16 de octubre de 2026. Desde Caribe Afirmativo expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a la solicitud presentada por la ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, para derogar la Resolución Conjunta 1350 de 2026, mediante la cual se adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026–2035. Esta solicitud representa una amenaza para los avances alcanzados en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, la educación integral para la sexualidad y la construcción de entornos educativos libres de discriminación.
En una comunicación dirigida a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, fechada el 21 de septiembre de 2026, la ministra no solo solicita iniciar el procedimiento de derogatoria de la política, sino también expedir una Directiva Presidencial que impida nuevas actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales y pedagógicas fundamentadas en esta resolución mientras se adelanta dicho procedimiento. Es decir, se propone detener su implementación incluso antes de que exista una decisión definitiva sobre su legalidad.
Nos preocupa especialmente que esta solicitud cuestione la incorporación de contenidos relacionados con la sexualidad, el género y los derechos reproductivos en los proyectos educativos institucionales, los planes de estudio y las prácticas pedagógicas. La educación integral para la sexualidad no constituye una imposición ideológica, sino una herramienta fundamental para prevenir las violencias sexuales, combatir la discriminación, promover la autonomía y garantizar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes accedan a información científica, pertinente y adecuada a sus edades.
La autonomía escolar y el derecho de las familias a participar en la educación de sus hijos e hijas no pueden utilizarse como argumentos para desconocer las obligaciones del Estado en materia de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de reconocer la diversidad de experiencias, identidades y realidades de quienes las integran, así como de prevenir las violencias basadas en género, orientación sexual e identidad de género.
Resulta particularmente preocupante que una política pública concebida para articular la respuesta del Estado frente a los derechos sexuales y reproductivos sea presentada como un problema que debe contenerse con urgencia. Los cuestionamientos jurídicos sobre un acto administrativo deben tramitarse mediante los mecanismos institucionales correspondientes, sin convertirlos en una justificación para debilitar las garantías de derechos ni desconocer las necesidades de las poblaciones históricamente discriminadas.
Recordamos que los derechos sexuales y reproductivos no son concesiones de un gobierno ni pueden quedar sujetos a las convicciones personales de quienes ocupan cargos públicos. Su protección responde a obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano. La educación debe ser un espacio para ampliar derechos, no para restringir el acceso al conocimiento ni reproducir prejuicios sobre la sexualidad y la diversidad humana.
Por ello, desde Caribe Afirmativo hacemos un llamado al Gobierno nacional y a los ministerios involucrados para que garanticen la continuidad de las acciones orientadas a proteger los derechos sexuales y reproductivos, aseguren la participación efectiva de las organizaciones sociales y eviten decisiones regresivas que afecten especialmente a mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+.
Solicitamos, además, que cualquier revisión de la Resolución 1350 de 2026 se adelante con transparencia, sustento jurídico y técnico, y participación de las poblaciones directamente concernidas, sin suspender injustificadamente las obligaciones que el Estado tiene en materia de educación, salud, igualdad y no discriminación.
Colombia necesita fortalecer sus políticas públicas para enfrentar las violencias sexuales, los embarazos no deseados, la discriminación y las barreras de acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva. Retroceder en estos compromisos no resuelve los problemas del sistema educativo: profundiza las condiciones de desigualdad que estas políticas buscan transformar.
La educación integral para la sexualidad y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos son conquistas democráticas que deben protegerse. El Estado colombiano tiene la obligación de avanzar en su cumplimiento, no de promover su desmantelamiento.
