02 de junio de 2026. El Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, Graeme Reid, presentó su informe oficial tras realizar una visita a Colombia del 19 al 30 de mayo de 2025. En dicha visita, el Experto recorrió Bogotá, Cúcuta, Medellín, Cali y Barranquilla, donde se reunió con autoridades nacionales, regionales y locales, así como con organizaciones de la sociedad civil y personas LGBTIQ+ de distintos territorios del país.
El informe reconoce que Colombia cuenta con uno de los marcos jurídicos más avanzados de América Latina en materia de derechos de las personas LGBT: garantías constitucionales de igualdad y no discriminación, una extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional —con más de 800 decisiones protegiendo derechos de mujeres y personas LGBT— y, más recientemente, la aprobación de la Política Nacional LGBTIQ+ (Documento CONPES 4147), una hoja de ruta de once años que compromete a 49 entidades del Estado en 26 sectores. Sin embargo, el Experto advierte que persiste una brecha profunda entre ese reconocimiento formal y la protección efectiva que experimentan las personas LGBT en su vida cotidiana.
Un hecho ocurrido durante la propia visita ilustra con crudeza esa contradicción: el 22 de mayo de 2025, mientras el Experto se encontraba en el país, fue asesinada Nawar Jiménez, mujer transgénero defensora de derechos humanos que participaba en el proyecto Tejiendo Dignidad, una iniciativa conjunta de ONU-Mujeres y la Jurisdicción Especial para la Paz en El Carmen de Bolívar. El Experto calificó este hecho como una expresión directa de la urgencia de adoptar medidas de protección efectivas y de garantizar la rendición de cuentas.
Sobre la violencia, el informe registra niveles persistentemente altos de homicidios y violencia sexual contra personas sexo genero diversas, siendo las mujeres transgénero las más afectadas. La Defensoría del Pueblo documentó 52 asesinatos de personas LGBTIQ+ en 2024, mientras que Caribe Afirmativo registró 164 casos ese mismo año, además de 689 casos de violencia sexual. El Experto señala que la impunidad es generalizada y que la mayoría de los casos permanecen en etapa de investigación preliminar, lo que evidencia fallas sistémicas en la investigación y el enjuiciamiento.
El informe también da cuenta de la ausencia de un sistema nacional unificado de información sobre violencia y discriminación hacia personas LGBTIQ+, pese a que dicho observatorio estaba previsto en los marcos de política pública vigentes. Esta brecha en los datos dificulta medir el impacto real de las políticas y visibilizar la magnitud de las violaciones.
En materia de salud, el Experto documentó barreras persistentes para acceder a la atención de reafirmación de género, interrupciones en el tratamiento del VIH para personas migrantes LGBT, y la existencia de prácticas de conversión tanto en entornos formales como informales, con graves consecuencias para la salud mental de quienes las padecen.
En el ámbito educativo, datos de la sociedad civil indican que el 64% de los niños y niñas LGBT sufren discriminación escolar y que el 67% no se siente seguro en ese entorno. El informe advierte que no existe un sistema nacional de seguimiento de la violencia escolar y que la educación sexual continúa impartiéndose desde un enfoque principalmente biológico, sin abordar la orientación sexual ni la identidad de género.
El Experto identificó además a los defensores y defensoras de derechos humanos LGBT como un grupo de riesgo diferenciado, expuesto a amenazas, desplazamiento forzado y violencia letal por parte de actores tanto estatales como no estatales, con acceso muy limitado a mecanismos de protección efectivos, especialmente en zonas rurales y territorios afectados por el conflicto armado.
Entre las más de 25 recomendaciones dirigidas al Estado colombiano, el Experto Independiente exhortó a garantizar la continuidad institucional del Ministerio de Igualdad y Equidad; priorizar la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes motivados por prejuicios; implementar íntegramente la guía nacional de atención en salud para personas transgénero; crear un sistema de monitoreo de la violencia escolar; adoptar estrategias de protección específicas para defensores y defensoras LGBT; y reconocer formalmente la orientación sexual y la identidad de género como criterios en los procesos de asilo y protección internacional.
Desde Caribe Afirmativo respaldamos los hallazgos de este informe y hacemos un llamado al Estado colombiano a asumir con carácter urgente las recomendaciones formuladas por el Experto Independiente. La existencia de normas y políticas avanzadas no es suficiente mientras las personas LGBT continúen siendo asesinadas, amenazadas y desprotegidas en la práctica. Exigimos que los compromisos constitucionales e internacionales adquiridos por Colombia se traduzcan en acciones concretas, medibles y territorialmente equitativas, que lleguen también a las regiones y comunidades más vulnerables.