19 de junio de 2026. Mientras Colombia se acerca a una nueva contienda presidencial y crecen los debates sobre el futuro de los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales, la experiencia de Argentina se ha convertido en un punto de referencia inevitable para quienes observan con preocupación el ascenso de proyectos políticos que se identifican con liderazgos como los de Javier Milei, Donald Trump o Nayib Bukele.
Con el objetivo de reflexionar sobre estos escenarios, Caribe Afirmativo conversó con Esteban Paulón, diputado nacional de Argentina, activista por los derechos LGBTIQ+ y una de las voces más visibles de oposición a las políticas impulsadas por el gobierno de Milei.
Durante la conversación, Paulón analizó cómo se han transformado las condiciones para el ejercicio de los derechos en Argentina, explicó por qué las llamadas “batallas culturales” ocupan hoy el centro del debate político y compartió algunas lecciones que, a su juicio, podrían resultar relevantes para Colombia en un contexto electoral marcado por la polarización y la incertidumbre.
“Esto no es un fenómeno exclusivamente argentino”
Al preguntarle por las similitudes entre lo que ocurre actualmente en Colombia y la experiencia argentina, Paulón fue enfático en señalar que no se trata de fenómenos aislados ni exclusivamente nacionales.
“Esto no es una política aislada de Colombia, de Argentina o de Estados Unidos. Es una estrategia global de sectores de extrema derecha que han logrado construir un sentido común que responsabiliza a determinados grupos sociales por problemas económicos y por el malestar que experimenta buena parte de la ciudadanía.”
Según explicó, estos sectores han identificado en agendas como los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGBTIQ+, las políticas ambientales o las organizaciones de la sociedad civil un enemigo conveniente sobre el cual descargar frustraciones sociales acumuladas.
“Han logrado instalar la idea de que el avance de estas agendas tiene relación con el deterioro de las condiciones de vida de las personas. Es una operación política que simplifica problemas complejos y construye culpables fáciles.”
La batalla cultural como distractor
Uno de los aspectos centrales de la conversación giró alrededor de la llamada “batalla cultural”, un concepto utilizado frecuentemente por sectores conservadores y de extrema derecha para cuestionar avances en materia de derechos humanos.
Para Paulón, el problema no radica únicamente en los ataques contra determinados grupos sociales, sino en la función política que cumplen esos ataques.
“Nosotros somos una excusa, una máscara. Ponemos la cara, el cuerpo, nuestra dignidad y nuestros derechos en una batalla cultural imaginaria para que la sociedad mire eso y no discuta el modelo económico.”
En su opinión, la discusión pública termina concentrándose en temas como el aborto, el matrimonio igualitario o la diversidad sexual, mientras otros asuntos estructurales quedan fuera del debate.
“Parece que es más grave que las mujeres puedan abortar o que las personas LGBTIQ+ podamos casarnos, que legislar o generar políticas públicas a favor de la concentración de la riqueza en pocas manos.”
Para el diputado argentino, esta lógica permite que debates relacionados con la desigualdad, la distribución de la riqueza o las condiciones materiales de vida pierdan protagonismo frente a controversias culturales diseñadas para generar confrontación.
¿Cómo retroceden los derechos cuando las leyes siguen vigentes?
Una de las preguntas centrales de la entrevista estuvo relacionada con una percepción frecuente entre distintos sectores sociales: la idea de que los derechos conquistados son permanentes y que solo podrían perderse mediante la derogación de leyes.
“No hace falta derogar una ley para quitarte un derecho.”
Aunque reconoció que en Argentina no existen actualmente mayorías políticas suficientes para eliminar normas como el matrimonio igualitario o la Ley de Identidad de Género, explicó que sí se han producido retrocesos importantes mediante otras vías.
“No hay una correlación de fuerzas para derogar las leyes, pero sí hubo eliminación de instituciones, programas y políticas públicas de protección de derechos para las mujeres, para la diversidad sexual y para la prevención de la violencia de género.”
Entre las medidas que mencionó se encuentran el cierre o debilitamiento de organismos especializados, la eliminación de programas públicos y la reducción de recursos destinados a garantizar derechos previamente reconocidos.
Como consecuencia, advirtió, muchas personas continúan teniendo derechos formalmente reconocidos, pero encuentran cada vez más obstáculos para ejercerlos.
“Hay una dificultad en el acceso a ciertos derechos. Claramente se hace todo un poco más difícil.”
Las consecuencias más allá de las instituciones
Paulón también alertó sobre los efectos sociales que producen determinados discursos políticos.
Según explicó, la legitimación pública de mensajes discriminatorios no se queda en el plano simbólico, sino que tiene consecuencias concretas sobre la vida de las personas.
“Se incrementaron los crímenes y la violencia hacia el colectivo LGBTIQ+ porque existe un clima más permisivo para los sectores más reaccionarios.”
A su juicio, cuando los discursos de odio encuentran espacio en la esfera pública o son promovidos desde posiciones de poder, terminan generando condiciones que facilitan nuevas expresiones de violencia, exclusión y discriminación.
La lección para Colombia
De cara al contexto colombiano, Paulón insistió en que las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos deben evitar responder a la polarización con más polarización.
En cambio, considera fundamental fortalecer los procesos pedagógicos y mantener abiertos los canales de diálogo con la ciudadanía.
“Cuando hablamos directamente con la ciudadanía, cuando explicamos y cuando la gente entiende lo que estos cambios implican en su vida cotidiana, ahí ellos pierden.”
También hizo un llamado a reconocer que no todas las personas que apoyan este tipo de proyectos políticos lo hacen motivadas por prejuicios o discursos de odio.
“Hay personas que votan estas opciones porque están enojadas con la situación económica, porque están insatisfechas con su vida cotidiana o porque sienten que la política no ha resuelto sus problemas.”
Por ello, considera que el reto consiste en disputar el sentido común desde la argumentación, la evidencia y la cercanía con la ciudadanía.
“Nunca perder la calma. Nunca cortar el vínculo. Lo nuestro como activistas siempre es tener una actitud pedagógica.”
La experiencia argentina demuestra que los retrocesos democráticos no siempre ocurren de manera abrupta. A veces comienzan con la eliminación de programas, el debilitamiento institucional, la normalización de discursos discriminatorios y la pérdida progresiva de condiciones que permiten ejercer los derechos conquistados. Esa es, quizás, una de las advertencias más importantes que deja hoy Argentina para el resto de América Latina.