Prejuicio, burlas y ataques digitales marcan el debate electoral y buscan desalentar la participación política diversa.
05 de marzo de 2026. En Colombia, la contienda electoral se desarrolla en medio de una creciente polarización que ya no se limita a las plazas públicas o a los debates televisados. Las campañas también se disputan en el terreno digital, donde discursos de desprestigio, burlas y ataques directos circulan a través de micrófonos, videos virales y comentarios en redes sociales como X o TikTok. En este contexto, la campaña Voto por la Igualdad de Caribe Afirmativo, ha comenzado a documentar una serie de hechos de violencia política dirigidos contra candidaturas abiertamente LGBTIQ+.
Según el Observatorio de Participación Política LGBTIQ+, estos episodios no pueden leerse como incidentes aislados. Por el contrario, responden a un patrón que busca erosionar la legitimidad de las personas diversas en la esfera pública y limitar su participación en condiciones de igualdad. Durante más de una década, el observatorio ha registrado cómo la orientación sexual o la identidad de género de quienes aspiran a cargos de elección popular se convierte en un blanco recurrente de ataques, estigmatización y descrédito.
Las cifras reflejan esa exclusión estructural. De las 3.180 candidaturas al Congreso registradas en el proceso electoral, menos del 1% corresponde a personas que se reconocen abiertamente como LGBTIQ+. Aun así, quienes participan en política enfrentan campañas marcadas por burlas, cuestionamientos a su vida privada, uso deliberado de lenguaje despectivo y prácticas como el misgendering —la negación de la identidad de género de una persona— incluso desde espacios institucionales.
De las 32 candidaturas LGBTIQ+, al menos 16 han manifestado recibir ataques por su orientación sexual, de las 5 candidaturas trans todas han recibido comentarios sobre su identidad de género. Hasta el momento, 6 de 10 candidatas mujeres han recibido por sus redes sociales comentarios misóginos y machistas que desacreditan su participación política por el hecho de ser mujeres, los cuales se funden como otros comentarios con tintes lesbofobícos y transfobicos.
Para el equipo de investigadores del Observatorio este tipo de prácticas configura una forma de violencia política basada en prejuicio, que no solo afecta a las candidaturas individuales sino que envía un mensaje de exclusión a toda la ciudadanía diversa.
Episodios recientes en campañas
El caso más reciente ocurrió este 3 de marzo de 2026, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella imitó públicamente el acento del exdirector del DANE y actual aspirante presidencial Juan Daniel Oviedo y afirmó que aquello que no le gustaba de él “jodido que lo arregle”, en una frase que fue interpretada como una referencia a su orientación sexual. El comentario se viralizó rápidamente y abrió un debate nacional sobre los límites del discurso político y la homofobia en campaña.
Lo problematico de las afirmaciones de la Espriella recayeron en el mensaje enviado aparentemente sobre la orientación sexual del candidato, dando a entender que es algo “defectuoso” o que debería “arreglarse”, una reproducción historica de que la homosexualidad es una desviación, amplificado por el tono dicotomico que va entre lo burlesco y despreciable.
Esta línea de desprecio y reproche ocurre en el caso del candidato a la Cámara de representante por Bogotá Mauricio Toro, quien fue el primer congresista abiertamente gay del país. Durante la campaña, en redes sociales circularon cuestionamientos sobre su uso de la aplicación de citas entre hombres gay Grindr, su idoneidad como aspirante y hasta se consideró promotor de la mal llamada “ideología de género”. Los comentarios en redes sociales fueron aumentando de tono, con mensajes de burla, ofensas, desprecio, ira, violencia y minimización. El propio Toro respondió públicamente confirmando que se trataba de su cuenta y afirmó: “¡Nuestro turno de ser libres y diversos es ya!”.
