27 de febrero de 2026. En Colombia, las fronteras de la democracia se trazan en votaciones, debates y, sobre todo, en quién decide si la vida de las personas LGBTIQ+ vale tanto como la de cualquier otro ciudadano. El Congreso que elegimos en 2026 lo percibimos como un campo de batalla donde se juega la protección —o la desprotección— de vidas reales en un país históricamente marcado por desigualdades profundas.
La primera paradoja aparece tan pronto se mira el contraste entre la voluntad institucional y la violencia de fondo: aunque Colombia consolidó avances legales —como la aprobación del CONPES de Política Nacional para la Garantía de los Derechos LGBTIQ+ con un presupuesto de 250.000 millones de pesos y acciones articuladas hasta 2035— las cifras crudas cuentan otra historia
El Congreso es “la arena” donde se juegan, con todas sus implicaciones materiales, la dignidad y la libertad de comunidades históricamente marginadas. Las semanas y meses que vienen son una disputa legislativa, pero también una batalla cultural y política en la que se definiáqué tipo de país seremos en la próxima década.
Mientras algunos sectores empujan proyectos para ampliar derechos y reparar deudas históricas, otros han entonado los himnos del retroceso bajo la bandera del “orden”, del “sentido común” y de la “protección de la familia”. Lo que está en juego —más allá de discursos— es una reconfiguración de la gobernabilidad misma: ¿será el Congreso un espacio para ampliación de derechos y justicia social, o se volverá una cámara de legitimación para agendas antiderechos con consecuencias reales y duraderas?
Violencia estructural. En Colombia, la violencia por prejuicio no es un dato menor ni periférico. En los últimos cinco años, El Observatorio de DD. HH. de Caribe Afirmativo ha documentado más de 900 personas LGBTIQ+ asesinadas. Muchos de estos casos tienen motivos relacionados con orientación sexual o identidad de género. Para el año 2025, se reportaron 60 asesinatos de personas LGBTIQ+ —especialmente gay y personas trans— con poco avance en la justicia efectiva.
Proyectos de vida vs. narrativas del miedo. En medio de este contexto de violencia y exclusión, el Congreso ha discutido proyectos que podrían significar avances reales. En la agenda legislativa 2025 quedaron radicados proyectos con el potencial de transformar la vida de miles de personas LGBTIQ+ en Colombia, como la prohibición de las mal llamadas “terapias de conversión” —prácticas que no son terapias, sino violencia psicosocial que organismos internacionales equiparan a tortura. Sin un pronunciamiento firme del legislativo, el mensaje será letalmente claro: el Estado normaliza el abuso disfrazado de “tratamiento”.
Al mismo tiempo, la Ley Integral Trans, que propone garantizar derechos fundamentales en salud, educación, identidad, trabajo y vida libre de discriminación, continúa atrapada en un limbo político donde el cálculo electoral pesa más que la urgencia de justicia. Cada posposición de esa ley es una extensión de la exclusión que se traduce en vidas que quedan sin acceso a lo básico, en salud negada, en identidad borrada.
Retrocesos disfrazados de protección. La agenda contraria se articula bajo narrativas cuidadosamente construidas. Frases como “con los niños no te metas” son la máscara retórica de políticas que buscan negar acceso a tratamientos médicos consensuados para menores trans, restringir libertades y legitimar prejuicios como si fueran “preocupaciones sociales”. El antifeminismo y la transfobia actúan como chivos expiatorios convenientes para quienes no quieren hablar de desigualdad estructural, educación pública deficiente o brecha salarial que desangra vidas.
Estos proyectos antiderechos —aún cuando no se aprueben— operan como una forma de violencia simbólica que deslegitima nuestra existencia y prepara el terreno para normalizar la discriminación. Es el mismo guion que hemos visto en otros países de la región, donde la polarización se alimenta del miedo y la política de derechos se reduce a un campo de batalla moral en vez de un imperativo de justicia social.
La resistencia como obligación política. Frente a esta encrucijada, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y las comunidades diversas enfrentan un desafío claro: no basta con elegir representantes — es necesario hacerles veeduría, exigirles coherencia y sostenerlos cuando protegen derechos, y denunciarlos cuando se alinean con las fuerzas del retroceso.
La veeduría ciudadana ha dejado de ser un suplemento democrático y se ha convertido en una obligación ética. No podemos replicar la dinámica en la que los debates de derechos son relegados a la ficción legislativa mientras se priorizan proyectos que consolidan desigualdades estructurales.
Se trata de derechos exigibles. Este es un llamado a la claridad política: los derechos no se conceden por simpatía, ni se sostienen por default. Se defienden con argumentación sólida, con presión ciudadana constante, con estrategias organizativas que combinen presencia en redes, en calles, en audiencias públicas y, sobre todo, en el terreno legislativo.
Los congresistas que elegimos no son figuras abstractas ni operan en ausencia de intereses concretos. Ellos responden a incentivos, presiones y narrativas que se construyen desde afuera del recinto del congreso. Es ahí, en la construcción de sentido colectivo, donde está la verdadera pelea, si aceptamos que la dignidad de las personas LGBTIQ+ sea una cuestión secundaria, nos resignamos a permitir una democracia a medias. Pero si elevamos esa dignidad a eje de nuestra exigencia política, entonces ese Congreso —sea cual sea su composición— tendrá que confrontar no solo nuestros discursos, sino nuestros votos, nuestra crítica pública y nuestra acción incesante por la justicia.