La mandataria electa proclama su compromiso con los “valores tradicionales de familia”, entre las propuestas que la impulsaron a ganar la presidencia en primera vuelta.
10 de febrero de 2025. Tras las elecciones presidenciales de febrero de 2026, Laura Fernández Delgado ha sido electa presidenta de la República de Costa Rica para el periodo 2026–2030, tras obtener cerca del 48 % de los votos en primera ronda según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), superando el umbral necesario para evitar una segunda vuelta.
Fernández, de 39 años, es miembro del Partido Pueblo Soberano (PPSO), una fuerza política de derecha y conservadora surgida en 2022, y fue ministra y jefa de gabinete bajo la administración del presidente saliente, Rodrigo Chaves. Su candidatura se construyó como continuidad del proyecto político iniciado por Chaves, con un enfoque claro en temas de seguridad y orden público.
La nueva mandataria ha vinculado su victoria a la necesidad de enfrentar el aumento de la criminalidad y de consolidar reformas profundas en las instituciones del Estado, un discurso que ha resonado con una parte importante del electorado costarricense. En su campaña y primeros mensajes públicos, Fernández ha expresado su compromiso con valores tradicionales en áreas como “vida” y “familia”, incorporando referencias a su fe y a principios éticos conservadores en su retórica política.
Si bien estas declaraciones no se refieren directamente a temas de diversidad sexual y de género, el énfasis en “valores de familia” y su conexión con sectores sociales conservadores pueden tener influencia indirecta en la forma cómo la agenda de derechos sociales se prioriza en su gobierno.
¿Qué implicaciones podría tener esto para las personas LGBTIQ+?
Continuidad o estancamiento
Costa Rica ha logrado avances importantes en materia de derechos LGBTIQ+, incluyendo la existencia de matrimonio igualitario, protecciones legales básicas y manifestaciones de visibilidad social como eventos masivos de orgullo.
Sin embargo, la campaña de Fernández y su base política no han puesto públicamente a los derechos LGBTIQ+ como una prioridad clara de gobierno, lo que puede traducirse en:
- Estancamiento si la administración prioriza otros temas, como seguridad o reformas institucionales.
- Mayor clima de incertidumbre social en ámbitos donde aún persisten prejuicios culturales, ya que sectores conservadores con influencia en la política podrían mantener posiciones restrictivas sobre educación sexual integral, reconocimiento de identidades de género o protección en todos los ámbitos de la vida social.
Factores de contexto que pueden afectar los derechos LGBTIQ+
Polarización política y enfoque en seguridad
El discurso predominante en la campaña de Fernández ha estado centrado en la lucha contra el crimen y en propuestas de tipo mano dura, replicando enfoques similares a los de otros gobiernos de la región. Aunque estas políticas responden a la preocupación del electorado por la seguridad, también pueden relegar agendas sociales, como los derechos de las personas LGBTIQ+, si no se articulan de forma explícita dentro de las prioridades de gobierno.
Influencia de sectores religiosos y conservadores
El respaldo de sectores tradicionalistas y religiosos implícitamente asociado a valores de “familia” puede influir en el tono de políticas públicas y en el ambiente institucional para temas de diversidad sexual y de género. Aunque no hay evidencia de intentos de revertir derechos ya consolidados, existe el riesgo de que no se impulsen nuevas políticas de inclusión social ni se fortalezca la protección de grupos vulnerables.
No obstante, es importante resaltar que, pese a estas señales, los derechos ya constitucionalizados y los avances legales vigentes siguen protegidos por el marco jurídico costarricense, el cual ha sido reforzado por importantes decisiones judiciales y prácticas institucionales. En este contexto, las organizaciones sociales, redes de activismo LGBTIQ+ y la sociedad civil pueden jugar un papel crucial en:
- Monitorear y exigir la implementación efectiva de políticas públicas existentes para la igualdad de derechos y contra la discriminación.
- Presionar por la inclusión explícita de la agenda de diversidad sexual y de género en la gestión del nuevo gobierno.
- Fortalecer procesos de diálogo con instituciones estatales para consolidar avances y evitar retrocesos en prácticas sociales y culturales.
En conclusión, la elección de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica representa un cambio político marcadamente conservador, con una agenda centrada en seguridad y continuidad de las políticas del gobierno saliente. Si bien no hay indicios de que se anulen derechos ya conquistados por las personas LGBTIQ+, este contexto sugiere que la aplicación práctica y la expansión de políticas de inclusión podrían no estar entre las prioridades del nuevo gobierno, a menos que exista presión sostenida de la sociedad civil y de sectores progresistas.
Este nuevo ciclo político exige atención continua, articulación de estrategias de incidencia y fortalecimiento de alianzas sociales para defender y promover los derechos de las personas LGBTIQ+ en Costa Rica.