Este caso, que acompaña Caribe Afirmativo, evidencia una vez más la importancia del litigio estratégico como herramienta para la defensa de los derechos humanos de personas LGBTIQ+ y otras poblaciones históricamente marginadas.
26 de marzo de 2026. La Corte Constitucional se pronunció recientemente sobre el caso de vulneración extrema de una mujer trans, migrante, afrodescendiente, que vive con VIH y que habría sido víctima de trata de personas. La Corte detalló el caso, que acompaña Caribe Afirmativo, y que logró un fallo histórico que exige un deber del Estado para ofrecer una respuesta prioritaria y con enfoque, en aras de garantizar sus derechos fundamentales.
En su comunicación, la Corte reiteró que las instituciones tienen el deber de responder de manera efectiva frente a situaciones de vulnerabilidad, especialmente cuando se trata de personas que enfrentan múltiples formas de discriminación. Este fallo reconoce que no basta con una respuesta formal del Estado, sino que es necesario adoptar medidas integrales que garanticen la dignidad, la protección y el acceso real a derechos.
La Corte también subrayó que las autoridades deben actuar con debida diligencia, evitando barreras institucionales que profundicen las violencias o perpetúen escenarios de exclusión. En ese sentido, el alto tribunal insistió en la importancia de incorporar enfoques diferenciales que reconozcan las realidades específicas de las personas afectadas.
Este caso evidencia una vez más la importancia del litigio estratégico como herramienta para la defensa de los derechos humanos de personas LGBTIQ+ y otras poblaciones históricamente marginadas. A través de estas acciones, buscamos no solo la protección individual, sino también transformaciones estructurales que prevengan la repetición de estas vulneraciones.
Reiteramos que los derechos fundamentales no son negociables ni pueden depender de interpretaciones restrictivas por parte de las autoridades. La decisión de la Corte Constitucional constituye un llamado urgente a todas las instituciones del Estado para garantizar respuestas oportunas, dignas y libres de discriminación.