El Congreso debe ser un lugar garante de derechos para las personas LGBTIQ+, y para ello debe combinar tres acciones: avanzar en los proyectos de ley que garanticen una vida digna; promover debates de control político que exijan la materialización de compromisos, y propiciar discusiones en clave de derechos, que respeten las libertades y no pongan en jaque la dignidad humana.
El control político es una de las tareas que más debe consolidar el proyecto de la República, pues de él depende el seguimiento y monitoreo de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo y otras fuerzas del Estado responsables de garantizar el bien común. En materia de diversidad sexual y de género, el actual Congreso representó un avance significativo: por primera vez, se conformó una bancada de la diversidad integrada por una senadora y seis representantes a la Cámara abiertamente LGBTIQ+; se presentaron dos proyectos de ley orientados a profundizar nuestros derechos: Quiérele siempre, sobre la prohibición de terapias de conversión, y la Ley Integral Trans. Sin embargo, también por primera vez se presentó un proyecto de ley contrario a los derechos de las personas sexo-género diversas, liderado por la congresista cristiana Lorena Arenas.
Este último año de mandato, que coincide con el proceso electoral en el que muchas y muchos buscan ser reelegidos, representa un reto: concretar los proyectos de ley pendientes, frenar los que buscan retrocesos, y sostener los debates en el marco de los derechos, sin permitir discursos de odio. A ello se suma la urgencia de realizar un control político riguroso a los compromisos asumidos por el gobierno, que en un par de semanas entra también en su último año, para evaluar si efectivamente el cambio fue real para las personas LGBTIQ+ y si la promesa de ser una “potencia de la vida” significó dignidad para quienes forman parte del movimiento social y se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Con ánimo propositivo, planteamos siete frentes en los que este Congreso puede enfocar su control político en materia de derechos LGBTIQ+:
- Implementación del CONPES 4147: El año pasado, Planeación Nacional, junto con el Ministerio de Igualdad, formuló el CONPES 4147 para la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ+. Este documento, construido de forma participativa en todo el país, asigna una bolsa de recursos con metas y acciones claras de diferentes entidades estatales. Su objetivo es reducir las barreras económicas, sociales, culturales, institucionales, políticas y las violencias basadas en prejuicios hacia identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas, con miras a garantizar en el horizonte 2025–2035 el goce efectivo de todos los derechos para las personas LGBTIQ+ y el acceso pleno a la ciudadanía. Este año ya debería haberse vinculado a planes de acción concretos en las distintas dependencias.
- Puesta en marcha de la Política Pública Nacional LGBTIQ+: Hace siete años, al finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos, se aprobó el Decreto 762 que dio vida a esta política, cuya construcción tardó más de cuatro años e incorporó múltiples voces del país. Sus primeros años de implementación —durante el gobierno de Iván Duque— fueron ignorados, pese a presiones judiciales. Solo en campaña electoral el actual gobierno retomó compromisos, traspasando funciones del Ministerio del Interior al Ministerio de Igualdad. Tres años después, no se conocen acciones concretas, metas ni resultados de esta política.
- Implementación del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”: Este es el primer plan de desarrollo que incluye medidas específicas para garantizar derechos de las personas LGBTIQ+. Aunque el documento aprobado por el Congreso no establece indicadores ni resultados específicos, su articulado incluye el capítulo “Colombia igualitaria, diversa y libre de discriminación”, que reconoce las desigualdades históricas enfrentadas por la población LGBTIQ+ y propone estrategias para superarlas. Entre sus acciones destacan: fomento al empleo inclusivo, revisión de requisitos de cedulación y libreta militar para personas trans, estrategias de inclusión productiva, formación al personal de salud, eliminación de discriminación en donación de sangre, garantía de derechos en centros penitenciarios, actualización de la política de derechos LGBTIQ+ y fortalecimiento del sistema estadístico nacional con enfoque de género y diversidad.
- Resultados de la Mesa de Casos Urgentes: Esta entidad, creada hace más de diez años y consolidada en la política pública, agrupa a todos los entes nacionales responsables de garantizar derechos con énfasis en personas LGBTIQ+. Su propósito es atender y prevenir violencias, pero su accionar ha sido tardío, débil en prevención y poco efectivo en atención. El incremento de asesinatos entre 2024 y 2025 exige resultados claros, acciones contundentes y herramientas eficaces para prevenir la violencia por prejuicio, así como rutas de atención que rompan la impunidad y garanticen verdad, justicia y no repetición.
- Seguimiento a la Circular Externa 2024150000000011-5 de la Superintendencia de Salud: Esta circular establece 12 directrices para que las personas trans reciban atención médica adecuada, oportuna y libre de discriminación. Ordena a las instituciones aplicar un enfoque diferencial, más humano y respetuoso. También contiene 15 instrucciones a las entidades territoriales y 13 a las EPS para garantizar acceso a terapias hormonales, cirugías de afirmación de género y atención integral en salud mental. Aunque entra en vigencia a finales de este año, es urgente verificar el alistamiento del Estado para su implementación.
- Acceso a la justicia: Es necesario fortalecer los programas de acercamiento a la justicia con enfoque de género, incluyendo a personas LGBTIQ+. Se deben activar figuras como fiscales destacados y aplicar la directiva que ordena investigar como primera hipótesis la violencia por prejuicio. Urge también que los casos de violencia policial contra personas trans sean investigados por la justicia ordinaria, como compromiso ante la CIDH y resultado de recomendaciones de la Comisión de la Verdad.
- Justicia transicional con enfoque LGBTIQ+: La paz, como derecho, debe garantizar la vida digna de las personas LGBTIQ+. El Congreso debe evaluar cinco acciones clave:
- Búsqueda de personas LGBTIQ+ dadas por desaparecidas, con registros pertinentes y participación de la familia social.
- Implementación de las 47 recomendaciones de la Comisión de la Verdad sobre personas LGBTIQ+.
- Avances en acceso a la justicia y acreditación ante la JEP.
- Garantías para la participación efectiva en los Consejos Territoriales de Paz.
- Avance en los pilares de los PDET relacionados con el enfoque de género en territorios rurales.
- Además, se deben exigir compromisos claros a la UARIV en la reparación a víctimas individuales y colectivos, y al CNMH en la memoria de las personas LGBTIQ+ afectadas por el conflicto armado.
Ojalá esta legislatura nos permita ver numerosos debates de control político, con argumentos en clave de derechos, información suficiente, participación ciudadana y un enfoque respetuoso de las libertades. Que el Congreso recupere su vocación de garantizar la vida digna de la ciudadanía y, en especial, de aquellas personas a quienes históricamente incluso la democracia les ha negado ese derecho por prejuicios hacia su diversidad sexual y de género.Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo