47 recomendaciones para la garantía de la vida digna de las personas LGBTIQ+ de la Comisión de la Verdad, propuestas como una hoja de ruta para que este proceso de avanzar en su legado nos permita superar la violencia exacerbada motivada por la persecución que los actores armados propiciaron por prejuicios hacia la orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa.
Repasar, tres años después, el informe final de la Comisión de la Verdad desde el movimiento LGBTIQ+ es asumir, de un lado, la memoria histórica de décadas de violencia que, apoyada en la indiferencia social, hizo más difícil la vida de las personas sexo-género diversas; y, de otro lado, velar por su legado, para que estas cosas no vuelvan a pasar. En 47 recomendaciones, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad propuso todo un plan de acción para hacer esto posible y pasar de la inexistencia de derechos hacia la ciudadanía plena. Releer el informe —en particular su volumen Mi cuerpo es la verdad, que relata las vidas de las personas diversas que sufrieron, pero también la historia de un movimiento que resiste a la exclusión— es una respuesta a la solicitud de su ciudadanía plena. Cada cifra en el apartado La verdad en arcoíris, que se especializa en la afectación de las personas disidentes sexuales en el marco de la guerra, representa vidas truncadas en territorios hostiles y una ausencia de derechos por garantizar.
Tres años después del informe final de la Comisión de la Verdad, Colombia no avanza en línea recta hacia la paz y tampoco se materializan proyectos de vida digna para las personas LGBTIQ+. En implementación, se avanza entre claroscuros. Hoy, 9.882.219 víctimas —el 18 % de nuestra población— nos recuerdan que el conflicto no es un recuerdo: es una herida abierta. Y en términos de ciudadanía plena, 47 asesinatos este año —el mismo número de recomendaciones— dan cuenta de que la diversidad nos sigue costando la vida. Ello se articula con un incremento, en el país, de discursos de odio y una ausencia de materialización de las tareas que tiene el Estado para la consolidación de la dignidad humana.
El transfeminicidio de Nawal, el pasado 19 de mayo en Montes de María —lideresa trans, trabajadora sexual, sujeta de reparación colectiva y acreditada ante la Jurisdicción Especial para la Paz—, quien por su liderazgo en construcción de paz recibió varias amenazas y aumentó sus riesgos (advertidos en dos alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en 2022 y 2023, y en una audiencia pública de la Procuraduría en 2024), no fue suficiente para que el Estado la protegiera. Terminó siendo asesinada, al igual que su compañera La Pola —del mismo sujeto de reparación colectiva— dos años antes. Esto dejó a su colectividad sumida en el miedo y la zozobra, porque confiar en la paz les está costando la vida. Situaciones como estas son símbolos de una encrucijada: o nos unimos en un pacto político nacional para poner fin a las violencias motivadas por los prejuicios y la persecución hacia las personas LGBTIQ+, o la indiferencia y la inacción del Estado seguirán haciendo de este país un lugar donde es imposible construir un proyecto de vida desde la diversidad sexual y de género.
De las 47 recomendaciones, podríamos destacar: la reparación efectiva de las víctimas LGBTIQ+ del conflicto armado, con énfasis en los sujetos de reparación colectiva; garantizar políticas de cuidado y atención psicosocial a las personas que, por su orientación sexual, identidad o expresión de género, fueron afectadas por la guerra; las relacionadas con la participación de personas LGBTIQ+ en espacios de decisión; que la cooperación internacional tenga en cuenta las agendas sexo-género diversas; reconocer a las mujeres LBT en el estatuto de participación de las mujeres; crear un sistema estatal e integral de información sobre la violencia hacia las personas LGBTIQ+ que dé herramientas para su prevención; romper la impunidad investigando las violencias cometidas por prejuicio; garantizar la participación de las personas LGBTIQ+ en los procesos de restitución de tierras; trabajar en cultura ciudadana para poner fin a los estereotipos y prejuicios sociales; proteger y garantizar el bienestar de las infancias y adolescencias LGBTIQ+; incluir en la cátedra de paz de las instituciones educativas el relato de la violencia sufrida por las personas LGBTIQ+ y sus esfuerzos de paz. Y, sobre todo, avanzar en grandes pactos políticos, comunitarios y territoriales para poner fin al patriarcado, el machismo, el sexismo, el clasismo y el cisgenerismo que reproducen, dentro y fuera del conflicto armado, violencia física, verbal y simbólica contra las personas sexo-género diversas.
Las recomendaciones de la CEV no son un catálogo de buenas intenciones. Son una hoja de ruta para garantizar derechos humanos básicos: el derecho a la vida, a la verdad y a un futuro sin violencia. Pero cuando está más oscuro es que va a amanecer. En esta ocasión, tres años de caminar con el legado de este informe nos permiten ver avances en otros sectores poblacionales y en otras agendas que podremos también, como buenas prácticas, solicitar para garantizar la vida digna de las personas LGBTIQ+. Porque, pese a la violencia, la esperanza se teje en colectivo, y Colombia responde con resiliencia:
- 6.900 aliados —maestros, artistas, jóvenes— multiplicaron su trabajo en un 205 %. Realizaron 2.346 acciones por la memoria en 31 países.
- En las aulas, La educación abraza la verdad llegó a 1.500 escuelas. 89 universidades hoy enseñan paz desde las cátedras.
- La exposición Hay futuro si hay verdad conmovió a 50.000 personas y viajará a Cali, Cartagena y regresará a Bogotá en 2026.
- Lo más esperanzador: la implementación del Acuerdo de Paz subió del 51 % al 57 %. 12.124 excombatientes construyen nuevos proyectos de vida con 6.003 iniciativas productivas.
En materia de personas LGBTIQ+ y de las agendas de diversidad sexual y de género, hay avances que celebramos, entre otros:
- La inclusión, por primera vez, en el Plan Nacional de Desarrollo, de acciones y metas específicas para garantizar derechos de las personas sexo-género diversas.
- El CONPES que pone en funcionamiento la política pública LGBTIQ+.
- La institucionalización del Viceministerio de las Diversidades.
- La búsqueda de las personas LGBTIQ+ dadas por desaparecidas.
- La materialización del Macrocaso 11 para reparar a las víctimas de violencia sexual.
- El compromiso de la JEP para materializar, en los macrocasos que avanzan, el delito de persecución motivado por prejuicios hacia la orientación sexual, identidad o expresión de género.
- La directiva de la Fiscalía y el grupo de fiscales especializados para investigar la violencia por prejuicio.
Estos logros nos demuestran que, cuando las instituciones, las víctimas y la sociedad civil caminan juntas, la paz se hace tangible. Ahora, estos avances se reconocerán en la medida en que transformen la vida de la gente y, en particular, que las personas sexo-género diversas experimenten, en su cotidianidad, que sus vidas son bien vividas. Para ello, requerimos que, de ser enunciados, se materialicen, se garanticen y cuenten con indicadores que permitan medir sus impactos transformadores.
Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son más que un mandato: son la oportunidad para garantizar los derechos humanos. Este es un camino que nos permitirá ser un país viable desde la diversidad en lo social, cultural, político y ético. Cada vida perdida nos interpela. Cada persona LGBTIQ+ amenazada por su visibilidad, cada mujer trans despreciada, nos grita que la paz no es una opción: es una necesidad histórica. Y que Colombia será un país en paz cuando reconozca, dignifique y respete la vida de las personas sexo-género diversas, y que el camino que nos conduce a este ideal es de la mano de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y no binarias, dándoles el lugar que corresponde en la ciudadanía y reparando sus dolores.
Wilson Castañeda Castro
Director Caribe Afirmativo