Que la primera nominación legal que en Colombia se haya tenido de personas LGBTIQ+ sea como víctimas del conflicto armado, que el acuerdo de paz tenga un enfoque de género que busca dar cuenta de la exacerbación de la violencia contra las personas LGBTIQ+ y que hoy se reconozca que los actores de la guerra nos persiguieron por nuestra diversidad sexual y de género deja constancia de que la guerra hace más difíciles nuestras vidas y no resolverla nos condena a una eterna victimización.
Las guerras hacen la vida más difícil y exacerban la violencia hacia los grupos poblacionales históricamente excluidos. Cuenta de ello dan la Segunda Guerra Mundial y el conflicto armado colombiano. Las personas LGBTIQ+, por los altos niveles de indiferencia y crueldad a los que son sometidas, aparecen en estos círculos de violencia. En la Segunda Guerra Mundial, unas 100.000 personas fueron arrestadas por homosexualidad; cerca de 50.000 hombres fueron condenados formalmente y entre 5.000 y 15.000 fueron enviados a campos de concentración, donde portaban un triángulo rosa en el uniforme. La tasa de mortalidad de los prisioneros homosexuales en los campos alcanzó aproximadamente el 60 %, debido a los trabajos forzados, las torturas, los experimentos médicos y las ejecuciones.
En el conflicto armado colombiano, por su parte, según la Unidad para las Víctimas, 6.548 personas LGBTIQ+ han denunciado ser víctimas del conflicto, entendiendo que esto constituye un subregistro. Los delitos más frecuentes documentados contra esta población incluyen el desplazamiento forzado, las amenazas, la violencia sexual, los homicidios y las desapariciones forzadas. Las agresiones respondían a actos de violencia por prejuicio para imponer órdenes morales excluyentes en los territorios. La Unidad para las Víctimas tiene más de 50 registros de personas dadas por desaparecidas y 112 solicitudes de búsqueda activas de personas LGBTIQ+; la Comisión de la Verdad entregó 47 recomendaciones correspondientes a los hallazgos específicos que hicieron más vulnerables a las personas sexo-género diversas en medio de la guerra.
Hace 80 años se celebraron los juicios de Núremberg, que dejaron constancia de que hay hechos de violencia que afectan a toda la humanidad, con la ocurrencia de crímenes atroces como el exterminio de personas LGBTIQ+, que no tenía que ver únicamente con las dinámicas de la guerra, sino con su crueldad impuesta en el modelo de gobernar. Pasaron la frontera de lo que está permitido y lo que no está permitido, como el genocidio y la agresión, y ello dio origen al Estatuto de Roma y, con él, a la Corte Penal Internacional, poniendo sobre la discusión la urgencia de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Los acusados en Núremberg asumieron haber cometido los crímenes de los que se les acusaba, indicando que seguían órdenes de sus superiores. Sin embargo, los delitos cometidos contra personas homosexuales no fueron incluidos en estos juicios: ni la persecución, ni el encarcelamiento, ni el asesinato que se conocían en ese momento contra personas “sodomitas”, marcadas por el triángulo rosa. Esto ocurrió porque, en ese momento, en Alemania y los países involucrados en la guerra, seguían viendo la homosexualidad como un delito. Por ejemplo, el párrafo 175 del Código Penal alemán, que tipificaba las relaciones entre hombres, se mantuvo vigente tras la Segunda Guerra Mundial de la misma forma en que los nazis lo habían endurecido en 1935. Al no considerarse una ley exclusivamente nazi o intrínsecamente ilegal para la época, los aliados no juzgaron los abusos cometidos bajo su amparo. Debido a esta falta de reconocimiento en Núremberg, muchos homosexuales liberados de los campos de concentración fueron obligados a terminar de cumplir sus condenas en cárceles comunes bajo el régimen de la posguerra; se negaron indemnizaciones a prisioneros marcados con el triángulo rosa y el tiempo que pasaron en los campos ni siquiera se contabilizó para sus jubilaciones.
La vergüenza de la guerra le dio un lugar al derecho internacional humanitario y llevó a los Estados a honrar el compromiso de poner fin a las causas crueles, inhumanas y degradantes que activan las confrontaciones armadas. Se promovieron espacios, normas y tribunales para “humanizar la guerra”, como el Estatuto de Roma y, con él, el nacimiento de la Corte Penal Internacional, de la que Colombia hoy quiere salirse. Los Estados que suscribimos el Estatuto de Roma nos comprometimos con ello, y ello cimienta en Colombia su compromiso con la justicia transicional para resolver el conflicto armado. Estos compromisos dieron origen a las negociaciones de paz más recientes, a partir de la década de los 90, y tuvieron en 2005, con la firma de la paz con los paramilitares, su primer escenario en el sistema de Justicia y Paz.