Estas campañas de desprestigio han sido un arma electoral, a otro candidato abiertamente gay le ocurrió una situación similar. Luis Carlos Leal, candidato al Senado, ha recibido ataques reiterados basados en su orientación sexual. Desde agosto de 2024, la senadora María Fernanda Cabal lo llamó públicamente “plumífero” en un evento político, enmarcando su identidad como “lo anormal“. Durante la campaña en el 2026, una senadora difundió un video suyo donde se encontraba departiendo con amistades, y generó cuestionamiento sobre su idoneidad como persona, relacionado su orientación sexual como un tema problema. Evidentemente este video tenía la intención de desprestigiarlo. Leal respondió: “Soy un hombre gay feliz y orgulloso de ser quien soy. Sus palabras solo reafirman su homofobia profunda.”
Para Caribe Afirmativo que monitorea la violencia política, este es un claro ejemplo de la existencia de un doble estándar moral, pues la vida afectiva o sexual de personas heterosexuales raramente se convierte en escándalo político, en cambio, cuando se trata de hombres gay, se convierte en motivo de cuestionamiento público. De otra cara, es una forma de disciplinar el comportamiento público de una persona política a partir de su orientación sexual.
Un patrón que limita la democracia
Las mujeres diversas, personas trans y no binarias candidatas viven ensañamiento de violencia, en diálogos con estas muchas nos mencionan que tienen “casos de donde escoger”, evidenciando que la violencia política en redes sociales por razón de su identidad o expresión de género diversa, es constante. Por ejemplo, la lideresa social y política trans Andrea Romero Guerrero ha sido atacada de manera frecuente en redes sociales, a través de mensajes y comentarios que desconocen su identidad de género diversa, uno de los episodios más violentos fue perpetrado por la diputada de la Asamblea de Risaralda, Luz Neila Polo Ramírez, publicó en TikTok el comentario “biológicamente él es un hombre”, en respuesta a un video de entrevista de Romero. El mensaje constituye un acto de misgendering deliberado contra una mujer cuya identidad de género se encuentra legalmente reconocida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La exalcaldesa de Bogotá Claudia López, quien busca una candidatura presidencial y fue la primera mujer abiertamente lesbiana en gobernar una capital latinoamericana, también ha enfrentado ataques reiterados que utilizan su orientación sexual como herramienta de deslegitimación política. En revisión de sus redes sociales, nos encontramos con comentarios como como: “Una persona como ella no representa a la familia colombiana.”, “Colombia no puede tener una presidenta así.”, “La ideología de género no puede gobernar el país.” o “Gobierna para el lobby LGBT”, un sin números de mensajes estigmatizantes y narrativas mediáticas que buscan presentar su identidad como un rasgo político negativo, donde la crítica política legítima que puede realizarse a la candidata se mezcla con prejuicios de género y orientación sexual, y aumenta la concepción que es incompatible su “ser” con el ejercicio del poder.
Para Caribe Afirmativo, la violencia política contra personas LGBTIQ+ no solo se expresa en insultos o burlas individuales. También opera como una estrategia de exclusión que busca deslegitimar a ciertas personas en función de su identidad. En lugar de debatir propuestas, los ataques desplazan la discusión hacia la vida privada o la identidad de quienes participan en la política.
Este fenómeno tiene efectos concretos: desalienta la participación de nuevas candidaturas diversas, refuerza estereotipos sociales y reproduce la idea de que ciertos cuerpos o identidades no son aptos para ejercer el poder público. En ese sentido, se advierte que la democracia sólo puede consolidarse cuando todas las personas pueden participar en igualdad de condiciones, sin que su orientación sexual o identidad de género se conviertan en armas de campaña.
Mientras avanza el calendario electoral, el monitoreo de estos hechos busca visibilizar una realidad persistente: en Colombia, la disputa por el poder también pasa por la disputa por el derecho de las personas diversas a ocuparlo. La diversidad, insisten activistas y candidaturas, no es una concesión del sistema político, sino parte constitutiva de la ciudadanía.