28 de julio de 2025. Desde Caribe Afirmativo expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo ante los hechos de violencia ocurridos durante un operativo policial en el Centro de Atención Integral para Menores Infractores de La Guajira (CAIMEG), ubicado en Riohacha, que actualmente funciona como centro de reclusión transitoria debido al grave hacinamiento que presenta la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad de esta ciudad.
En la noche del viernes 25 y la madrugada del sábado 26 de julio, funcionarios del grupo GAULA de la Policía Nacional y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antes ESMAD), ingresaron a las instalaciones del CAIMEG con el propósito de realizar registros e incautar objetos no permitidos en el lugar. Las personas privadas de la libertad, junto con sus familiares, denunciaron que esta intervención se ejecutó de manera violenta, con agresiones físicas, verbales y psicológicas, dirigidas especialmente hacia personas LGBTIQ+ e integrantes del pueblo indígena wayuu. Lo anterior, a pesar de haberse desarrollado –según se indica– con el acompañamiento del Ministerio Público, como lo establece la norma.
Ante la gravedad de las denuncias, el lunes 28 de julio funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron una visita de verificación de derechos en el CAIMEG, en la que recolectaron testimonios de las víctimas, activaron rutas de atención y restitución de derechos. Tras su presencia en el lugar y las entrevistas realizadas, se identificaron los siguientes hallazgos:
• El operativo se habría realizado por orden de instancias jerárquicas superiores, sin notificación previa al comandante del CAIMEG, quien al momento de la intervención se encontraba fuera del centro. Las personas privadas de la libertad señalaron que las requisas son habituales en el CAIMEG, pero que nunca antes habían sido objeto de maltratos.
• Si bien se reporta la presencia de una funcionaria de la Personería durante el operativo, las víctimas manifestaron que no observaron en ningún momento la presencia de personal civil verificando el desarrollo de la intervención en el interior del recinto.
• Las personas privadas de la libertad relataron que los uniformados ingresaron de forma violenta y profirieron amenazas de muerte a todas las personas recluidas. En una de las celdas, donde se encuentran cinco mujeres, fue agredida una mujer trans, quien recibió un golpe en la cabeza durante el ingreso forzado de los uniformados. A esta persona LGBTIQ+ le fue negado su derecho a la identidad de género, se le manifestó que no debía estar en esa celda y fue objeto de amenazas con expresiones discriminatorias y violentas como “la vamos a matar por marica”.
• Además, otras personas recluidas también denunciaron agresiones físicas, verbales y psicológicas. Personas indígenas wayuu informaron que fueron obligadas a raparse el cabello, una práctica que representa un acto de humillación cultural y simbólica, pues para muchas comunidades indígenas el cabello es símbolo de identidad, dignidad y conexión ancestral.
La Policía Nacional ha informado la apertura de una investigación interna sobre los hechos.
Recordamos que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-122 de 2022, extendió el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) a los centros de detención transitorios, como el CAIMEG, reconociendo la existencia de una vulneración sistemática de derechos fundamentales en contextos de hacinamiento, negligencia institucional y condiciones indignas de reclusión.
Lo ocurrido en el CAIMEG no puede tratarse como un hecho aislado. Este caso refleja una crisis estructural que recae de forma desproporcionada sobre cuerpos e identidades históricamente marginadas, en particular sobre personas LGBTIQ+ y pueblos indígenas.
Por ello, desde Caribe Afirmativo:
🔹 Reiteramos que el Estado colombiano tiene una obligación reforzada de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, en virtud de la especial relación de sujeción en la que se encuentran.
🔹 Exigimos una investigación diligente, sanciones ejemplares a los responsables y medidas urgentes de protección para las personas afectadas.
🔹 Demandamos la implementación inmediata de las órdenes contenidas en la Sentencia SU-122 de 2022, en particular:
- (i) Traslado inmediato y progresivo a centros penitenciarios adecuados, especialmente en casos de personas condenadas.
- (ii) Implementación de estándares de reclusión digna, con condiciones mínimas de habitabilidad, salud, alimentación, servicios básicos y enfoque diferencial.
- (iii) Separación de personas privadas de libertad conforme a su sexo, género e identidad de género.
- (iv) Protección especial para personas en situación de riesgo, como personas LGBTIQ+ o de comunidades étnicas.
- (v) Establecimiento de rutas efectivas para prevenir y denunciar tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- (vi) Coordinación interinstitucional efectiva entre todos los actores del sistema penitenciario.
- (vii) Puesta en marcha de un sistema de monitoreo y rendición de cuentas, con indicadores sobre hacinamiento y vulneración de derechos.
🔹 Hacemos un llamado urgente a frenar la violencia institucional y a garantizar condiciones dignas de reclusión sin discriminación por identidad de género, orientación sexual o pertenencia étnica.
Las personas trans, indígenas y privadas de la libertad no están solas. La dignidad no se encierra, no se golpea, no se rapa. Se respeta y se protege.