Las personas elegidas para ser senadoras y representantes a la Cámara tienen el reto histórico de poder hacer de la igualdad un valor de la democracia, sacar del debate público los proyectos que significan retroceso en derechos y hacer control político de las acciones que, por acción u omisión, ponen en riesgo la dignidad de las personas LGBTIQ+.
Acabamos de ejercer nuestro ejercicio democrático de votar por las personas que conformarán el nuevo Congreso de la República durante los próximos cuatro años, una campaña marcada por la polarización, los ataques —entre ellos muchos prejuiciosos relacionados con la diversidad sexual y de género— y la ausencia de propuestas para consolidar la vida democrática en el país. Ejercerán sus funciones en una época decisiva para concretar la igualdad como derecho y superar la inequidad que ha caracterizado al país. En las próximas horas iremos conociendo la conformación final de la corporación y, entre ella, cuántas personas LGBTIQ+ de las 32 postuladas fueron electas, cuántos aliados y aliadas de nuestras agendas estarán allí para rodearlas, pero también cuántos enemigos de la igualdad y cuántos impulsores del odio y el retroceso pondrán los derechos de los grupos históricamente excluidos en riesgo.
Siendo el Congreso el espacio donde se legisla para garantizar los derechos, una de las agendas más ausentes ha sido el reconocimiento de derechos para las personas LGBTIQ+. No es gratuito que nuestros avances, que han sido más nominales que materiales, se hayan conseguido por impulso de la Corte Constitucional ante la ausencia de compromiso del Congreso. Hubo un primer intento liderado por una congresista del Valle del Cauca, llamada Margarita Londoño; también asistimos, en la primera década de este siglo, a las deplorables palabras del congresista barranquillero Roberto Gerlein, quien al empezar un debate propuesto por el mismo Partido Liberal en cabeza de la senadora Piedad Córdoba dijo que no se debería legislar de ello, porque era “sexo excremental”. Con hundimientos, ausencia de debate y discursos ridiculizantes, este escenario, por esencia de la democracia, nunca ha legislado sobre los derechos de las personas sexo-género diversas. Solamente con la discusión y aprobación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas de 2011 se nombró por primera vez en este recinto a las personas LGBTIQ+ y se les reconoció solo como afectadas por el conflicto armado, es decir, en ausencia de ciudadanía plena.
Estar en este recinto como congresista, elegido por las colombianas y los colombianos, ha sido también una tarea difícil de avanzar. En los años noventa, luego de que la nueva Constitución promovió la participación de grupos históricamente excluidos, se presentaron campañas muy significativas como la de Manuel Velandia y Germán Rincón en Bogotá, pero la resistencia de los partidos, la poca maniobrabilidad que tenían para posicionar sus campañas y la ausencia de apoyos estratégicos, sumados a los lugares precarios donde les ponían, les hizo muy difícil este propósito. Al inicio el Partido Liberal, luego el Polo Democrático Independiente, la Alianza Social Indígena y el Partido Verde y, más recientemente, el Pacto Histórico fueron dando espacio en su militancia, en sus ejes programáticos y en sus listas para aspirar a ser elegidos. Fue Angélica Lozano la primera, luego de pasar por la designación de ser alcaldesa de Chapinero, en ser elegida representante a la Cámara por Bogotá, y Claudia López como senadora, ambas del Partido Verde. Cuatro años después, y por el mismo partido, fue elegido Mauricio Toro a la Cámara de Representantes y, en las elecciones de 2022, por primera vez seis representantes a la Cámara fueron elegidos siendo abiertamente LGBTIQ+ (Andrés de Putumayo, Alejandro y Carolina de Risaralda, Susana de Antioquia, y Tamara y María del Mar por Bogotá) y Angélica en el Senado.
Estos últimos congresistas marcaron historia en la corporación: a) se consolidaron en la primera Comisión de la Diversidad, pionera en América Latina; b) legislaron para el país, pero también para consolidar las agendas de la igualdad de derechos para las personas LGBTIQ+. No solo volvieron a poner en debate el proyecto de prohibición de las terapias de conversión que había liderado en el periodo anterior Mauricio Toro y que se había hundido, presentándolo ahora dos veces más, sino que lideraron por primera vez un proyecto de ley integral trans, que alcanzó un primer debate favorable; c) entendieron la oportunidad y ejercieron control político a la política pública LGBTIQ+, a la urgencia de prevenir las violencias y al recién creado CONPES para consolidar la materialización de derechos; y d) dentro de sus partidos y en la corporación tuvieron un papel protagónico en proyectos trascendentales para profundizar la democracia, consolidar la paz y fortalecer un desarrollo sostenible en el país.
