Ilustración: Dejusticia

09 de abril de 2026. En el marco del Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas, Colombia se enfrenta, una vez más, a la necesidad de nombrar lo que históricamente ha preferido omitir. Según el más reciente boletín de paz de la Unidad para las Víctimas (segundo semestre de 2025), se han reconocido 7.288 personas LGBTIQ+ como víctimas del conflicto armado. Una cifra que, aunque significativa, resulta profundamente insuficiente para dar cuenta de la magnitud real de la violencia ejercida contra estos cuerpos y estas vidas.

No se trata solo de un número, se trata de un síntoma, de un indicador de subregistro estructural que revela las barreras persistentes para el reconocimiento, la denuncia y la inclusión efectiva de las personas LGBTIQ+ en los sistemas oficiales de información. Pero también habla de algo más profundo: de la dificultad histórica del Estado colombiano para comprender que la violencia no se distribuye de manera neutral, y que el conflicto armado ha operado —y sigue operando— a través de lógicas de género, orientación sexual e identidad de género que exacerban la vulnerabilidad de ciertos cuerpos.

Las personas LGBTIQ+ no solo han sido víctimas del conflicto armado; han sido blanco de una violencia que se ensaña con su existencia misma, sus cuerpos han sido territorios en disputa: escenarios donde se inscriben las tensiones del control social, las lógicas de disciplinamiento y las prácticas de exterminio simbólico y material. Han sido cuerpos corregidos, castigados, desaparecidos y sobre los cuales se ha intentado imponer un orden heterosexual y binario, incluso en medio de la guerra.

Hablar de estas violencias implica reconocer que no son hechos aislados ni colaterales, son violencias intencionadas, sostenidas en prejuicios profundamente arraigados, que convierten la diferencia en motivo de persecución, y en ese sentido, las personas LGBTIQ+ no enfrentan una única victimización, sino múltiples capas de afectación: por su condición de víctimas del conflicto y por su identidad o expresión de género, que las ubica en un lugar de mayor exposición al daño.

En este contexto, la conmemoración de la solidaridad no puede quedarse en el gesto simbólico. Exige una interpelación profunda: ¿Cómo se construye la solidaridad cuando las víctimas LGBTIQ+ siguen siendo invisibilizadas en los registros oficiales? ¿Cómo se expresa la solidaridad de un Estado que aún no logra garantizar procesos de reparación integral con enfoque diferencial efectivo? ¿Qué significa solidarizarnos como sociedad si seguimos mirando hacia otro lado frente a las violencias motivadas por prejuicio?

La solidaridad, en este escenario, no puede ser complaciente ni retórica, debe ser incómoda. Debe cuestionar las omisiones institucionales, exigir transformaciones estructurales y comprometer a la sociedad en su conjunto. No basta con reconocer a las víctimas si no se transforman las condiciones que permiten la repetición de las violencias.

Hoy, más que nunca, es necesario insistir en que la reparación no es solo un derecho, sino una deuda histórica. Una deuda que implica reconocer las especificidades de la violencia contra personas LGBTIQ+, garantizar su participación efectiva en los procesos de memoria, verdad y justicia, y construir garantías reales de no repetición.

Pero también es una deuda social. Porque la violencia no solo se reproduce en los territorios del conflicto, sino en los silencios cotidianos, en la indiferencia, en la negación. La solidaridad, entonces, no puede ser selectiva. Debe ser activa, consciente y transformadora.

Nombrar a las víctimas LGBTIQ+ es un acto político, pero también lo es exigir que sus vidas importen no solo en la memoria, sino en el presente, porque la verdadera solidaridad no se mide en palabras, sino en la capacidad de un país para garantizar que nadie vuelva a ser violentado por ser quien es.