29 de septiembre de 2025. Durante la 193ª sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se celebró una audiencia el jueves 24 de julio de 2025 para examinar la situación de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en Estados Unidos. Participaron diversas organizaciones de la sociedad civil, representantes del Estado estadounidense, expertos de Naciones Unidas y comisionados de la CIDH.
Las organizaciones denunciaron prácticas que calificaron como graves violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, deportaciones a terceros países sin garantías legales, separación de familias y condiciones de detención inhumanas. El Estado defendió sus políticas migratorias bajo el argumento de la soberanía y la seguridad nacional, mientras que la CIDH reiteró que cualquier política migratoria debe ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos.
Además de analizar los casos presentados, la audiencia puso de relieve el debilitamiento de mecanismos internos de supervisión en Estados Unidos, la falta de acceso a la justicia para migrantes y el impacto diferenciado que estas políticas tienen sobre grupos en condición de mayor vulnerabilidad, incluyendo personas LGBTIQ+ y migrantes en situación irregular.
- Intervenciones
Yannick Gill (Human Rights): Señaló un incremento alarmante de la detención arbitraria y desapariciones forzadas de migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos. Advirtió que, sin intervención internacional, estas prácticas se intensificarán. Destacó la reciente promulgación de una ley que permite el establecimiento de nuevas prisiones para familias migrantes, incluidos bebés, sin supervisión adecuada, lo que aumentará el riesgo de muertes evitables.
Rebecca Gendelman (Human Rights First): Denunció que el gobierno de Estados Unidos ha realizado transferencias de migrantes a terceros países, como Panamá y Costa Rica, sin procesos legales ni evaluación de solicitudes de asilo. Explicó que estas prácticas violan el derecho internacional y han separado familias, generando situaciones de desaparición forzada. Señaló que incluso se han ejecutado transferencias en abierta violación de órdenes judiciales.
Margaret Cargioli (Immigrant Defenders Law Center): Expuso el caso de más de 250 migrantes venezolanos trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador bajo la aplicación del “Acto de Enemigos Aliens”. Describió que muchos de ellos no tenían antecedentes penales y fueron acusados falsamente de vínculos con grupos criminales, basándose únicamente en tatuajes o estereotipos. Denunció abusos físicos, psicológicos y sexuales sufridos en detención, incluyendo el caso de Andry Hernández Romero, un hombre gay víctima de abuso sexual.
Jesús de la Torre (Hope Border Institute): Destacó que desde la firma de la orden ejecutiva del presidente Trump el 20 de enero de 2025, que suspendió el acceso al asilo y eliminó el sistema CBP-1, no existen mecanismos efectivos para solicitar protección internacional en la frontera. Mencionó que más de 30.000 citas fueron canceladas, dejando a miles de personas expuestas a detención y deportación.
Erik Crew (Haitian Bridge Alliance): Describió un clima de “terror estatal” contra comunidades migrantes. Denunció arrestos masivos, desapariciones y deportaciones sin notificación previa, lo que genera miedo en familias enteras, afectando incluso su acceso a educación, salud y trabajo.
Taylor Kohler (Center for Human Rights and Constitutional Law): Explicó que el gobierno busca terminar con el Acuerdo Flores, que protege a niños migrantes de detenciones prolongadas. Denunció que actualmente los menores son recluidos en condiciones insalubres y traumáticas, en instalaciones no aptas para su edad.
Javier Hidalgo (RAICES): Complementó lo anterior señalando que el gobierno actúa como si las protecciones del Acuerdo Flores ya no existieran, manteniendo a niños y familias en condiciones carcelarias diseñadas para adultos.
Denise Slavin (Americans for Immigrant Justice): Expuso que el gobierno de Estados Unidos ha desmantelado oficinas de supervisión como la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, debilitando los mecanismos internos de rendición de cuentas.
Lily Calafal y Sarah Hunter (representantes de Estados Unidos): Defendieron la política migratoria actual, afirmando que el control fronterizo es un derecho soberano y necesario para combatir el crimen organizado y los grupos transnacionales. Reconocieron las transferencias de migrantes a terceros países, justificándolas como acuerdos coordinados con naciones receptoras. Señalaron que, aunque se reciben denuncias de abusos, la responsabilidad sobre los detenidos recae en los países receptores.
Sobre la detención de menores, aseguraron que esta es una medida de “último recurso” y que existen estándares de detención y supervisión. En cuanto a las acusaciones sobre desapariciones, evasivas legales y violaciones de derechos, afirmaron que no pueden comentar debido a litigios pendientes.
Matthew Gillette: El vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias reiteró que el asilo es un derecho humano reconocido internacionalmente. Advirtió que la detención de migrantes sólo debe aplicarse como último recurso, bajo control judicial, y con revisiones periódicas. Subrayó que la detención de niños migrantes debe estar prohibida bajo toda circunstancia.
Observaciones y preguntas de la CIDH
Comisionada Roberta Clark
- Preguntó sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con migración.
- Solicitó información sobre protocolos de protección para niños migrantes detenidos.
- Insistió en la obligación de Estados Unidos de respetar los derechos humanos en todas sus políticas migratorias.
Comisionado Ariff Bulkan
- Cuestionó si las protecciones constitucionales, como el debido proceso, se aplican únicamente a ciudadanos estadounidenses.
- Preguntó si las acusaciones de vínculos criminales contra migrantes son verificadas bajo el debido proceso legal.
Comisionada Gloria Monique Benítez
- Requirió información sobre el acceso a atención médica y salud mental para migrantes detenidos, especialmente para personas mayores y con condiciones graves.
Relator Javier Palum
- Solicitó datos sobre las condiciones de salud y saneamiento en los centros de detención migratoria.
- Secretaría Ejecutiva Tania Renó
- Recordó que la CIDH ya había expresado su preocupación en informes previos sobre la política migratoria de Estados Unidos y la creciente detención de migrantes.
- Componente de diversidad sexual y de género y movilidad humana
- Las organizaciones señalaron que las políticas migratorias restrictivas tienen un impacto diferenciado en las personas LGBTIQ+ migrantes y solicitantes de asilo. Estas personas, al enfrentar discriminación estructural y violencia en sus países de origen, se ven forzadas a huir, pero terminan encontrándose con barreras adicionales en Estados Unidos.
Margaret Cargioli: resaltó el caso de Andry Hernández Romero, un hombre gay víctima de abusos sexuales en el CECOT, lo que demuestra cómo la orientación sexual puede aumentar la vulnerabilidad dentro de los centros de detención.
Además, se destacó que muchas personas LGBTIQ+ dependen de trabajos informales por la dificultad de acceder a empleos formales debido a la discriminación y la falta de regularización migratoria. Esto las obliga a exponerse a redes de explotación laboral y limita su acceso a mecanismos de protección social.
La audiencia también evidenció que no existen políticas específicas de protección para personas LGBTIQ+ migrantes en los centros de detención, lo que incrementa el riesgo de abusos y tratos degradantes. Se propuso que la CIDH elabore informes específicos sobre este tema y promueva directrices para garantizar su protección integral.
- Componente de diversidad sexual y de género y movilidad humana
Vulnerabilidad diferenciada de las personas LGBTIQ+ migrantes
- Factores de expulsión: La discriminación estructural, la violencia basada en orientación sexual e identidad de género y la falta de protección estatal en los países de origen fuerzan a muchas personas LGBTIQ+ a huir.
- Mayor exposición a riesgos: En tránsito, estas personas enfrentan abusos por parte de autoridades y grupos criminales, incluyendo extorsiones, agresiones sexuales y violencia física.
- Barreras de acceso a protección: La falta de políticas migratorias sensibles al género y la orientación sexual en EE. UU. incrementa la revictimización de esta población.
Ejemplos relevantes de la audiencia
- Caso Andry Hernández Romero: Un hombre gay venezolano fue trasladado al CECOT (El Salvador) bajo acusaciones infundadas vinculadas al Tren de Aragua. Allí sufrió abuso sexual y maltrato reiterado, evidenciando la falta de salvaguardas para personas LGBTIQ+ detenidas.
- Perfiles criminalizados: Algunas personas LGBTIQ+ fueron estigmatizadas solo por tatuajes o rasgos estéticos, lo que muestra cómo los prejuicios institucionales pueden agravar su situación de vulnerabilidad.
- Ausencia de medidas específicas: Ninguna intervención del Estado estadounidense reconoció la existencia de protocolos diferenciados de atención para personas LGBTIQ+ migrantes en detención.
Relación entre diversidad sexual, movilidad y políticas migratorias
- Las políticas restrictivas, como la eliminación del CBP-1 y el incremento de deportaciones a terceros países, afectan de manera particular a las personas LGBTIQ+ al exponerlas a contextos donde corren riesgo de persecución, violencia o falta de reconocimiento legal.
- La detención prolongada en centros sin supervisión agrava su situación, al no existir mecanismos eficaces de protección frente a discriminación o abuso sexual.
- Propuestas
- Fortalecer la supervisión internacional: La CIDH debería continuar realizando audiencias temáticas, visitas de verificación a centros de detención y emitir informes sobre las violaciones de derechos humanos contra migrantes y solicitantes de asilo.
- Garantizar el debido proceso: Estados Unidos debe asegurar que toda persona tenga acceso a asistencia legal, notificación adecuada de sus procesos y derecho a una revisión judicial efectiva.
- Suspender transferencias a terceros países sin garantías: Requerir transparencia en los acuerdos bilaterales de deportación y garantizar que se cumplan los estándares internacionales de protección.
- Atención diferenciada a personas LGBTIQ+: Recomendar políticas específicas para prevenir violencia y discriminación contra personas LGBTIQ+ migrantes, tanto en detención como en procedimientos migratorios.
- Reactivar los mecanismos de supervisión internos: Restaurar oficinas como la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles para fortalecer la rendición de cuentas.
- Acceso a información pública: Solicitar datos oficiales actualizados sobre personas detenidas, deportadas y desaparecidas para permitir una supervisión independiente.
La CIDH concluyó la audiencia reiterando que Estados Unidos debe armonizar sus políticas migratorias con los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos, y que la protección de personas migrantes y solicitantes de asilo, incluidas aquellas LGBTIQ+, es una obligación ineludible.