Para decenas que han sido candidatas y candidatos, que no han ganado pero de una forma creativa han marcado formas muy honestas de hacer política; para quienes abrieron camino, hoy no están pero dejaron legado; y para quienes siguen o llegan, este lugar democrático no ha estado exento de violencia: discursos de odio, desconocimiento a su potencial político por desprecio a su orientación sexual o identidad de género, ataques de medios de comunicación, violencia verbal y simbólica e incluso física han dejado constancia de que solicitudes tan contundentes como la de la Comisión de la Verdad de sacar la violencia de la política se amplían a comportamientos prejuiciosos enquistados y presentes en la política, que generan mayor dificultad de ejercer el derecho a ser elegida cuando se asume desde la diversidad sexual y de género. Basta mirar las redes sociales, identificar algunas preguntas de los medios de comunicación o los ataques entre contrincantes que usan la orientación sexual y de género para pormenorizar, estigmatizar e incluso promulgar que es un riesgo que hagamos política desde nuestros proyectos de vida.
Por todos estos prejuicios, cobra altísima vigencia hacer política desde la enunciación y visibilidad de la diversidad sexual y de género, pues, como decía León Zuleta, demanda que la libertad política debe estar atravesada por la libertad sexual y compromete al país en una tarea que aún tenemos en mora: que la democracia exige igualdad y que la búsqueda del bien común es una responsabilidad moral que nos asiste a todas las personas de este país. Esta urgencia moral la han entendido las 32 personas LGBTIQ+ en esta ocasión, más de 200 desde la Constitución de 1991, que siendo abiertamente LGBTIQ+, algunas provenientes del activismo y otras desde otros lugares —académicos, culturales, políticos y empresariales—, además de anteponer el proyecto colectivo de país, han decidido contribuir a sacarlo adelante y hacerlo desde su enunciación de disidencia sexual y de género, no como un ejercicio guetizante, sino como un reto para medir qué tan garantes de igualdad son los espacios democráticos.
Por supuesto, hay mucho por hacer: lecciones aprendidas, errores que corregir y la consolidación de un mayor papel de liderazgo político que algunas de ellas, que han sido reelegidas, podrán implementar y que las nuevas personas que lleguen fortalecerán, teniendo en cuenta tres urgencias que demanda la corporación: a) poder concretar con urgencia los proyectos de ley y reglamentarlos para una buena implementación; b) priorizar el control político en asuntos tan importantes como el desafortunado fin del Ministerio de la Igualdad, la falta de indicadores de transformación de la política pública y la ausencia de políticas preventivas que le pongan fin a la violencia; c) denunciar y poner fin a los intentos de materializar en leyes de la República proyectos antiderechos que van en retroceso de la vida digna y que buscan desconocer la ciudadanía plena de las personas sexo-género diversas; d) conectar con las organizaciones, los colectivos y los procesos LGBTIQ+ de sus territorios para que su accionar político desde la diversidad sexual y de género no sea solo nominativo, sino que les permita articular una conversación permanente con el movimiento social; y e) honrar el principio de la democracia, que es la igualdad, y contribuir con un buen desempeño y transparencia en la transformación del país en todas las áreas y que beneficie a todas las personas colombianas, en agendas tan urgentes como la justicia social y el desarrollo sostenible.
Las personas elegidas por primera vez o reelegidas, en un poco más de cien días, darán inicio a su primera legislatura, en un momento donde el mundo ve con preocupación un desmonte de los derechos de las personas LGBTIQ+. Esperamos que este Congreso de Colombia, no solo las personas LGBTIQ+ sino todas, entiendan que su tarea de legislar, hacer control político y conectar con la ciudadanía no solo no puede estar atravesada por los prejuicios, la discriminación o la exclusión, sino que su juramento de cumplir la Constitución y la ley les obliga a hacer de la igualdad una realidad y activar acciones afirmativas para que esa ausencia estructural que en Colombia tenemos las personas sexo-género diversas de poder vivir en libertad y con garantías los proyectos de vida sea por fin una realidad. Es la mejor manera de consolidar ese derecho ciudadano de vivir en paz.Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo