La estrategia de despojar derechos, llamada “nuevas narrativas”, como mayor bastión de la guerra que el neofascismo quiere imponer desde la cultura, es una práctica que está en aumento por parte de los gobiernos de ultraderecha para desmontar derechos de los grupos poblacionales históricamente excluidos y condenarlos a la invisibilidad, como si no existieran.
Los 70 días del actual gobierno han dejado constancia de que responden, como proyecto político, a una estrategia de poner límites a la garantía de los derechos humanos y, por tanto, jerarquizar la dignidad humana, convirtiéndola en un privilegio relacionado con la capacidad adquisitiva y los intereses políticos y culturales. La llegada de la ministra de Cultura, Paola Holguín, y, con ella, quienes le acompañan en la dirección del Museo Nacional, el Instituto Caro y Cuervo y la Biblioteca Nacional, han emprendido una campaña de desmonte de derechos de personas LGBTIQ+ a partir del borramiento de la memoria, la censura de textos y la invisibilización de archivos para eliminar cualquier evidencia de una historia que se ha sistematizado y denunciado como una acción de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
El borramiento como acción política es toda una estrategia de guerra que incentiva la violencia desde sus cimientos hasta sus mecanismos más perversos de verificación. Puesta en marcha en expresiones fascistas y denunciada por grupos poblacionales que la han sufrido en primera persona, tiene como punto de partida un interés claro y específico de echar atrás derechos adquiridos y quitarle a un grupo poblacional su dignidad, tanto individual como colectiva. Para ello, activan cuatro tácticas: 1) construyen narrativas fundacionales para justificar cómo la enunciación de derechos de una persona o un grupo en particular pone en desventaja a la sociedad; 2) precisamente, ponen esas conquistas por la dignidad humana de X o Y persona o población como un impedimento para el bienestar del grupo social, particularmente la familia, dándole el estatus de enemigo o persona de altísima peligrosidad; 3) eliminan en el lenguaje y en el espacio cualquier expresión material o simbólica que apunte al reconocimiento de ese grupo poblacional; y 4) activan mecanismos comunicativos para trasladar a la sociedad un malestar hacia esas personas, cargados de información engañosa que cultiva expresiones de desprecio social que terminan validando su acción política de aniquilamiento.
El borramiento es sinónimo de la invisibilización. Fue ampliamente denunciado por los grupos afroamericanos del sur de EE. UU. cuando este país construyó su gloria capitalista sobre su esclavitud y explotación, creando normas segregadoras y promoviendo imaginarios sociales de perversidad hacia ellos y ellas, trasladando así al resto de la población una imagen negativa de ellos que les hacía no solo merecedores de la indiferencia social, sino, y sobre todo, de la violencia, buscando llegar al nivel de no importar y de construir un mundo donde, como juegan los niños y las niñas cuando se tapan los oídos y los ojos y dicen: “No oigo, no te veo, soy de palo, no te siento”. Esta fue una práctica política instaurada en la época de la colonización que validó la marginalización de las comunidades originarias para imponer la visión colonialista, reconfigurada con el auge del capitalismo para frenar la búsqueda de derechos y conservar privilegios, y regresa hoy de la mano de los proyectos neofascistas que persiguen como su mayor objetivo reducir al Estado en su misión de ser “garante de derechos” y a las personas históricamente excluidas en su posibilidad de gozar de dignidad humana.
Esta consigna ha sido clara y central para el gobierno actual de Colombia y, por eso, desde la campaña electoral, acompañados por los más grandes alfiles antigénero y desconocedores de derechos, camuflados en prácticas religiosas y militaristas, anunciaron su peligrosa batalla cultural, que ha sido copiada por un grupo peligroso de neófitos congresistas, articulando la dupla perfectamente destructora dentro del Estado: promover leyes y generar acciones que logren poner fin a causas sociales. Dicha acción funciona con una ruta reconocida en cuatro grandes acciones: a) se crean, a partir de información engañosa, situaciones de caos con mensajes de alta peligrosidad para el bien común, relacionadas presuntamente con el ascenso en derechos de un grupo poblacional históricamente excluido; b) se activan acciones legislativas para impedir derechos y echar atrás los conquistados; c) se acompaña con una acción mediática de trasladar a la opinión pública dicho malestar, promoviendo así un populismo moral; y d) se crea una acción de culto a los valores morales y a la tradición social, poniéndolos como máxima superior a los derechos.
