28 de agosto de 2025. El Informe Anual 2024 de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA World), la red más grande en el mundo de organizaciones de derechos de las personas LGBTIQ+, integrada por 2.126 miembros (entre ellos Caribe Afirmativo) en 175 países.
Este informe de ILGA constituye uno de los documentos más relevantes para entender el estado actual de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en todo el mundo. En un contexto global, marcado por avances históricos y graves retrocesos, el informe no solo documenta hechos, sino que también plantea reflexiones urgentes y líneas de acción.
Este análisis es especialmente importante para América Latina y el Caribe, donde se presentan desafíos estructurales como el desplazamiento forzado, la discriminación a razón de su orientación e identidad de género y la falta de políticas de protección integral. Además, la ausencia de un liderazgo firme de Estados Unidos en materia de derechos LGBTIQ+ agrega un elemento crítico al panorama internacional. A partir de este informe, se logran identificar las principales amenazas, pero también las oportunidades para impulsar una respuesta articulada desde la región.
Un año de avances y retrocesos
De acuerdo al informe, 2024 fue un año de contrastes. Por un lado, se celebran algunos logros significativos, como por ejemplo en Namibia y Dominica (países de África y el Caribe, respectivamente) donde se eliminaron leyes coloniales que criminalizaban la homosexualidad. Viajando hacia Europa y Asia, vemos los ejemplos positivos de Grecia, Estonia y Tailandia, naciones que reconocieron del matrimonio igualitario, mientras que Nepal se aceptó el nombre identitario en los registros civiles a personas con experiencias de vida trans.
Sin embargo, el informe de ILGA visibilizó retrocesos en otras latitudes, como sucede en el país africano de Mali, donde se aprobó una ley que, por primera vez en su historia, penaliza las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo. Por otra parte, en Georgia, país de Europa del este, se aprobó una nueva ley que prohíbe cualquier reconocimiento a las parejas del mismo sexo, adopciones de menores por familias homoparentales, el reconocimiento legal del género y la difusión de noticias sobre asuntos LGBTI en las esferas públicas.
En efecto, ILGA advierte que, por primera vez en 13 años, hubo más retrocesos que avances en protección a personas trans en toda Europa y Asia Central. A estos recursos legislativos se suman los discursos de odio alimentados por líderes políticos y grupos religiosos conservadores; estas narrativas generan un clima de hostilidad y suelen traducirse en la aprobación de políticas regresivas y violentas en contra de las personas LGBTIQ+.
Mayor atención a la movilidad humana
El Informe Anual 2024 de ILGA pone un énfasis especial en la situación de las personas LGBTIQ+ en contextos de movilidad humana, particularmente solicitantes de refugio o asilo. La persecución por motivos de orientación sexual e identidad de género sigue siendo una de las principales causas de desplazamiento forzado en muchas regiones del mundo. Sin embargo, la respuesta de los Estados continúa siendo fragmentada e insuficiente, ya que no hay una verdadera articulación entre los gobiernos de la región para garantizar el acompañamiento a las personas LGBTIQ+ que se desplazan por el mundo.
En América Latina y el Caribe, el informe visibiliza el desplazamiento de personas venezolanas. Muchas personas LGBTIQ+ han cruzado fronteras buscando protección, pero al llegar a países receptores como Colombia, Perú o Brasil, se enfrentan a nuevas barreras: trámites burocráticos complejos, falta de políticas específicas de protección y situaciones de discriminación en servicios básicos como salud y empleo.
En este contexto, desde Caribe Afirmativo se pone especial énfasis en las barreras actuales para la regularización migratoria en Colombia: el Permiso por Protección Temporal (PPT), documento clave para la regularización migratoria de los venezolanos, no se está expidiendo para adultos. Aunque este documento reconoce los nombres y géneros identitarios de las personas con experiencia de vida trans, esto es posible luego de cumplir con procesos burocráticos y costosos ante notarías. Y si bien es cierto que el Estado, a través de la Cancillería, ofrece otros mecanismos de regularización (como el PEP TUTOR, visas, etcétera), estos exigen requisitos que dificultan su acceso, incluso en el caso del PEP TUTOR no se está implementando a la fecha debido a la falta de un reglamento.
Volviendo al informe, ILGA alerta sobre la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ en rutas migratorias peligrosas, donde enfrentan riesgos de violencia sexual, explotación laboral y trata de personas. Estas dinámicas requieren una respuesta coordinada entre los Estados y la sociedad civil para garantizar mecanismos efectivos de protección.
Estados Unidos y la financiación a proyectos humanitarios
El informe dedica un apartado especial a Estados Unidos, un país que se ha autoproclamado como el “faro de la libertad en el mundo”, pero que en la realidad atraviesa una profunda crisis en materia de derechos LGBTIQ+. ILGA advierte que en 2024 se registraron más de 533 proyectos de ley anti-LGBTIQ+ en distintos estados, con especial énfasis en limitar derechos de personas trans. Estas iniciativas incluyen desde prohibiciones para acceder a tratamientos de afirmación de género hasta restricciones en la participación de personas trans en deportes y la censura de contenidos educativos sobre diversidad.
Aunado a lo anterior, la administración de Donald Trump suspendió, desde el 24 de enero de 2024, el financiamiento de programas de ayuda humanitaria a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), afectando severamente a cientos de organizaciones humanitarias por todo el mundo, particularmente relacionadas con movilidad humana, enfoques diferenciales en diversidad sexual y atenciones a grupos vulnerables, en efecto, el 47 % de los recursos humanitarios implementados a nivel internacional en el año 2024 fueron financiados por esta agencia estadounidense, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas.
La postura del gobierno de Estados Unidos se endureció con las recientes medidas antimigración, que particularmente afecta a personas LGBTIQ+ y demás grupos en situación de vulnerabilidad que solicitan protección internacional. Las políticas restrictivas de asilo, reforzadas en los últimos años, han limitado las posibilidades de quienes huyen de la violencia y persecución en sus países de origen. ILGA advierte que estas medidas contradicen las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos.
Tras la finalización de la financiación, por parte de Estados Unidos, a la cooperación internacional puso en jaque la acción humanitaria en todo el mundo. Según un informe de Global Policy, el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) interrumpió cientos de programas de asistencia humanitaria en el mundo, aumentó las brechas de financiación de programas de desarrollo y mayor carga para otros donantes que no cuentan con la misma capacidad financiera que Estados Unidos.
En medio de este panorama preocupante, vale destacar el apoyo que viene avanzando la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a varios proyectos humanitarios dirigidos al mejoramiento de organizaciones y colectivos de base comunitaria LGBTIQ+ en las Américas que brindan servicios a las personas sexodiversas en situación de movilidad humana y protección internacional. Uno de estos proyectos es “Construyendo Puentes, Tejiendo Caminos”, que busca fortalecer a 58 organizaciones de las Américas con asistencia técnica, una robusta herramienta de sistematización de información y capacitación en materia de protección internacional. Gracias al proyecto “Construyendo Puentes, Tejiendo Caminos”, estas organizaciones acceden a información sobre otras fuentes de financiación y tienen la posibilidad de construir nuevas alianzas estratégicas entre pares. Muchas de estas organizaciones antes percibían recursos por parte de USAID para motorizar sus proyectos, pero ahora cuentan con el respaldo de la AECID para sostener sus acciones en favor de cientos de personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana en el continente americano.
Nuestra respuesta conjunta
Frente a estos desafíos, ILGA ha desempeñado un papel fundamental al documentar las violaciones de derechos y llevar estos casos a instancias internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre sus aportes más relevantes destaca el informe Laws on Us, que ofrece un análisis detallado de las leyes vigentes en cada país y su impacto real en la vida de las personas LGBTIQ+. Este recurso es vital para organizaciones de base que buscan respaldar su trabajo de incidencia con datos concretos.
La iniciativa LGBTI Pathways también es clave, ya que aborda específicamente la situación de las personas LGBTIQ+ en contextos migratorios. Este programa ofrece herramientas para que las organizaciones locales puedan acompañar a quienes buscan refugio, al tiempo que presiona a los gobiernos para que adopten políticas más inclusivas.
En la 31ª Conferencia Mundial de ILGA, celebrada en 2024, activistas de todo el mundo coincidieron en la necesidad de una estrategia común frente a la ola anti-derechos. Allí se reafirmó que la defensa de los derechos LGBTIQ+ debe ser interseccional y considerar factores como migración, género, raza y clase social.
Ante los enormes desafíos en materia de derechos humanos LGBTIQ+ y movilidad humana con enfoque diferencial de género, es importante acompañar a las organizaciones de derechos LGBTIQ+ que tengan entre sus ejes de acción la movilidad humana para la articulación de alianzas, compartir recursos, mejorar el acceso a la información y generar nuevas estrategias de incidencia, tal como se está implementando con el proyecto “Construyendo Puentes, Tejiendo Caminos” explicado arriba.
Además, es necesario que los gobiernos reconozcan explícitamente la orientación sexual y la identidad de género como motivos válidos para la protección internacional de personas en situación de movilidad humana. En un contexto de crecientes desafíos para las personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias financia y apoya proyectos humanitarios que fortalecen organizaciones y colectivos comunitarios en las Américas.
Entre ellos destaca Construyendo Puentes, Tejiendo Caminos, que brinda asistencia técnica, una herramienta de sistematización de información y capacitación en protección internacional a 58 organizaciones. Gracias a este proyecto, dichas organizaciones acceden a nuevas fuentes de financiación, construyen alianzas estratégicas y mantienen sus acciones en favor de cientos de personas LGBTIQ+ desplazadas, ahora con el respaldo de la AECID tras la reducción de fondos de USAID.
En resumen, el Informe Anual 2024 de ILGA nos recuerda que los derechos conquistados pueden retroceder si no hay vigilancia, articulación y acción colectiva. En un contexto donde Estados Unidos se repliega de su rol de liderazgo, América Latina y el Caribe tienen la oportunidad de asumir las riendas y trabajar en pro de la acción humanitaria a través de organizaciones civiles fortalecidas.