Pero hace 10 años, con el Acuerdo de Paz con las FARC, se creó un tribunal independiente para juzgar a los responsables de crímenes atroces, con un compromiso mundial que sigue siendo hoy pionero en el mundo: el enfoque de género del Acuerdo Final, que está incorporado de manera transversal en los seis puntos principales del texto y en los principios orientadores del Acuerdo. Este enfoque funciona, de un lado, como un criterio obligatorio para interpretar y aplicar todas las medidas acordadas y, de otro lado, para hacer seguimiento particularizado a cada uno de los puntos del Acuerdo, de manera que se garanticen la reparación y las garantías de no repetición a las mujeres y las personas LGBTIQ+.
En la Reforma Rural Integral, busca que el acceso a la propiedad de la tierra, la titulación, los subsidios y los proyectos productivos tengan prioridad y enfoque para las mujeres y personas LGBTIQ+ rurales. En participación política, busca promover la participación activa y ciudadana de las mujeres, las personas LGBTIQ+ y sus organizaciones. En el punto del Fin del Conflicto, integra la perspectiva de género en los procesos de reincorporación y en las garantías de seguridad y protección para liderazgos sociales. En la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, busca la protección de mujeres y personas LGBTIQ+ que en dicha cadena pueden ser más vulnerables. Y, en la atención a las víctimas, crea el enfoque diferencial de género dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, prestando especial atención a delitos como la violencia sexual, con indicadores concretos y medidas específicas.
En estos años, este ejercicio liderado por el Sistema Integral de Paz ha permitido que la Comisión de la Verdad y su Comité de Seguimiento y Monitoreo tracen un camino hacia un nuevo país donde tengan lugar las vidas dignas de las personas LGBTIQ+; que la Unidad de Búsqueda, con su campaña “Hasta encontrar todos los colores del arcoíris”, reconociendo a su familia social, active la búsqueda de las nuestras que están desaparecidas; que la Jurisdicción Especial para la Paz haya dictado ya tres sentencias (Macrocasos 1, 2 y 5) sobre la afectación del conflicto a personas LGBTIQ+ por el delito de persecución y que se preparen otras más en las otras salas, con énfasis en el Macrocaso 11 de violencias basadas en género, violencias sexuales, violencias reproductivas y violencias por prejuicios. Además, se ha dado el reconocimiento de la Unidad para las Víctimas de cinco sujetes LGBTIQ+ de reparación colectiva, la participación activa de personas sexo-género diversas en los Consejos de Paz y la inclusión de la agenda de diversidad sexual y de género en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
La justicia transicional no solo ha sido una oportunidad única para restaurar un tejido social afectado por la violencia sistemática del conflicto armado, sino que ha permitido identificar las causas estructurales de la violencia y, a partir de ellas, promover acciones que efectivamente involucren los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición como mecanismos para transitar del conflicto a la paz. La justicia transicional responde a un ideal de transformar la sociedad, no solo de enmendarla; es decir, desafiar las mismas razones del conflicto, el malestar por la injusticia social, pero resolverlo no con soluciones armadas o militares, sino con el cambio de aquello que socialmente no nos permite vivir en paz.
La idea de la justicia de los vencedores, que vence y tiene la razón, que deja a unos de triunfadores y a otros de perdedores, no ha logrado sacarnos del círculo vicioso de la guerra, por lo que requerimos ir más allá para consolidar otro modelo de sociedad. Lo nuestro es una apuesta por la paz que busca la protección de los derechos de las víctimas, esclareciendo qué fue lo que pasó para superar sus orígenes y dinámicas y hacer posible otro modelo de sociedad. Requerimos sanar los daños causados y acceder a reparaciones integrales para que esta paz sea un proceso de bienestar y que la reconciliación sea sinónimo de convivir en diversidad.
La negación de la guerra o la terquedad de volver a la confrontación, que es a lo que hoy nos quieren someter con políticas de olvido, es lo que provocan procesos como los activados por el Gobierno con el desfinanciamiento de la JEP, en el momento de la reparación de las víctimas, o limitar su tiempo y cortarlo abruptamente para que no logre juzgar casos tan necesarios como las violencias sexuales. Esto no solo echará atrás avances significativos para pasar de la eterna victimización a la ciudadanía plena, sino que seguirá sometiendo a los grupos poblacionales como las personas LGBTIQ+ a círculos de violencia. Olvidar que la paz.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo
