19 de marzo de 2026. Cada 8 de marzo, las calles se convierten en escenarios para poner discusiones y develar las problemáticas que afectan de manera diferenciada los cuerpos y la vida de las mujeres en sus diversidades. Este ejercicio de movilización y resistencia pasa por reflexiones, horizontes éticos y experiencias individuales que se entrelazan en vivencias colectivas ancladas a realidades estructurales de opresión, exclusión y violencias.
Es así como año tras año, las acciones en el marco del 8M propenden por ubicar en la esfera pública el cuestionamiento a las formas en que las estructuras sociales sostienen dinámicas que perpetúan la violencia y producen discursos que inscriben en los cuerpos de las mujeres múltiples experiencias de vulnerabilidad. Entonces, estos espacios de movilización e incidencia han puesto de manifiesto que ciertas realidades como el conflicto armado deben leerse y comprenderse a la luz de enfoques diferenciales, posibilitando ahondar en los lugares que tienen las mujeres en dichas realidades sociopolíticas.
En la actualidad, una de las realidades a visibilizar y priorizar dentro de la agenda feminista debería ser la movilidad humana, comprendiendo, por un lado, su auge y carácter dinámico; y, en segundo lugar, que más de la mitad de las personas migrantes son mujeres. Esto revela la importancia de estar atentas al acceso a la justicia, la garantía de derechos y las propuestas políticas para aportar a la reconstrucción de sus proyectos de vida en nuevos territorios y menguar las afectaciones de los múltiples factores de riesgo a los cuales se ven expuestas en sus tránsitos migratorios y en la permanencia en los nuevos territorios.
Zoom de la migración venezolana en Colombia
En Colombia, la movilidad humana venezolana, particularmente, sigue evidenciando una presencia significativa de mujeres, según datos de la Radiografía migratoria: Mujeres y movilidad humana en Colombia, se establece que: “A diciembre de 2025 residían en Colombia 1.474.288 mujeres venezolanas, de las cuales el 81,2 % se encontraba acogida al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV).” Estas cifras resaltan un panorama estadístico complejo, dado que, si centramos la pregunta en el 18.8% de las mujeres que no cuentan con el ETPV, se evidencia que ese limbo jurídico es un factor de vulnerabilidad extrema. La falta de regulación migratoria no se puede quedar en la lectura simplista de que es un trámite inconcluso, sino una barrera estructural que bloquea la garantía de derechos de las mujeres migrantes; por ejemplo, tener que costear trámites para el acceso a salud que deberían ser gratuitos.
Ahora bien, de ese total de mujeres que residían para esa fecha, el rango etario que predominaba era entre los 18 y 29 años. ¿Qué nos dice este rango etario? Estas edades, a la luz de una lectura feminista, ubican una etapa vital de productividad y reproductividad; ciclo donde el acceso a la educación superior, el empleo con garantías legales y la salud sexual son prioridades para la construcción de proyectos de vida. Sin embargo, ser mujer migrante joven en escenarios territoriales con altas complejidades sociales en ciudades como Medellín, Cartagena y Bogotá evidencia factores extremos de vulnerabilidad para su desarrollo de vida. Por ello, las respuestas efectivas y diferenciales a la realidad de la movilidad humana deben ser priorizadas no solo en las entidades gubernamentales, sino también en los escenarios de incidencia comunitaria y popular del movimiento feminista.
Según Migración Colombia (2025, p.9), “las principales ciudades receptoras de población migrante son Bogotá, Medellín, Cúcuta y Barranquilla”. Estas ciudades, si bien son céntricas y cuentan con múltiples escenarios de oportunidades, también se han consolidado como territorios donde el empobrecimiento, la falta de acceso a servicios de salud y la precariedad económica terminan por determinar las realidades de las mujeres, pero de manera diferenciada pone sobre las mujeres migrantes otras experiencias de violencia sistemática contra sus cursos de vida, donde la explotación sexual, la trata de personas, la mendicidad y la sobrecarga de las labores de cuidado se convierten en factores de riesgo latentes para ellas. Esto evidencia que, si bien las dinámicas migratorias son en sí mismas un factor de riesgo, el llegar a nuevos territorios se convierte en otro factor central de riesgo, donde la exclusión y la discriminación configuran en muchos casos las realidades de sus estadías.
Es sumamente importante profundizar en factores diferenciales que de manera sectorizada afectan con mayor exacerbación la vida de las mujeres LBT, como se nombra en el informe Barreras en el camino: Voces y realidades de mujeres refugiadas y migrantes: estas “enfrentan una doble condición de vulnerabilidad: por un lado, su estatus migratorio o de refugio; y por otro, las múltiples formas de discriminación relacionadas con el sexismo, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia”.
Las lecturas de las realidades de la movilidad humana deben estar atravesadas por enfoques intersectoriales que evidencien las intersecciones que acuerpan las mujeres migrantes y cómo esas experiencias de vida, lejos de tener una lectura homogénea en torno a las violencias y factores de riesgo, resaltan la heterogeneidad de las realidades individuales y colectivas.
¿Y en la agenda feminista cómo están las lecturas de la movilidad humana?
Dentro de la agenda feminista ha sido vital reconocer que cualquier realidad sociopolítica no está aislada del género; por el contrario, está condicionada por relaciones de poder en torno al sistema sexo-género y esto produce experiencias diferenciadas en torno a la vivencia de las mujeres en diferentes escenarios, incluido el de movilidad humana. Autoras como Johana Millan Barroso y Marcela Tapia Ladino han expuesto que la movilidad humana evidencia cómo las mujeres migrantes son ubicadas en mercados laborales precarizados, sin ninguna garantía para la reconstrucción de su proyecto de vida y donde las barreras para el acceso a sus derechos educativos, culturales y de salud siguen siendo una constante.
Si bien, desde la academia y sectores organizativos de la sociedad civil, han abordado temas como la territorialización de los cuerpos migrantes, la feminización de la migración, todavía es necesario volvar el foco de la reflexión, la acción colectiva y la exposición de esta realidad como un punto central en la agenda feminista.
Si las violencias en contra de la vida de las mujeres son una realidad estructural, es necesario analizarlo desde el enfoque interseccional. La preocupación en clave de la movilidad humana debería poner en la acción feminista propuestas para crear agendas para el cuidado y la dignificación de la vida de las mujeres migrantes.
La importancia de estas agendas se está convirtiendo en una deuda estructural para el abordaje de una vida libre de violencias para las mujeres migrantes dentro de nuestros territorios.
Como punto final, la comprensión profunda de la movilidad humana en torno al género debe vincularse a lecturas insercionales, la construcción de redes de apoyo y cuidados comunitarios. Además, demandaría la urgencia de activismos feministas reflexionando en lo público la movilidad humana en torno a la realidad, vida y cuerpo de las mujeres.