Petro, mientras incluía a las personas LGBTIQ+ en el Plan de Desarrollo y promovía el Ministerio de Igualdad, gobernaba con Henry Sanabria en la Policía y el pastor Saade en su gabinete; máximos exponentes políticos del desprecio a las personas sexo-género diversas.
Estamos a unos 150 días de que finalice el mandato del actual Gobierno nacional y desde ya se hacen balances de todos los tonos. En materia de derechos de las personas LGBTIQ+, este gobierno le apostó a unos avances significativos que es bueno enumerar: 1) por primera vez fueron recogidas acciones concretas en el Plan Nacional de Desarrollo, con metas e indicadores como el sistema integral de prevención de violencia; 2) se aprobó un CONPES, fruto de un proceso participativo que priorizó acciones y recursos; 3) se creó institucionalidad con la creación del Ministerio de la Igualdad y la puesta en marcha de su Viceministerio de las Diversidades; 4) se promovieron espacios nacionales, territoriales y temáticos para escuchar a las personas sexo-género diversas. Estos asuntos que planteo aquí de manera nominativa es necesario evaluarlos en sus resultados, y seguramente encontraremos retrocesos y aspectos que no fueron eficaces. Incluso, con el anuncio del fin del Ministerio de la Igualdad, surge la preocupación de que la tarea que hizo esta cartera, de recoger todo lo que el Ejecutivo tenía en materia de acciones con la diversidad sexual y de género, desaparezca y el próximo gobierno no encuentre institucionalidad.
En materia de participación también fue un periodo presidencial significativo. Más allá de las calidades profesionales y de sus desempeños, personas LGBTIQ+ ocuparon espacios en cargos clave y encontraron escenarios para aportar a la democracia deliberativa, destacando la presencia de personas trans a nivel central y en entes descentralizados. Lograron articular, en un momento clave del Estado, al lado de un Congreso que por primera vez tuvo una comisión de la diversidad con siete congresistas abiertamente LGBTIQ+ y que promovieron en simultáneo la discusión de dos proyectos de ley: “Quiérele siempre” y la ley integral trans, que aún no son ley. También contaron con un Ministerio Público que, por lo menos en la Procuraduría con Osuna y en la Defensoría con Iris Marín, tenía agentes comprometidos con los derechos de las personas disidentes sexualmente, y en un momento en que la Fiscalía ponía en práctica su directiva de investigación sobre violencia por prejuicio y ponía en marcha el equipo de fiscales destacados. Esta infraestructura pública habría permitido esperar resultados significativos; sin embargo, fueron los años más violentos para las personas sexo-género diversas y en los que vimos en marcha políticas de retroceso que amenazan con devolvernos al clóset.
El Gobierno del Cambio, en su periodo a nivel internacional, también se posicionó como un gobierno con compromiso con los derechos LGBTIQ+, y ello se materializó en cuatro acciones puntuales: a) la política exterior feminista, que da un espacio especial para las mujeres lesbianas, bisexuales y trans; b) la puesta en marcha de la Resolución 1325 de mujeres, paz y seguridad, con amplia participación de las mujeres en todas sus diversidades; c) la presidencia de la Coalición por la Igualdad de los Derechos de las Personas LGBTIQ+, que comparte con España; y d) la acción de cooperación sur-sur, que ha puesto en diálogo con países que tienen muchos retos en materia de derechos de las personas diversas de África y Asia, compartiendo buenas prácticas para proteger la vida de las personas sexo-género diversas.
Pero hay dos decisiones que fueron totalmente contradictorias a esta voluntad nominal del gobierno actual: la elección de Henry Sanabria como director de la Policía y el nombramiento de Alfredo Saade como asesor de campaña, jefe de Despacho y embajador en Brasil. El primero usó el poder policial para recriminar la homosexualidad al interior de la institución e invitar a sus miembros a reprimirla en el espacio público; el segundo ha invocado la fe para despreciar las relaciones de parejas del mismo sexo y posicionar la diversidad sexual y de género como el mayor problema de la sociedad.
Henry Sanabria llegó a la institución altamente cuestionado por su comportamiento de censor, con muchos señalamientos por su actuar motivado por la fe y no por la Constitución, y por creer que el Estado es un templo al que hay que cuidar de excesos y no un campo de libertad que hay que garantizar. Se le advirtió al presidente que su llegada a la institución estatal más violenta contra las personas sexo-género diversas ponía en riesgo los esfuerzos, desde el Acuerdo de Paz, por hacerla más cívica y cercana a la ciudadanía. Pero Petro, invocando la libertad religiosa, lo confirmó y ocho meses después tuvo que recoger sus desastres: dirigió la institución desde el fanatismo religioso; expresó que la homosexualidad era un peligro al interior de la institución y que no estaba bien en la sociedad; expresó con las mujeres policías una relación misógina y de control patriarcal; y, como en el siglo pasado, rechazó abiertamente la interrupción voluntaria del embarazo. Quiso entablar una cruzada contra los homosexuales en espacios de diversión con los cuadrantes de la Policía, según él porque estaban propagando el VIH; y en sus espacios doctrinales con los uniformados manifestó: “Hay muchísimos jóvenes, no solamente oficiales sino patrulleros homosexuales; lástima, pero no los puedo sacar. Lo que sí no se tolerará, como ocurre con los heterosexuales, es el tema del acoso sexual; eso sí no se tolera. Ellos no pueden estar propagando por ahí lo que son”. Y cuando fue interpelado sobre si una persona homosexual debería estar en la institución, dijo: “Una persona opta por diferentes formas de ver la vida, se protege totalmente, no tiene ningún problema, pero es mejor que no esté aquí porque es una mala influencia”. Al ser interpelado por denuncias de que perseguía dentro de la institución a personas por su orientación sexual, afirmó: “Normalmente, cuando se toman decisiones contra personas homosexuales, creen que es por esa condición; pero no miran más allá de su conducta, que ha afectado a otras personas”. Todo esto mientras los pocos miembros de esa institución que habían ganado terreno en la visibilidad sentían miedo y recibían represalias.
El otro nombramiento preocupante fue el del pastor Alfredo Saade, quien fue determinante en su campaña, jefe de Gabinete y actual embajador en Brasil, luego de haber intentado ser alcalde de Cúcuta y senador por Cambio Radical. En sus campañas y en la de Petro usó descalificativos contra la presencia en política de personas LGBTIQ+ y contra expresiones del Estado para reconocer sus derechos. Se destacó por activar en redes una campaña de desprestigio cuando Petro ya era presidente y, en su primer mes del orgullo, puso en los edificios públicos y emblemas del Estado los colores arcoíris. Lo llamó poner en riesgo el bien superior del país por darle espacio a una minoría. Su interlocución con grupos religiosos para acercarlos al gobierno lo llevó a expresar discursos ridiculizantes contra las demandas de las personas sexo-género diversas y a poner en duda la violencia que les afectaba. Hacía chistes sobre la solicitud de matrimonio igualitario: “eso es pura paja”, y sancionó que las acciones de movilización social de las organizaciones LGBTIQ+ eran expresión de poner en riesgo la vida de los niños y las niñas.
Sanabria y Saade marcaron en este gobierno una pauta homofóbica, transfóbica y ridiculizante frente a las exigencias de vida digna de las personas LGBTIQ+. El poder que ejercieron al interior de la Policía y dentro del gobierno, respectivamente, evidenció la debilidad de compromisos concretos para frenar la violencia. Llenaron de miedo y sentimientos de desprecio a las personas sexo-género diversas bajo sus órdenes y posicionaron una narrativa —contraria al Plan de Desarrollo y al proyecto político— según la cual las vidas diversas no importan.
El daño fue hecho y, sumado a otras decisiones erradas y omisiones intencionadas, son elementos que se ponen sobre la mesa para el balance del compromiso con los derechos LGBTIQ+ de un gobierno que cierra. No todo es malo: hay avances, hay empoderamiento, hay herramientas de política pública y, sobre todo, una necesidad de cambio en las personas sexo-género diversas que en este gobierno recibió un impulso y que, más allá de quien sea la próxima persona en la Presidencia —que por cierto puede poner en riesgo lo ganado—, no permitirá que los derechos sean relativizados, que las vidas regresen al clóset y que la dignidad sea puesta en cuestión.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo