La guerra que hoy cobra la vida de decenas de personas en Irán y el Medio Oriente tiene desde años atrás, en las personas LGBTIQ+, por el nivel de desprecio que experimentan en esa sociedad, a uno de los sectores más vulnerables a los efectos de la violencia y la destrucción de ese país teocrático, que desprecia la diversidad sexual y de género en nombre de Dios.
Las guerras en el mundo han mostrado, sin excepción, que los efectos de sus acciones recaen con mayor desproporcionalidad y crueldad en las poblaciones históricamente más excluidas: no declaran la guerra, no son las causantes de la confrontación, carecen de medios para defenderse y huir y, al final, terminan siendo ellas las que reciben su impacto. Y esta realidad se lee en mujeres, niños y niñas, grupos étnicos y, por supuesto, en las personas LGBTIQ+. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial; de ello da cuenta el conflicto armado colombiano y también se evidencia recientemente en las guerras de Palestina, Ucrania y en la recientemente activada en Irán.
Esto se ve acompañado de cuatro factores:
- Suelen ser territorios donde la protección constitucional de sus derechos es una deuda pendiente y de allí su alto estado de indefensión.
- Son comunidades donde las acciones sociales y culturales validan la discriminación y allí se produce la complicidad con el menosprecio.
- Son vidas no estimadas y, por ello, los actores del conflicto les obligan a someterse a su presión.
- Sus demandas no son tenidas en cuenta por quienes proponen la salida dialogada al conflicto y, por ello, en los afanes por atender la crisis humanitaria o reconstruir el territorio, son invisibilizadas o no se les da el lugar que corresponde.
En materia de personas sexo-género diversas lo vemos con claridad: el holocausto rosa con la detención y condena a muerte y a trabajos forzados de homosexuales en el exterminio nazi; en las guerras culturales y religiosas de África, endureciendo las leyes y expulsando de sus territorios a las personas homosexuales; en las guerras transnacionales de tráfico de droga y explotación de recursos naturales, aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas trans y poniéndolas en riesgo de delitos sexuales; en el conflicto armado de guerrillas, donde la imposición de un patrón moral de masculinidad y de un patriarcado impositivo convierte en objeto de violencia a las disidencias sexuales y de género; y en las decenas de personas lesbianas, gais, bisexuales, trans y no binarias que huyen por el mundo en estos años porque la presión de discursos de odio y la propagación de gobiernos neofascistas les quitan la oportunidad de desarrollar sus proyectos de vida plena.
Hoy los reflectores de la guerra han regresado a Irán. Estados Unidos e Israel decidieron iniciar un nuevo conflicto bélico que suma miles de muertos y grandes destrucciones. Entre estos hechos hemos reseñado con preocupación el asesinato de Yanar Mohammed, fundadora de la Organización para la Libertad de las Mujeres en Irak (OWFI, en inglés). Era ampliamente reconocida por su insistencia en que el país musulmán debía avanzar en materia de inclusión de las mujeres y las personas LGBTI como un prerrequisito para pasar de la teocracia a la democracia.
Durante muchos años, Yanar Mohammed llevó a cabo su trabajo con gran riesgo para su seguridad. A lo largo de su activismo recibió amenazas de muerte, pero se mantuvo desafiante frente al ISIS y otros grupos armados. Trágicamente, el lunes 2 de marzo de 2026, dos hombres armados no identificados en motocicleta le dispararon mientras se encontraba frente a su casa en el norte de Bagdad. Mohammed murió pocas horas después en un hospital como consecuencia de las heridas de bala.
Este país, que se sume en la destrucción por estos ataques aéreos y que está a punto de una guerra civil por las urgencias internas en materia de política social que no dan espera, es uno de los más violentos en el mundo para el movimiento LGBTIQ+:
- Las relaciones entre personas del mismo sexo están criminalizadas por el código penal islámico e incurrir en ellas permite que la policía promueva castigos públicos ejemplarizantes como azotes o golpizas y que el poder judicial declare la pena de muerte en algunos casos, según el nivel de inmoralidad que identifiquen en la acción.
- Se permite y promueve la política de los “informantes”, es decir, que vecinos acusen a otros de prácticas de homosexualidad. Dichas acusaciones, aun sin pruebas, permiten activar los castigos, pero además, una vez detenidos, les someten a torturas para buscar que validen la confesión.
- Está prohibido ejercer el activismo o hablar de asuntos de diversidad sexual y de género. Quien sea encontrado o denunciado por ello es arrestado y enjuiciado por el delito de “promoción de la homosexualidad”.
Estas decisiones, a diferencia de los Estados de la Mancomunidad inglesa —como el Caribe insular o África—, no son herencia colonial: son fruto de un recrudecimiento de penas promovido por el código penal de 2013, que actualiza la penalidad al abarcarla también a mujeres lesbianas (antes era exclusiva para hombres gais), consolidando castigos. Para el caso de la penetración anal, se responde con pena de muerte si quien recibe la penetración es musulmán, y con 100 latigazos si hay expresiones de afecto entre personas del mismo sexo, para, según ellos, cumplir a cabalidad la ley islámica de los principios de la Sharia, que ordena prohibirlas con rigurosidad por su alto contenido de perversidad.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han logrado constatar cómo su aplicación desde la década pasada ha significado el aumento de detenciones arbitrarias, asesinatos, agresiones callejeras, negación de servicios y repudio por parte de las comunidades, aumentando el número de personas sexo-género diversas que huyen del país para poner su vida a salvo.
En tribunales internacionales se han presentado denuncias de arrestos masivos a grupos de jóvenes en espacios de divertimento clandestinos desde 2014, ejecuciones extrajudiciales por el delito de sodomía y condenas a mujeres lesbianas por “corrupción en la tierra” por negarse a establecer una relación genital con hombres. Inclusive, a tribunales europeos han llegado denuncias de presencia de carteles internacionales que aprovechan la zozobra para promover delitos sexuales y trata de personas hacia la población LGBTIQ+, sacándoles del país y poniéndoles en circuitos de crimen organizado.
En 2021 Naciones Unidas denunció que entre 1979, año de la revolución musulmana, y 2020 al menos 241 personas en ese país fueron ejecutadas por relaciones sexuales homosexuales. En el mismo rango de tiempo documentó ejecuciones públicas, como la horca de liderazgos LGBTIQ+, buscando el escarnio público. Se conoció también en la última década la existencia de operaciones especiales por parte de la policía, con redadas en fiestas privadas para detenciones masivas por sospechas de actos sexuales entre personas del mismo sexo y la existencia de recompensas de parte del gobierno religioso para quienes delaten actos de sodomía.
Las últimas acciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de cooperación LGBTIQ+ en 2024 —el mismo que hoy lo ataca como país— denunciaron ante el mundo que “las personas LGBT eran objeto de violencia sistemática y que las fuerzas de seguridad acosaban, arrestaban y detenían a quienes percibían como LGBT. Los hombres gay y las mujeres transgénero eran clasificados legalmente como personas con trastornos mentales y no se reconocían los derechos LGBT. Las lesbianas podían ser sometidas a matrimonios forzados. En julio, el jefe de cultura y orientación islámica de la provincia de Gilan, Reza Tsaghati, fue destituido de su cargo tras haber participado presuntamente en una relación sexual homosexual en un vídeo publicado en Internet”.
La mayoría de personas LGBTIQ+ jóvenes y adultas iraníes han huido del país: son refugiados en otros Estados o huyen por el mundo buscando un lugar donde su diversidad sexual o de género no les cueste la vida. Otros están atrapados en el país, bien por el sistema penitenciario purgando penas en cárceles o condenados por sus familias y comunidades a trabajos tortuosos. Algunos han tenido que ocultar su homosexualidad o prohibirse su expresión de género como un pasaporte para poder vivir tranquilos. Miles están desaparecidos, asesinados o con secuelas en sus cuerpos por la violencia.
Unos y otros piden justicia y esperan que esta guerra no ponga en el escenario más vulnerable a sus pares, que aparecen como el eslabón más débil de la cadena; que los esfuerzos del mundo por ayudarles activen respuestas humanitarias con enfoque diferencial para su atención y que quienes proponen la negociación y el fin pacífico del conflicto exijan no solo silenciar las bombas, sino también los insultos y mandatos confesionales que no permiten la vida digna de las personas LGBTIQ+ en ese país.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo