia contra personas trans en Colombia”. Nuestra intervención busca visibilizar la violencia estructural, institucional y sociocultural que afecta de manera desproporcionada a nuestras comunidades, y exigir respuestas concretas, integrales y urgentes del Estado colombiano.
1. Violencia sistemática y transfeminicida
La violencia contra personas trans no es un fenómeno aislado ni nuevo: responde a patrones de odio, prejuicio y exclusión profundamente arraigados en la sociedad colombiana y reproducidos por el Estado. Entre 2020 y 2024, en promedio, una persona con orientación sexual o identidad de género diversa fue asesinada cada dos días en el país. Solo en 2024, se han documentado 164 homicidios de personas LGBTIQ+, de los cuales el 18% correspondieron a mujeres trans. En lo que va del 2025, ya se han registrado 16 transfeminicidios.
Estos crímenes son la expresión más extrema de una violencia estructural que también se manifiesta en amenazas, acoso, violencia sexual, detenciones arbitrarias, brutalidad policial, negación de acceso a servicios básicos, exclusión laboral y educativa, y discriminación institucional. La vida de las personas trans en Colombia está marcada por la precariedad, el miedo y la desprotección.
2. Impunidad y omisión del sistema judicial
La Fiscalía General de la Nación y el aparato judicial colombiano no garantizan el acceso efectivo a la justicia para las personas trans. El 86% de los casos de homicidios permanecen en etapa preliminar, y solo tres han alcanzado sentencia. La gran mayoría son tratados como homicidios simples, sin reconocer el componente de prejuicio ni aplicar el enfoque diferencial establecido por la Directiva 006 de 2023.
Incluso en casos donde el móvil por identidad de género u orientación sexual es evidente, la Fiscalía omite esta categoría. En algunos casos se han clasificado erróneamente los crímenes contra hombres trans como feminicidios, lo cual invisibiliza su identidad y perpetúa la revictimización. Esta falta de diligencia refuerza la impunidad, desincentiva las denuncias y perpetúa el mensaje de que la vida de las personas trans no importa.
3. Deficiencias en las políticas públicas
Las iniciativas estatales dirigidas a la garantía de derechos de las personas trans son insuficientes, desarticuladas y en muchos casos simbólicas. El programa Salvia Dignidad, por ejemplo, carece de datos desagregados por identidad de género y no presenta resultados verificables. La ejecución presupuestal para atender a mujeres trans trabajadoras sexuales ha sido inferior al 5%.
El Grupo Nacional de Trabajo sobre Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas (OSIGD) de la Fiscalía no tiene capacidad operativa real: cuenta con un equipo mínimo, sin presupuesto autónomo, sin presencia territorial suficiente, y no participa activamente en los procesos investigativos. A pesar de su existencia, la institucionalidad sigue operando bajo una lógica cisheteronormativa que margina a las personas trans.
4. Violencia policial sin sanción
La Policía Nacional continúa siendo uno de los principales agresores de personas trans en Colombia. En 2024 se registraron al menos 150 casos de violencia policial contra personas LGBTIQ+, 20 de ellos contra personas trans. Estos casos incluyen golpizas, detenciones arbitrarias, burlas, tratos crueles y negación de derechos en estaciones y procedimientos. Sin embargo, la mayoría no son denunciados por temor a represalias, desconfianza en las instituciones y revictimización.
Las respuestas del Estado frente a estos abusos se reducen a capacitaciones genéricas, sin sanciones disciplinarias ejemplares ni mecanismos de seguimiento. No existen rutas efectivas de atención para personas trans víctimas de abuso policial, y los protocolos diferenciales son inexistentes o no se aplican.
5. Desprotección de personas trans defensoras de derechos
Las personas trans que defienden derechos humanos enfrentan altos niveles de riesgo, especialmente en territorios con presencia de actores armados y economías criminales. En lugares como El Carmen de Bolívar, las lideresas trans han sido asesinadas sin que se activen medidas de protección ni planes de prevención y no repetición. La Unidad Nacional de Protección no cuenta con enfoque diferencial ni mecanismos adecuados para la protección de personas trans.
Esta situación también afecta a personas trans migrantes, víctimas de trata o en situación de calle, quienes enfrentan múltiples formas de exclusión y violencia. A pesar de su extrema vulnerabilidad, no existen rutas de atención integral que les permitan acceder a derechos ni mecanismos de protección adaptados a su realidad.
Recomendaciones al Estado colombiano
- Aprobar una Ley Integral Trans, construida con participación de personas y liderazgos trans, que garantice el reconocimiento legal de la identidad de género, el acceso a la salud integral, la educación, el trabajo digno, la vivienda, la participación política y la protección frente a todas las formas de violencia, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
- Eliminar las barreras en el acceso a la justicia para personas trans, asegurando la debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de delitos motivados por prejuicio. Esto implica el cumplimiento efectivo de la Directiva 006 de 2023, el fortalecimiento del Grupo OSIGD y de la dupla de género de la Defensoría del Pueblo, así como la creación de indicadores específicos que permitan monitorear el acceso y la respuesta judicial.
- Capacitar de forma integral y obligatoria a fiscales, jueces, personal forense y operadores de justicia, en temas de identidad de género, orientación sexual, violencia por prejuicio y derechos humanos, con enfoque interseccional y territorial. Esta capacitación debe trascender el Grupo Nacional OSIGD e impactar toda la estructura de la Fiscalía General de la Nación.
- Crear un observatorio interinstitucional de violencia policial contra personas trans, que recopile información, analice patrones, emita alertas tempranas y recomiende medidas estructurales. Este observatorio debe contar con participación activa de organizaciones sociales trans y autonomía técnica.
- Exhortar a la Policía Nacional a diseñar e implementar protocolos específicos y rutas de atención efectivas en casos de violencia policial contra personas trans, construidas e implementadas con la participación de organizaciones sociales. Esto incluye la creación de canales seguros para denuncias, medidas de protección, seguimiento a casos y sanciones reales.
- Fortalecer la articulación con la sociedad civil, garantizando la participación efectiva y vinculante de liderazgos trans en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Los planes deben contar con indicadores interseccionales que reflejen el impacto real en la vida de las personas trans y permitan hacer ajustes en tiempo real.
- Garantizar el derecho a defender derechos para las personas trans, adoptando medidas de protección individuales y colectivas, planes de prevención de violencia y mecanismos de respuesta rápida ante amenazas. Las rutas de protección deben considerar las necesidades específicas de las personas trans migrantes, víctimas del conflicto, víctimas de trata o en situación de calle.
Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
- Emitir un informe temático sobre las obligaciones del Estado colombiano frente a la violencia estructural contra personas trans.
- Realizar una visita in loco para constatar las condiciones de violencia, exclusión e impunidad denunciadas.
Solicitar una Opinión Consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los estándares aplicables a la prevención, atención y reparación integral de violencias por identidad de género.