30 de julio de 2026. Desde Caribe Afirmativo celebramos con profunda convicción el pronunciamiento histórico de la Corte Constitucional en el cual se le ordena a la registraduría eliminar barreras administrativas que impidan la participación política de personas trans, un triunfo decisivo contra las barreras administrativas e institucionales que históricamente han excluido a las personas trans de los espacios de participación y representación política. Esta decisión no solo dignifica la lucha de las juventudes diversas en los territorios, sino que sienta un precedente indispensable para que el ejercicio democrático en nuestras regiones sea verdaderamente inclusivo, justo y sin discriminación. 

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional amparó los derechos a la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la identidad de género y la participación política de la joven trans Engel Cattleya Valencia. La decisión se tomó tras estudiar la acción de tutela presentada por la accionante contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, al no haber podido inscribirse como candidata al Consejo Municipal de Juventud (CMJ) de Piendamó (Cauca) para el periodo 2026-2030.

Aunque la accionante realizó el trámite de cambio de nombre y corrección del componente de género en sus documentos de identificación, la plataforma virtual de la Registraduría la continuó identificando con el sexo masculino. Esto impidió que su aval político fuera efectivo dentro de las reglas de paridad de género. La Sala declaró la carencia actual de objeto por daño consumado, dado que la oportunidad electoral ya había pasado.

Puntos clave de la decisión (Sentencia T-141-26)

• Omisiones de la Registraduría: La Corte determinó que la entidad vulneró los derechos de la accionante al no contar con un sistema de inscripción virtual diferencial para personas trans en trámite de corrección de cédula, por falta de difusión activa de información electoral dirigida a la población trans y por brindar información incompleta.
• Actos discriminatorios locales: Se advirtió que el Registrador Municipal de Piendamó incurrió en conductas discriminatorias al indagar innecesariamente sobre prácticas médicas de reafirmación de género.
• Acompañamiento de partidos políticos: Se exhortó al partido Dignidad & Compromiso a capacitarse para brindar un acompañamiento experto a candidaturas de la diversidad sexual, reconociendo las barreras que enfrentan.

Órdenes y Medidas Principales

1. Capacitación Obligatoria: La Registraduría deberá capacitar a sus funcionarios en perspectiva de género, sexualidad LGBTIQ+, autorreconocimiento e identidad legal.
2. Ajustes Digitales y Enfoque Diferencial: Implementar plataformas de inscripción virtual con perspectiva de género para futuras elecciones a Consejos Municipales de Juventud.
3. Protección de Derechos: Recordar que el Estado y la sociedad deben retirar barreras administrativas, económicas y de discriminación que disuadan o limiten el ejercicio de los derechos políticos de las personas trans.

Desde Caribe Afirmativo, a través de nuestra iniciativa Voto por la Igualdad y el Observatorio de Participación Política LGBTIQ+, mantenemos un trabajo incansable en el acompañamiento a las candidaturas sexo-género diversas como una apuesta indispensable para proteger la democracia y garantizar los derechos políticos en Colombia. En ese sentido, celebramos el histórico pronunciamiento de la Corte Constitucional, pues reconoce la urgencia de dar respuestas institucionales efectivas frente a las barreras estructurales que persisten en la contienda electoral.

Los hallazgos de nuestro Informe Postelectoral para las Elecciones al Congreso 2026 reflejan con claridad esta profunda brecha de representatividad y garantías: de las 32 candidaturas abiertamente LGBTIQ+ registradas, solo 6 (18,7%) se reconocen como personas trans y/o no binarias, de las cuales ninguna logró acceder a un escaño. A lo largo del proceso, estas candidaturas debieron enfrentar violencia política, trabas institucionales e inobservancia del Protocolo Trans en los puestos de votación.

Ante este panorama, el fallo de la Corte marca un hito crucial al sentar las bases para una protección reforzada de las candidaturas trans que decidan participar en el futuro. Cuando un sistema no reconoce la identidad legal de una persona o un funcionario supedita sus derechos a indagaciones indebidas, no solo falla un trámite; se quiebra la confianza en las instituciones. La inclusión trans no es una concesión formal, sino una condición indispensable para una representación plural. Seguiremos incidiendo para que este respaldo jurídico se traduzca en canales de acceso diseñados para incluir y en una democracia verdaderamente justa y segura para todas.