Dicha metodología la podemos leer dentro de dicho ministerio en cuatro decisiones ya puestas a caminar: el anuncio del Instituto Caro y Cuervo de retirar la publicación “Qué daño hace un beso”, un resultado de estudios históricos de expresiones de afecto homoerótico en medio de la guerra por, según su dogmático director, hacer apología a las FARC; la acción liderada por el mismo Instituto de eliminar el uso del lenguaje no sexista por considerarlo promotor de prácticas ideológicas que afectan el buen desempeño de la comunicación; la retirada de la obra de memoria del movimiento LGBTIQ+, recopilada en los últimos 8 años en el Museo Nacional, que no solo recoge, sino que representa las acciones de movilización social y reflexión académica fortalecidas en el país a pesar de la adversidad del conflicto armado para consolidar el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+; y el peligro ya anunciado desde la Biblioteca Nacional sobre la suerte que puedan correr los archivos existentes allí y recogidos de manera muy juiciosa por sus funcionarios y con los aportes de la sociedad civil.
Estas acciones se articulan con las de enunciación y documentación de la diversidad sexual y de género y de los derechos sexuales y derechos reproductivos que están siendo retiradas por el Ministerio de Educación, no solo de los documentos oficiales, sino de los procesos de formación de padres y docentes, y con la función de policía moral que han emprendido las hasta ahora dos ministras que han pasado por ese cargo, de cortar cualquier expresión que se le parezca. Están también presentes en la diplomacia internacional, en cabeza del canciller, que profundiza el odio hacia las mujeres y las personas LGBTIQ+, retrocediendo en materia de diplomacia de derechos humanos y apoyando cruzadas en el mundo de persecución a cualquier asomo de libertad y dignidad, como si estuviéramos en una teocracia. Y se consolida con los últimos discursos del presidente de la República, en lo que ha llamado su guerra contra el wokismo, que, en sus palabras, “desconoce las diferencias biológicas, falsifica la historia promoviendo pugnas entre opresores y oprimidos, imponiendo con violencia física y verbal sus postulados en la educación y su lenguaje inclusivo en la cultura. El gobierno asume una lucha abierta y frontal contra el wokismo, no habrá ambigüedad en esa materia”. El presidente señala de forma vehemente que la igualdad es un cáncer para la sociedad colombiana, que es un asunto ideológico e identitario que afecta la educación y la cultura.
En el país más violento de la región, donde la diversidad nos ha costado la vida y los diferentes conflictos exacerban nuestro interés de poder vivir, el gobierno, lejos de cumplir con su tarea de ser garante de derechos, ha pasado de la indiferencia por su omisión a la acción clara de aniquilarnos como población, pues estas decisiones políticas y actos discursivos y simbólicos son caldo de cultivo para la violencia física de decenas de sus militantes y violentos que encuentran en estas posturas políticas la fundamentación para sus prejuicios violentos. Es, pues, claro que el proyecto político de la Patria Milagro es una práctica de violencia clara contra los derechos de las personas LGBTIQ+, está dedicado a desmontar sus derechos y a dejar sembrada en la sociedad una alta animadversión frente a la diversidad sexual y de género. Quiere echar atrás el reconocimiento de su ciudadanía plena y obligarnos a la invisibilidad. Ya está claro: este es un gobierno firme contra los derechos de las personas LGBTIQ+ y quiere tomar estos 30 años de lucha por la dignidad y regresarnos a la invisibilidad, lugar en el que quiere seguir legitimando sus violencias.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo
