23 de octubre de 2025. La situación de las organizaciones de derechos humanos para la población LGBTIQ+ en Venezuela sigue marcada por el temor, criminalización y represión en contra las organizaciones de la sociedad civil y el activismo por parte del régimen de Nicolas Maduro, especialmente tras las elecciones presidenciales de 2024. El principal factor que ha afectado la operatividad de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela ha sido el endurecimiento del control y la vigilancia estatal sobre la acción humanitaria y defensa de los derechos humanos, un fenómeno que impacta directamente a las asociaciones LGBTIQ+ que dependen del apoyo internacional para su funcionamiento.
Cierre y persecución a organizaciones y activistas
Hace un año informamos por este mismo medio que dos organizaciones LGBTIQ+ en Venezuela cerraron operaciones en apenas dos días: Venezuela Igualitaria y País Narrado, debido a las presiones y la imposibilidad de operar bajo el creciente control estatal. En sus respectivas cuentas de redes sociales, estas organizaciones mencionaron las principales causas del cierre: persecución y hostigamiento en contra de sus miembros y dificultades financieras debido a restricciones estatales a la cooperación internacional.
Dichas barreras financieras obedecen, principalmente, a la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que fue aprobada por la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista) en noviembre de 2024, y que entre sus normativas destaca la exigencia a las ONG de solicitar autorización para su inclusión en un registro especial y las obliga a divulgar detalladamente las fuentes de financiación y beneficiarias. Esta Ley limita severamente la financiación de proyectos, basándose en criterios políticos o ante supuestas “amenazas terroristas e injerencistas”. Asimismo, la Ley permite al gobierno cerrar y sancionar a organizaciones que, según su entender discrecional, “promueven el fascismo o incitan al odio”.
Pero las intimidaciones no se limitan solo a las organizaciones, sino que también se han traducido en persecuciones directas contra activistas LGBTIQ+, tal como ocurrió contra Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, quien fue retenido arbitrariamente el 3 de agosto de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Durante este proceso, le anularon su pasaporte y fue retenido por seis horas hasta que fue liberado. Luego de huir a Colombia y solicitar asilo político (cuya respuesta por la Cancillería aún está en espera), el 12 de octubre de este año fue objeto de un atentado armado en la ciudad de Bogotá.
En Caracas se intentó allanar la casa de Koddy Campos, un reconocido activista LGBTIQ+. Primero, personas identificadas como afines al gobierno venezolano rodearon la casa de Campos, le tomaron fotos y lo acusaron de ser “fascista”. Luego, unos funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica llegaron a la casa, rompieron ventanas y le exigieron a Campos que “saliera a conversar” con ellos, hasta que se retiraron lanzándole nuevas amenazas.
Incremento de las violencias LGBTIQ+ en Venezuela
La crisis de persecución y violencias contra las personas y organizaciones LGBTIQ+ en Venezuela se ha profundizado aún más durante este año 2025. A propósito, la Misión de Determinación de los Hechos (FFM) de la ONU documentó casos de violencia sexual y basada en género contra personas detenidas, incluidos hombres y personas de la población LGBTIQ+, en centros de detención.
También se ha observado en Venezuela que la población LGBTIQ+ enfrenta barreras culturales, precarización de la vida y menos acceso y oportunidades a medios de vida, particularmente en personas con experiencias de vida trans y hombres homosexuales con expresiones de género disidentes. Así lo señala nn informe de UNFPA Venezuela (mayo 2025), que además denuncia la criminalización, patologización y estigmatización contra personas LGBTQ+, denunció que persisten prácticas como los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género y que las familias homoparentales están fuera de planes de seguridad social. Este informe agrega que todavía no hay reconocimiento social ni legal hacia las personas con experiencias de vida trans en Venezuela, lo que resulta en la invisibilización de los transfeminicidios en las estadísticas oficiales, entre otras vulneraciones de derechos.
En cuanto a las organizaciones de derechos de la población LGBTIQ+ venezolana, su panorama no es alentador. Así se refleja en el informe anual 2024-2025 de CASLA Institute, que describe un marcado incremento del control gubernamental contra la sociedad civil organizada, utilizando las leyes restrictivas como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, para forzar el cierre de cualquier ONG que reciba fondos para defensa de derechos humanos, entre ellos organizaciones LGBTIQ+.
En septiembre de 2025, Caribe Afirmativo tuvo conocimiento de otra organización venezolana de derechos LGBTIQ+ que decidió cesar sus actividades, pero por razones de seguridad sus miembros pidieron mantenerse bajo perfil. Entre las razones que argumentaron para la finalización de las operaciones están: el temor por persecución política, las barreras para acceder a financiación internacional y la misma crisis económica venezolana, que les ha obligado a buscar otras fuentes de empleo. Con el fin de operaciones de esta, y otras organizaciones, las personas LGBTIQ+ venezolanas pierden espacios de protección, articulación e incidencia, quedando más dispersas y vulnerables a las violencias.
Las barreras que enfrentan las organizaciones de derechos LGBTIQ+ en Venezuela nos pone en alerta, ya que impactan negativamente en los avances y beneficios de las personas de la diversidad sexual en el país. Las persecuciones, detenciones arbitrarias y asfixia financiera a través de leyes altamente punitivas están empujando a los activistas LGBTIQ+ venezolanos a abandonar la lucha o reducir significativamente su capacidad de acción. Todo esto está incidiendo en un aumento de personas LGBTIQ+, incluyendo activistas, que han huido hacia otros países en busca de protección internacional y mejores condiciones de vida.
Lamentablemente, el patrón venezolano también se repite en otros países de la región, como por ejemplo: Nicaragua, donde han ilegalizado más de 5.600 organizaciones de la sociedad civil (incluyendo LGBTIQ+) y les confiscaron sus bienes, mientras que en El Salvador y Argentina se han reducido los espacios seguros ante el avance de discursos antiderechos provenientes de sus respectivos gobiernos. En Estados Unidos ha habido un repunte de leyes que restringen las vidas de personas trans, y en Cuba abundan las historias de activistas LGBTIQ+ que han sido perseguidas, encarceladas y exiliadas por el régimen.
Desde Caribe Afirmativo, seguiremos vigilantes sobre la situación social que vive Venezuela y exhortamos a los gobiernos de la región a activar protocolos para garantizar la protección internacional de estas personas en doble riesgo de vulneración de derechos.