La Comisión de la Verdad (CEV) de Colombia fue establecida en 2018 y presentó su informe final “Hay Futuro Si Hay Verdad” en junio de 2022, hace ya 4 años, todo esto como parte del proceso de paz con las FARC, con el objetivo de esclarecer las causas, dinámicas y consecuencias del conflicto armado interno que afectó al país durante más de cinco décadas. Su propósito principal fue promover la reconciliación, reconocer a las víctimas y aportar una comprensión completa de lo sucedido, basándose en la verdad histórica y en las experiencias de las personas afectadas.
En cuanto al volumen de género en su informe final titulado Mi Cuerpo Es La Verdad y retomando a personas LGBTIQ+ la sección La Verdad es Arcoíris, la CEV dedicó una atención especial a las violencias basadas en género, reconociendo que las mujeres y las personas LGBTIQ+ fueron víctimas de formas específicas de violencia y discriminación en el marco del conflicto. El informe documenta las múltiples violencias sexuales, la utilización de mujeres y personas LGBTIQ+ como botín de guerra, la discriminación, exclusión social, la invisibilización de los sufrimientos de estas víctimas y en casos LGBTIQ+, la validación social, además de destacar la resistencia y liderazgo de personas LGBTIQ+.
Por ello, se emiten recomendaciones con el objetivo de transformar las condiciones que han generado violencias contra las personas LGBTIQ+, garantizar sus derechos y avanzar hacia la no repetición en el marco de una paz incluyente. Del total de 220 recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad, 47 están relacionadas con personas LGBTIQ+. Estas se distribuyen en los distintos tomos del Informe Final de la siguiente manera: 37 recomendaciones en el tomo “Mi cuerpo es la verdad”, 8 en “Hallazgos y recomendaciones”, 1 en “Convocatoria a la Paz Grande” y 1 en “Resistir no es aguantar”. Adicionalmente, 14 de estas recomendaciones tienen un enfoque territorial.
En el marco de la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, el Estado colombiano ha impulsado una serie de transformaciones institucionales orientadas a atender a las poblaciones históricamente excluidas. Un hito fundamental en este proceso fue la creación del Ministerio de la Igualdad mediante la Ley 2281 del 4 de enero de 2023, concebido como una entidad rectora para la atención de grupos vulnerables, incluyendo de manera explícita a las personas LGBTIQ+. Este avance refleja que la implementación de las recomendaciones no solo constituye un mandato técnico, sino una apuesta de país por la equidad y la inclusión.
De manera complementaria, distintas entidades han incorporado enfoques diferenciales e interseccionales en sus acciones. La UBPD ha avanzado en la inclusión de variables como orientación sexual, identidad de género, discapacidad y pertenencia étnica en sus metodologías, particularmente a través del sistema de información misional Busquemos. Asimismo, se ha dado continuidad a espacios como la Mesa de Asistencia Técnica de Género, la ampliación de la de la Red de Búsqueda Arcoíris y el reconocimiento de las familias sociales consolidando el legado institucional de la Comisión. El 15 de febrero de 2026, se consolidó un universo de 50[1] personas LGBTIQ+ con solicitud de búsqueda, resultado de depurar 101 registros mediante verificación interna y aportes de la sociedad civil.
En el ámbito de la política pública, se evidencian esfuerzos por estructurar respuestas más integrales. La Vicepresidencia ha promovido la creación de un sistema de información sobre violencias por prejuicio contra personas LGBTIQ+, mientras que el Ministerio del Interior ha avanzado en la formulación de una política pública específica, apoyada por equipos especializados en género y diversidad. Estas iniciativas se articulan con propuestas como el documento CONPES proyectado desde el Ministerio de la Igualdad, orientado a consolidar una respuesta estatal más robusta.
Se destaca el hito normativo alcanzado el 9 de abril de 2026, cuando el Gobierno nacional protocolizó la reglamentación de los Decretos Ley 4635 y 4634 de 2011, tras un proceso de consulta previa. Este proceso incorporó elementos clave como el enfoque de género, la inclusión de personas LGBTIQ+ en las medidas de reparación y el reconocimiento de sujetos étnicos, lo que representa un paso importante hacia una implementación más inclusiva.
En materia de justicia, también se registran avances relevantes. Por ejemplo, inicialmente con la apertura del macrocaso 11 en la JEP en 2023, consolidando el enfoque de género como eje central de investigación y evidenciando un reconocimiento creciente de estas violencias. Aquí se ha avanzado en la incorporación del enfoque diferencial y de género en sus distintos Macrocasos, reconociendo de manera progresiva las afectaciones específicas a personas LGBTIQ+. En casos como el 01, 03 y 10 se ha incluido la identificación, registro y remisión de Violencias Por Prejuicio y Violencias Basadas en Género al macrocaso 11; mientras que en los casos territoriales como el 04 (Urabá) y 05 (Norte del Cauca y sur del Valle del Cauca) se han desarrollado metodologías interseccionales y rutas específicas para abordar estas violencias. Asimismo, en los macrocasos 06 y 07 se han incorporado herramientas para visibilizar experiencias diferenciadas en contextos como el genocidio contra la UP y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, incluyendo patrones de violencia contra personas LGBTIQ+. En los macrocasos 08 y 09 se han fortalecido análisis de riesgo, vulnerabilidad y enfoques étnico-territoriales articulados con género.
A esto se suman el rediseño de la estrategia Red Justas por parte del Ministerio de Justicia, la creación de un grupo especializado en la Fiscalía para investigar violencias basadas en la orientación sexual e identidad de género, y los esfuerzos del Instituto Nacional de Medicina Legal por actualizar sus protocolos de investigación con enfoque diferencial. En el ámbito cultural y simbólico, se han promovido acciones orientadas a la memoria y la reparación, como la inclusión de convocatorias con enfoque de género y diversidad en el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, fortaleciendo así las medidas de satisfacción y reconocimiento para las víctimas.
En este contexto, los avances en el reconocimiento e inclusión institucional resultan particularmente significativos. El Estado ha logrado incorporar de manera progresiva el enfoque de género y diversidad en sus sistemas de información, políticas públicas y metas institucionales, en respuesta a las recomendaciones de la CEV sobre la necesidad de visibilizar y dimensionar de forma diferencial los impactos del conflicto armado sobre las personas LGBTIQ+.
Uno de los logros más relevantes se evidencia en el RUV, que a 1 de mayo de 2026 ha incluido formalmente a 26.351 víctimas LGBTIQ+ por hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. Este avance no solo tiene un valor estadístico, sino también político y simbólico, al reconocer estas violencias como parte del daño histórico. En el plano colectivo, se destaca el reconocimiento en noviembre de 2025 del primer sujeto de reparación colectiva trans del país: las Mujeres Trans del Río Tuluní en Chaparral, Tolima, marcando un precedente en la reparación con enfoque diferencial. No obstante, los procesos de reparación colectiva LGBTIQ+ presentan avances mínimos o nulos: de cuatro SRC reconocidos, dos siguen en diagnóstico y los otros dos tienen implementación muy limitada (solo Medellín alcanza 17 %). Casos como El Carmen de Bolívar evidencian que, pese a tener PIRC aprobado, no hay ejecución real.
A nivel de planeación estatal, también se observa una apropiación progresiva de estas recomendaciones en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), donde se han incorporado indicadores transversales relacionados con diversidad y enfoque diferencial, permitiendo la asignación de recursos para la implementación de medidas de reparación colectiva. De igual forma, la incorporación del enfoque interseccional ha permitido avanzar en la caracterización de variables críticas dentro de las personas LGBTIQ+, como la discapacidad (que representa el 4,11% del total registrado)[2] y la pertenencia étnica, especialmente en regiones como el Pacífico y el sur de Bolívar. Esto contribuye a superar visiones homogéneas y a reconocer la complejidad de las violencias que afectan a esta población.
El enfoque LGBTIQ+ presenta un estancamiento. Aunque SALVIA fue reconocido como un avance en el V Informe del CSM, el VI Informe evidencia que no opera con la capacidad esperada. Persisten fallas en su implementación, articulación y acceso, lo que refleja una brecha entre el diseño institucional y su funcionamiento real.
No obstante, a pesar de estos avances, el balance a cuatro años del Informe Final de la Comisión de la Verdad sigue siendo agridulce. Si bien se han consolidado importantes desarrollos normativos e institucionales, persisten profundas brechas en su implementación efectiva en los territorios, donde continúan las violencias, la exclusión y la impunidad. En este sentido, el principal desafío radica en traducir estos avances formales en transformaciones reales y sostenibles en las condiciones de vida de las personas LGBTIQ+, garantizando así una paz verdaderamente incluyente.
El CSM (2026) valora estos avances como pasos en la dirección correcta, pero todavía no constituyen una respuesta sistémica: persisten brechas estructurales que mantienen a las personas LGBTIQ+ víctimas en los márgenes del sistema.
Los Factores de Persistencia y Alertas
A pesar de las ganancias en el plano normativo y en los registros institucionales, tanto Caribe Afirmativo en su informe de derechos humanos 2025 como el CSM en su Informe VI[3] encienden las alarmas sobre la persistencia de factores estructurales que ponen en riesgo la garantía de la no repetición en los territorios.
Los informes evidencian que los grupos armados ilegales continúan instrumentalizando la violencia contra personas LGBTIQ+ como una estrategia de disciplinamiento social y control territorial. Esta práctica no es aislada ni residual, sino funcional a la gobernanza armada: las amenazas, panfletos y agresiones buscan imponer normas de género y sexualidad, restringiendo la autonomía individual y colectiva. Este fenómeno afecta de manera desproporcionada a liderazgos sociales diversos y, en particular, a mujeres trans, quienes enfrentan una intersección de violencias que refuerza su exposición al riesgo. Esto demuestra que la transformación cultural e institucional aún no logra desarticular las lógicas de exclusión en contextos de conflicto y posconflicto.
El CSM ha manifestado su preocupación frente a la persistencia de criterios de valoración rígidos en la Unidad para las Víctimas, los cuales terminan reproduciendo formas de exclusión administrativa. Lejos de garantizar el acceso efectivo a derechos, estas prácticas configuran barreras institucionales que desconocen las trayectorias diferenciadas de las personas LGBTIQ+. Se identifican dos patrones críticos:
- Borrado de historial a personas trans: La falta de interoperabilidad y enfoque diferencial en los sistemas de información genera la pérdida de trazabilidad en los procesos de reparación cuando una persona realiza el cambio legal de su componente de sexo. Esto no solo implica una falla técnica, sino una vulneración al derecho a la identidad y a la continuidad en el acceso a medidas de reparación.
- Rechazo por extemporaneidad: La aplicación estricta de términos legales desconoce las condiciones reales de acceso a la institucionalidad en contextos de miedo, estigmatización y control armado. Muchas personas LGBTIQ+ no declararon oportunamente por temor fundado, lo que evidencia que la extemporaneidad no es una omisión voluntaria, sino el resultado de barreras estructurales. Su rechazo sistemático perpetúa la revictimización y profundiza la exclusión.
Esta situación de invisibilidad estructural motivó la intervención de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004. Mediante los Autos 1673 y 1929 de 2025, la Corte Constitucional exigió información detallada sobre la incorporación del enfoque OSIGD en la política pública de atención al desplazamiento forzado. Esta actuación evidencia no solo la ausencia de evaluaciones específicas para esta población, sino también la debilidad en la implementación efectiva del enfoque diferencial, lo que limita el alcance de las medidas adoptadas.
Finalmente, aunque existen lineamientos técnicos para la investigación de Violencias Por Prejuicio, los niveles de impunidad siguen siendo alarmantemente altos. Esta impunidad no solo refleja debilidades en la capacidad investigativa, sino también la persistencia de sesgos institucionales que impiden reconocer plenamente el carácter discriminatorio de estos crímenes. Como resultado, se invisibiliza la Violencia Por Prejuicio en los territorios, se debilita la confianza en la justicia y se envía un mensaje de permisividad que favorece la repetición de los hechos.
Este escenario se agrava con la reciente liquidación del Ministerio de la Igualdad en 2026, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que le dio origen. La desaparición de esta entidad implica la pérdida de un actor rector clave en la articulación de políticas para poblaciones históricamente excluidas donde cabemos las personas LGBTIQ+, generando riesgos de fragmentación institucional, debilitamiento del enfoque diferencial y menor capacidad de seguimiento a las medidas. En este contexto, los avances alcanzados enfrentan un alto grado de incertidumbre, dependiendo cada vez más de la voluntad política y de la capacidad de otras entidades para asumir funciones sin perder integralidad.
Del mismo modo, los retos se profundizan ante el cambio de gobierno y sus posturas previas frente al proceso de paz, que han generado incertidumbre sobre la continuidad de los compromisos en materia de no repetición y enfoque diferencial. En este contexto, aunque la Resolución 1109 de 2026 representa un avance al crear un mecanismo de interlocución, su efectividad enfrenta retos significativos: dependerá de la voluntad política del nuevo gobierno, de su capacidad de mantenerse como espacio incidente y no meramente consultivo, y de garantizar una participación amplia y territorial. De no consolidarse estas condiciones, existe el riesgo de que este tipo de medidas queden en el plano formal, sin lograr transformar las condiciones estructurales de exclusión y violencia en Colombia.
Por eso, se emiten unas recomendaciones con el objetivo de alcanzar la paz basada en la aplicación del enfoque diferencial. No es posible una paz duradera sin atender a los grupos históricamente excluidos ni sin transformar las causas estructurales de su afectación.
Esto implica asegurar la participación efectiva de las personas LGBTIQ+, reconocer sus liderazgos y promover acciones que erradiquen la discriminación. En este sentido, el reto central es pasar del reconocimiento formal a la garantía real de derechos en los territorios.
[1] https://www.comiteseguimientoymonitoreo.co/informes-del-comite/InformesComite/Informe_VI_CSM.pdf
[2] https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/wp-content/uploads/2026/06/LGTBIQ.pdf
[3] https://www.comiteseguimientoymonitoreo.co/informes-del-comite/InformesComite/Informe_VI_CSM.pdf