El mensaje claro que ha dejado el gobierno de ADLE en materia de las vidas LGBTIQ+ fue claro y lo emitió su Cancillería: “no nos importan”, es decir, les somos indiferentes. La indiferencia justifica la invisibilidad, que es motor de complicidad, y ello hace que la violencia se agudice y que se justifique la exclusión como forma de vida.

El hallazgo quizás más revelador que encontró la Comisión de la Verdad de Colombia sobre la violencia contra las personas LGBTIQ+ es que este país ha naturalizado la violencia contra las personas sexo-género diversas y, según la instancia de paz, esa conducta fue aprovechada por los actores armados para hacerlos diana de sus violencias. La misma situación podríamos estar viendo hoy con el gobierno de Colombia. En una alocución televisada y en un documento público han indicado: “No es prioridad para este gobierno los derechos de las personas LGBTIQ+”. Es decir: no les interpela la violencia sistemática y la ausencia de garantías de vida digna, no les mueve en la función pública el déficit de derechos y no les convoca activar acciones afirmativas ante la exclusión cotidiana. Este mensaje, en oídos de promotores de violencia y maquinadores de odio, es dar un mensaje de “vía libre” venido del mismo gobierno, de cosificar y aniquilar, porque, sin vidas despreciadas, y quien debe velar por la ciudadanía, como lo confirma el proceso democrático, ha decidido que dichas vidas, por su diversidad sexual y de género, no importan.

Ante la decisión de la Cancillería de no priorizar el trabajo con las personas LGBTIQ+, queremos recordarle al gobierno que el pasado 26 de abril, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Ginebra, el Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género presentó su informe sobre la visita que hizo a Colombia en mayo de 2025; presentó su preocupación por el incremento de la violencia y la falta de fortalecimiento de políticas públicas y dejó unas recomendaciones que son claves para pasar de la indiferencia a la garantía de derechos:

1. En materia de las tareas que le asisten a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, en América hay dos convenciones regionales para prohibir la discriminación y formas conexas de intolerancia, que esperan hace 12 años que la Presidencia, junto con el Congreso, ratifiquen y sea parte del ordenamiento constitucional prohibir cualquier acto de exclusión.
2. También le recuerda a la Cancillería que, junto con el Ministerio del Interior, reconozca la orientación sexual, identidad y expresión de género a la hora de tomar decisiones en materia de asilo y protección internacional y capacite en esta materia a funcionarios de Migración.
3. Frente a la vida interna del país, ante la máxima de que en democracia hay que activar acciones afirmativas para corregir el déficit de derechos, el Experto indicó que es necesario que la Presidencia y el Departamento Nacional de Planeación garanticen que las políticas públicas existentes hace más de 10 años en el país cuenten con un marco institucional que tenga continuidad, protección jurídica, acelerando la implementación del plan de acción nacional con base en el CONPES 4147, que por primera vez otorgó recursos y tareas específicas para poder garantizar integralidad de derechos a las personas LGBTIQ+, con mecanismos de seguimiento y monitoreo y garantías de financiación.
4. En materia de recursos para superar la precarización con la que viven en el país la mayoría de personas sexo-género diversas, se solicitó al Ministerio de Hacienda, en asocio con el Departamento Nacional de Planeación, garantizar la financiación de dicha política pública LGBTIQ+ con la participación en todos los procesos de la ciudadanía, que permitan, en acciones de monitoreo y seguimiento con indicadores claros de transformación, medir los avances.
5. Frente al reto de ser el país con mayores casos de violencia cometidos por prejuicio hacia personas LGBTIQ+ en el hemisferio, instó al Ministerio de Justicia a definir y aplicar líneas de investigación prioritarias de delitos motivados por prejuicio a la orientación sexual, identidad y expresión de género y, junto con la Policía Nacional, diseñar vías de acceso a la justicia para que las víctimas sexo-género diversas tengan rutas seguras y no revictimizantes y fortalecer la colaboración interinstitucional con las ramas de justicia, para evitar la acción con daño.
6. Frente a los retos de poder participar en escenarios democráticos con indicadores de igualdad, se invitó al Ministerio del Interior a garantizar la aplicación efectiva del Protocolo de Voto Trans en los procesos electorales, en articulación con la Registraduría Nacional del Estado Civil, y promover en todos los espacios de participación que existen en el país las garantías para la presencia de las personas LGBTIQ+.
7. Por el reclamo constante de la sociedad civil de corregir de raíz las violencias y activar cambios estructurales para romper con su continuum, exhortó al Ministerio del Interior y la Policía Nacional, en asocio con la Fiscalía, a aprobar, aplicar y evaluar directrices nacionales de carácter vinculante que prohíban la elaboración de perfiles, el acoso y el maltrato contra las personas LGBTIQ+ en el país.
8. En relación con la integralidad de los derechos, se solicita al Ministerio de Salud aplicar integralmente las directrices sobre la atención en salud a personas trans, despatologizar las identidades y garantizar acceso efectivo y no discriminación en la atención de la reafirmación de género, prevención y tratamiento del VIH, garantizar el tratamiento antirretroviral, terapia hormonal y servicios de salud mental como acción afirmativa con enfoque diferencial a las personas LGBTIQ+.
9. Al mismo Ministerio y a las autoridades en salud, invita a supervisar y sancionar prácticas de conversión, que son tortura y que promueven el desprecio al propio proyecto de vida, y capacitar a los profesionales sobre orientación sexual e identidad de género.
10. Se indica que urge en el servicio de salud pública activar medidas especiales de protección en salud a mujeres lesbianas, bisexuales y personas trans y apoyo psicosocial con enfoque diferencial para ellas, garantizando su visibilidad en el sistema de datos y las políticas públicas para prevenir la violencia de género o la revictimización por el patriarcado y el binarismo.
11. Urgió al Ministerio de Educación establecer un sistema nacional de seguimiento a la violencia y la discriminación en el ámbito escolar, aplicar de forma efectiva la educación sexual integral, impartir de forma obligatoria capacitación sobre orientación sexual, identidad y expresión de género al personal docente y evaluar los avances de su impacto real que permita poner fin al matoneo escolar promovido por prejuicio a la orientación sexual, identidad o expresión de género y que garanticemos un sistema escolar seguro.
12. En materia de una concepción de seguridad integral y humana, invitó al Ministerio de Defensa con el Consejo de Seguridad Nacional a reconocer que las violaciones tienen repercusiones en la seguridad nacional y combatir de forma expresa la violencia por prejuicio, tanto jerárquica, que discrimina, como excluyente, que aniquila, actuando no cuando se cometen las violencias, sino para que estas no se cometan ni en el plano físico, verbal y/o simbólico.

Son estas recomendaciones, conocidas hace menos de 5 meses en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una de las tantas razones por las cuales pierde peso una afirmación tan irresponsable, viniendo del Viceministro de Relaciones Exteriores, de que nuestros derechos no son “prioritarios”. Precisamente, su falta de priorización hace que en este país la diversidad nos cueste la vida y, si este gobierno, del cual nos faltan tres años y 10 meses, sigue en esta lógica, lo que nos espera es un aumento de violencia y más obstáculos para poder hacer de nuestra existencia un proyecto de vida en dignidad.

Wilson Castañeda Castro

Director

Caribe Afirmativo