5 de marzo de 2026. La mañana de este jueves se confirmó la muerte de Daniela, mujer trans que había resultado gravemente herida tras un ataque con arma de fuego ocurrido el pasado 25 de febrero en el centro de Manizales. El presunto responsable es el exalcalde del municipio de Filadelfia, William Jairo Noreña Vásquez, quien fue capturado el mismo día de los hechos.
Daniela permanecía hospitalizada desde entonces debido a la gravedad de las lesiones. De acuerdo con información conocida por la Fiscalía, el ataque ocurrió en la Residencia Media Luna, ubicada en el centro de Manizales. Según el reporte preliminar, el exmandatario llegó en horas de la tarde acompañado de Daniela, a quien habría contactado previamente a través de una página web. Ambos ingresaron a una habitación del establecimiento.
Según la investigación preliminar, Noreña Vásquez habría sacado una pistola y disparado contra Daniela. La víctima intentó resguardarse en el baño de la habitación mientras resultaba gravemente herida. Cuando el agresor intentó disparar contra otra mujer trans, el arma se habría trabado, lo que le permitió huir del lugar. Sin embargo, el hombre volvió a intentar accionar el arma y el proyectil terminó atravesando hacia otra habitación, donde hirió a un hombre que se encontraba descansando allí.
Una patrulla llegó de inmediato al lugar y encontró a Noreña Vásquez desnudo dentro del establecimiento. Los uniformados le ordenaron soltar el arma y prestaron auxilio a Daniela, quien en ese momento alcanzó a señalar al hombre como su agresor.
Según los datos del Observatorio de DD. HH ese sería el caso número 19 de asesinato de una persona LGBTIQ+ en Colombia y siendo el 12 (decimosegundo) asesinato de una mujer trans. La muerte de Daniela se produce en un contexto nacional marcado por reiteradas violencias contra personas trans, particularmente contra mujeres trans que ejercen trabajo sexual y que enfrentan altos niveles de vulnerabilidad, estigmatización y riesgo en escenarios donde la institucionalidad ha sido insuficiente para garantizar su protección.
Desde una perspectiva de derechos humanos, este caso exige una investigación rigurosa y con enfoque diferencial de género e identidad de género, que permita esclarecer plenamente los hechos, determinar responsabilidades y garantizar el acceso a la justicia para la víctima. El caso también plantea preguntas profundas sobre las dinámicas de poder, impunidad y violencia que atraviesan la vida de las mujeres trans en Colombia. Cuando quienes ejercen o han ejercido cargos públicos aparecen vinculados a estos hechos, la obligación de transparencia, verdad y justicia debe ser aún más contundente.
La muerte de Daniela no puede convertirse en una estadística más en el historial de violencia contra personas trans en el país. Su nombre se suma a una lista dolorosa de vidas truncadas en contextos donde el prejuicio, la desigualdad y la desprotección continúan marcando el destino de muchas mujeres trans.
Hoy la exigencia es clara: verdad, justicia y garantías reales para que ninguna otra mujer trans sea víctima de la violencia.