27 de marzo de 2027. El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció una nueva política que restringe la participación en las categorías femeninas de los Juegos Olímpicos exclusivamente a mujeres consideradas “biológicas”, lo que en la práctica excluye a las mujeres trans de estas competencias a partir de los Juegos de Los Ángeles 2028. La medida establece que la elegibilidad será definida mediante pruebas genéticas que detectan la presencia del gen SRY, asociado al sexo masculino, en un giro significativo frente a normativas anteriores más abiertas a la inclusión.
Según el COI, esta decisión se sustenta en criterios científicos y médicos, bajo el argumento de proteger la equidad, la seguridad y la integridad del deporte femenino. Sin embargo, distintas voces han advertido que estos criterios no solo son objeto de debate en la comunidad científica, sino que también pueden dar lugar a prácticas de control y vigilancia sobre los cuerpos de las atletas.
La medida no solo afecta a las mujeres trans. También genera preocupaciones sobre su impacto en mujeres cisgénero que no encajan en parámetros biomédicos rígidos, como aquellas con variaciones en el desarrollo sexual o características hormonales diversas. Esto amplía el alcance de la exclusión y pone en evidencia los riesgos de establecer definiciones únicas y restrictivas sobre quién puede ser reconocida como mujer en el ámbito deportivo.
La decisión ha generado una fuerte controversia a nivel global. Organizaciones de derechos humanos, especialistas y atletas han cuestionado la medida por considerarla discriminatoria y basada en criterios reduccionistas. Además, advierten que este tipo de políticas refuerzan estigmas, legitiman discursos excluyentes y pueden profundizar violencias contra personas trans y con corporalidades diversas.
Este anuncio se da en un contexto internacional marcado por el aumento de regulaciones restrictivas hacia la participación de personas trans en el deporte. Para organizaciones sociales, estas decisiones no solo limitan el acceso a escenarios deportivos, sino que también envían un mensaje que trasciende el ámbito olímpico y afecta la vida social, política y cultural de las personas trans.
Desde Caribe Afirmativo reiteramos que los derechos de las personas trans no son un debate. Cualquier regulación en el deporte debe construirse desde un enfoque de derechos humanos, con base en evidencia científica no sesgada y garantizando la dignidad, la igualdad y la participación de todas las personas.