Una iniciativa territorial promovida por la sociedad civil y articulada con un gobierno departamental se convirtió en la primera acción de respuesta estatal para la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia.
El pasado 27 de septiembre conmemoramos los 20 años de la firma del Acuerdo de Voluntades entre las organizaciones sociales LGBTIQ+ del Valle del Cauca y su entonces gobernador, Angelino Garzón. Este se convirtió en el primer documento público de un gobierno en Colombia que, luego de profundas conversaciones y reflexiones con el movimiento social, identificó unas acciones concretas con metas, indicadores y resultados para responder a problemáticas específicas que promovían, en la vida cotidiana, obstáculos para las personas sexogénero diversas de ese departamento y que, a la postre, se convirtió en una acción pionera para el país de lo que serían después las acciones afirmativas y las políticas públicas, como herramientas de los gobiernos para activar tareas concretas, con resultados específicos, destinación presupuestal y responsables claros que superaran el déficit de derechos que se experimenta en el país por prejuicios hacia la diversidad sexual y de género.
El Acuerdo de Voluntades fue el resultado de una acción específica que solicitó el movimiento LGBTIQ+ de ese departamento, en el marco de una gran conversación territorial que, en ese entonces, estableció la Secretaría de Desarrollo Social, que tenía como objetivo, al arranque de ese gobierno, concertar con la ciudadanía cuáles eran las agendas públicas de interés de los grupos poblacionales que ellos, como gobierno, debían enarbolar. Esta decisión se tomó a partir de los retos que dejaron las múltiples denuncias recogidas en la formulación del Plan de Desarrollo sobre la desconexión de las prioridades de la agenda política con los requerimientos de la ciudadanía y la poca efectividad de los programas y proyectos que se emprendían.
Además, este ejercicio buscaba mudar la acción democrática a la vida cotidiana del departamento y arrancarla de la lógica de activarla cada cuatro años, promoviendo la deliberación, priorización y elección de temas, representantes y tiempos que se debían activar, que prepararan a ese territorio para dar un salto cualitativo entre la acción de la beneficencia a la hora de actuar con grupos poblacionales y pensar en una acción que permitiese la puesta en marcha de políticas públicas para superar situaciones estructurales y garantizar proyectos de vida dignos.
El Acuerdo de Voluntades transita por cinco realidades: en primer lugar, las necesidades y exigencias del movimiento social, que para la época identificaba con preocupación prácticas de violencia física, verbal y simbólica y una ausencia de respuesta estatal a su demanda ciudadana de vida digna; expresiones verbales, incluso públicas, que promulgaban dichas barreras, y una ausencia de pedagogía y cultura ciudadana que promoviera entre las personas del departamento el respeto y reconocimiento por las personas LGBTIQ+, cultivando acciones de invisibilización o tratos peyorativos hacia personas en razón de su diversidad sexual y de género.
Luego, se puso en relación con la Constitución, el artículo 13, invocando la no discriminación, y el artículo 16, blindando el derecho al libre desarrollo de la personalidad; pero, además de ello, citando estudios como los realizados en los años 90 por Naciones Unidas sobre riesgos de violencia, las reflexiones académicas de las universidades de la región y las demandas permanentes de las organizaciones, colectivas y liderazgos que, con estudios, propuestas y análisis, habían identificado claramente las dificultades y tenían varias iniciativas, algunas de ellas puestas en marcha en espacios comunitarios, que permitirían pasar de la violencia a la garantía de una vida digna para las personas sexogénero diversas.
Dicho documento, además, identifica acciones de discriminación y exclusión en sectores como la seguridad social integral y los derechos sucesorales de las parejas del mismo sexo; la dificultad para que las personas LGBTIQ+ accedan a subsidios que otorga la Gobernación por barreras reales o percibidas; a los beneficios laborales y convenciones relacionados con el derecho al trabajo; a decidir en temas de salud cuando el compañero o la compañera se encuentran impedidos para ello, y a otros beneficios mutuos propios de las parejas en ese momento en el país.
Dio como resultado: 1) el reconocimiento del movimiento LGBTIQ+ como un interlocutor del Estado; 2) dar inicio a la construcción de la política pública departamental; 3) activar un espacio permanente interinstitucional e interdisciplinario para la garantía de derechos de las personas sexogénero diversas del departamento desde la Gobernación, con participación activa de la sociedad civil; 4) un presupuesto claro, específico, con destinación, indicadores, metas y resultados, y articulado a un proceso de veeduría ciudadana que financie este ejercicio; 5) estudios, caracterizaciones, líneas de base y toda una serie de investigaciones participativas que hagan que se planee con base en las necesidades reales del movimiento social; 6) la inserción, en todas las dependencias del gobierno departamental, de tareas, indicadores y resultados para garantizar avances en este particular, y 7) una acción pública en cabeza del gobernador, con participación activa de las personas firmantes de la confluencia, que dejara en el departamento un mensaje claro de la importancia de avanzar con esta agenda en perspectiva de cultura ciudadana.
También este ejercicio le permitió al ente territorial denunciar públicamente las falencias del Estado en relación con la ausencia de legislación, de estudios, líneas de base y caracterizaciones, y la ausencia de acciones afirmativas o programas especiales en escenarios donde es clave el bienestar individual y colectivo, como la educación, la cultura, el uso del espacio público, los derechos económicos y la vida agraria. Ello llevó al ente territorial a asumir como un actor político a la confluencia de organizaciones LGBTIQ+ y liderazgos del departamento para activar procesos concretos que garanticen derechos a las personas sexogénero diversas de manera integral, dándoles un espacio amplio en la toma de decisiones departamentales que permita avanzar en equidad y en desarrollo humano integral.
Este ejercicio, como el de la mayoría de las agendas por el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, fue fruto de una acción ciudadana que se consolidó, sobre todo, en los espacios culturales de la ciudad de Cali y luego por los otros 42 municipios, con un campo de acción desde las artes hasta el deporte, con una profunda reflexión liderada desde el feminismo lésbico. La confluencia significó un reto para el movimiento social, porque proponía una acción de incidencia claramente política, que exigía como prerrequisito la construcción de una agenda colectiva, que les convocó a dialogar por primera vez, primero entre ellas para construir acuerdos, luego con el gobierno, entendiendo sus funciones y siendo estratégicos en lo que se ponía y cómo se ponía, con unas metas claras como punto de llegada, que eran la vida digna y el goce integral de derechos de las personas LGBTIQ+ del departamento.
Este proceso político inédito fue pionero en el país como una acción colectiva que fortaleció el movimiento social, con antecedentes desde 1990 y la lucha contra el VIH; luego, la aparición de las experiencias de Quirón, la articulación colectiva de «Junio – Unicidad», el grupo de teatro de Satiricón, las iniciativas de Álvaro Miguel en el proceso colectivo Diéresis LGBTIQ+, el grupo de reflexión de la «Aguacatala» y el proceso de juntanza lésbica «Mujeres y Diversidad», Fundesalud, Tinko, el Centro de Estudios de Género de la Universidad del Valle; luego, el ejercicio deportivo desde 2005 con «Chaina» y el proceso de mujeres trans de «Santamaría Fundación». También aparecieron «Universo Diverso» como comunidad de fe, el equipo de fútbol del barrio Alfonso López llamado «Las Regias», la fundación «Sembrando Caminos y Sueños», entre otras iniciativas, que lograron identificar puntos en común y sentarse a conversar para construir una agenda de representación política, para superar la subrepresentación y la violencia simbólica que impedía avanzar.
La convocatoria a lo que parecía una constituyente departamental para la participación ciudadana que convocó la Gobernación fue una motivación para solicitar la participación de las personas LGBTIQ+, que dio como resultado este documento, el compromiso del funcionariado público y la destinación de recursos para dignificar la vida de las personas sexogénero diversas.
Esta confluencia fue el primer ejercicio de incidencia y construcción de agenda política del movimiento LGBTIQ+ en Colombia, movilizando la voluntad política desde la acción colectiva y siendo pionera en la acción consultiva para el movimiento LGBTIQ+ en el mundo. De este propósito quedan los liderazgos, los aprendizajes y el significado de madurez que fue para el movimiento social la incidencia, la gestión y el control político y social. Fruto de ella surgieron muchas políticas públicas LGBTIQ+ y acciones afirmativas.
En un momento en el que los retrocesos amenazan y el gobierno de turno anuncia que no somos prioridad, vale la pena resaltar este ejercicio ciudadano y darle toda la centralidad a las iniciativas locales y territoriales, en asocio con los gobiernos seccionales, que buscan garantizar la vida digna de las personas sexogénero diversas de manera integral.
Gracias, activistas del Valle del Cauca, por abrir camino. En memoria de Álvaro Miguel, uno de ellos.
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo
