20 de abril de 2026. La decisión de la Corte Constitucional de eliminar una expresión de la reforma laboral que permitía justificar la discriminación en el trabajo no es un llamado de atención sobre cómo el lenguaje jurídico puede reproducir violencias cuando no se nombra con claridad la garantía de derechos.
La frase “que no esté relacionado o influya en su ejercicio laboral” abría la puerta a que prejuicios históricos sobre las vidas de mujeres y personas LGBTIQ+ se convirtieran en criterios válidos para limitar su acceso, permanencia y dignidad en el trabajo.
En un país donde las personas LGBTIQ+ siguen enfrentando barreras estructurales para acceder a empleo digno, permitir este tipo de ambigüedades normativas no solo es problemático, sino peligroso. La discriminación no siempre se presenta de forma explícita; muchas veces se esconde en interpretaciones aparentemente técnicas que terminan legitimando la exclusión.
Esta decisión reafirma un principio fundamental: ninguna característica de la vida personal puede ser utilizada para justificar tratos desiguales en el ámbito laboral. La dignidad no está sujeta a evaluación, ni a la interpretación de terceros.
Sin embargo, también deja en evidencia la necesidad de revisar con mayor rigurosidad cómo se están construyendo las normas. No basta con enunciar la no discriminación; es necesario garantizar que su redacción no habilite excepciones encubiertas.
Desde Caribe Afirmativo insistimos en la urgencia de avanzar hacia entornos laborales libres de violencias, donde las personas puedan existir, trabajar y proyectar sus vidas sin que su identidad sea puesta en duda o en condición.