Como organizaciones defensoras de derechos humanos, representantes de víctimas del conflicto armado y acompañantes en procesos de litigio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), recibimos con alerta y preocupación las recientes observaciones del último Secretariado de las FARC-EP en el marco del macrocaso 07. La respuesta dada por las extintas FARC al Auto de Determinación de Hechos y Conductas SRVR 05 de 2024 niega, relativiza y desconoce las violencias ejercidas al interior de sus filas, en especial las cometidas contra mujeres, niñas, adolescentes y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Alertamos sobre un discurso que revictimiza, desestima el valor probatorio de los testimonios y tergiversa el enfoque de género que las víctimas han reclamado como una herramienta para la verdad y la reparación.
A continuación, presentamos nuestros argumentos y hacemos un llamado a la JEP para que garantice a las víctimas un proceso transicional que se mantenga en la centralidad de las víctimas, garantice verdad plena, promueva el reconocimiento de responsabilidades y propicie compromisos hacia las garantías de no repetición.
Centralidad de las víctimas y la validez de su testimonio. Rechazamos el hecho de que los comparecientes trasladen estándares probatorios propios de la justicia penal ordinaria a un proceso dialógico, como lo es el de la JEP. Al exigir pruebas con criterios adversariales, se ignora la naturaleza restaurativa del sistema de justicia transicional.
Nos preocupa profundamente que se cuestione la validez de los testimonios de las víctimas por considerarlos subjetivos, contradiciendo la esencia misma de la prueba testimonial y el principio de centralidad de las víctimas. Estos testimonios han sido reiterativos y coincidentes en señalar las múltiples violencias cometidas al interior de las filas.
Se equivocan los comparecientes al exigir criterios exclusivamente cuantitativos para determinar la sistematicidad de las conductas. Recordamos que los patrones de violencia pueden ser determinados también a partir de juicios cualitativos, especialmente cuando se trata de contextos de conflicto y violencia estructural.
Ataques al enfoque de género y su tergiversación. Observamos con preocupación cómo los comparecientes califican el enfoque de género como sesgado y lo tildan de “fetichismo metodológico”. Esta postura desconoce que el enfoque de género es una obligación jurídica del Estado colombiano, consagrada en el Acuerdo de Paz y, no una opción interpretativa o ideológica.
Defendemos el enfoque de género como una herramienta que ha permitido visibilizar violencias estructurales que antes eran silenciadas o normalizadas. Gracias a su aplicación, fue posible identificar afectaciones específicas que vivieron mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ durante el conflicto armado.
Rechazamos además la apropiación distorsionada del lenguaje feminista por parte de los comparecientes. El enfoque de género no puede utilizarse como una estrategia de defensa para justificar o minimizar las violencias diferenciales cometidas y mucho menos para ocultar responsabilidades políticas, estructurales, judiciales o personales.
El reclutamiento de menores y la violencia sexual y reproductiva no admiten relativización. Nos inquieta profundamente que, aunque los comparecientes reconozcan moralmente el reclutamiento de menores como un error, simultáneamente cuestionen su calificación como crimen de guerra. Alegar ausencia del Estado, condiciones estructurales o falta de una política sistemática, no exime de responsabilidad frente a una conducta que violó los principios más fundamentales del Derecho Internacional Humanitario.
Nos preocupa especialmente la insistencia en que el reclutamiento de mayores de 15 años no constituyó un delito. Estas afirmaciones ignoran el contexto de coerción, control y ausencia de consentimiento que caracterizó la vinculación de niñas, niños y adolescentes a las filas.
De igual forma, rechazamos que se relativicen las violencias sexuales y reproductivas, argumentando falta de intencionalidad o ausencia de patrones. Estas violencias fueron sistemáticas, como lo demuestran múltiples testimonios y análisis realizados por la Sala. Se trató de prácticas reiteradas, enmarcadas en dinámicas de poder, subordinación y control.
Nos resulta particularmente grave que se intente justificar la planificación forzada o la negación del consentimiento sexual como estrategias de “cálculo de sobrevivencia”. Esta lógica cosifica los cuerpos de las mujeres y niega su autonomía, agencia y derechos. No se puede seguir legitimando la violencia bajo narrativas tácticas o de conveniencia operativa.
Negacionismo y victimización secundaria. Nos alarman profundamente las afirmaciones de que no existen suficientes pruebas sobre hechos de violencia sexual o que los testimonios no tienen “sustento teórico”. Estas declaraciones no solo ignoran el carácter probatorio del testimonio en la justicia transicional, sino que constituyen una forma de victimización secundaria.
Los cuestionamientos metodológicos usados para deslegitimar las decisiones de la Sala de Reconocimiento y desacreditar los relatos de las víctimas refuerzan estructuras de silenciamiento y poder. La insistencia en que las violencias fueron hechos aislados niega su sistematicidad y oculta el carácter estructural del daño.
Rechazamos que se relativicen las experiencias de las víctimas a partir de una supuesta falta de “rigurosidad metodológica”, cuando en realidad se trata de un ejercicio político y jurídico para evadir responsabilidades.
Negación de violencias contra personas LGBTIQ+. Reiteramos que las personas con orientaciones sexuales, identidades y/o expresiones de género diversas vivieron formas particulares y agravadas de violencia. Nos resulta inaceptable que los comparecientes insistan en que su exclusión de las filas se debió a “percepciones individuales” o a “confianza operativa”.
Ocultar la diversidad sexual y de género fue una estrategia de sobrevivencia frente a un entorno violento, patriarcal y militarizado. No reconocer esta realidad es perpetuar la exclusión y el castigo. La discriminación no requiere estar escrita en manuales para operar como política: se evidenció en los silenciamientos, controles y castigos ejercidos por las estructuras armadas.
Negar estas violencias o calificarlas como “estadísticamente irrelevantes” vulnera profundamente los derechos de las víctimas y contraviene los principios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La justicia transicional exige voluntad real de verdad. Nos preocupa que las observaciones del Secretariado representen una estrategia de defensa más que un aporte genuino a la verdad. Al negar patrones, cuestionar el enfoque de género o argumentar ambigüedades en los hechos, se busca diluir la responsabilidad colectiva y debilitar el corazón del proceso transicional.
Recordamos que este proceso no es un juicio adversarial, sino un espacio de construcción histórica de verdad, reparación y no repetición. La verdad que hemos ayudado a construir no puede fragmentarse en función de narrativas de absolución.
Exigimos verdad, reparación y garantías de no repetición. Desde las víctimas, las organizaciones y los procesos que acompañamos, insistimos en lo siguiente:
- Reconocer públicamente la sistematicidad de las violencias, en especial las sexuales, reproductivas y basadas en género.
- Urgen las medidas de reparación diferenciadas y adecuadas a cada tipo de afectación.
- Hacemos un llamado a la implementación de medidas y programas de memoria que dignifiquen los testimonios de las víctimas y promuevan garantías de no repetición.
- Es indispensable que los comparecientes asuman un compromiso pleno con la verdad, sin recurrir a justificaciones o deslegitimar las violencias ejercidas.
Llamados desde las organizaciones:
Alertamos sobre la revictimización que supone exigir marcos teóricos para validar los testimonios. El consentimiento libre e informado no puede ser sustituido por cálculos estratégicos.
Enfatizamos en que las FARC-EP no reconocen la especificidad de las violencias de género y niegan la existencia de patrones. Rechazamos la apropiación defensiva del lenguaje feminista.
Reiteramos que no se puede justificar la instrumentalización de personas LGBTIQ+ con argumentos operativos. Callar la identidad no fue una elección: fue una imposición de la violencia.
Denunciamos que negar la política de exclusión hacia niños, niñas y adolescentes con OSIEGD, tergiversa el análisis hecho por la Sala. No fueron hechos aislados: hubo persecución, tortura y desaparición forzada.
Rechazamos el negacionismo y el intento de deslegitimar el enfoque de género. La violencia sexual en el conflicto no fue marginal ni excepcional: fue sistemática y profundamente dañina. La justicia transicional no puede servir para perpetuar el silencio ni para justificar el daño.
La paz no se construye relativizando los hechos, sino nombrándolos con dignidad y responsabilidad. Exigimos justicia, reparación y verdad sin ambigüedades.
La Alianza para el litigio de género ante la JEP
