La finalización de la legislatura extinguió la Comisión Accidental LGBTIQ+ y archivó la totalidad de los proyectos de ley relacionados con derechos de personas LGBTIQ+. Mientras las iniciativas de reconocimiento deberán comenzar nuevamente su trámite, ya se radicaron tres proyectos impulsados desde la agenda antigénero.
22 de julio de 2026. Con el inicio de un nuevo periodo legislativo, la agenda de derechos de las personas LGBTIQ+ en el Congreso de la República enfrenta un escenario de incertidumbre institucional y política. La culminación de la legislatura anterior significó, de manera automática, el cierre de la Comisión Accidental LGBTIQ+, uno de los pocos espacios de articulación parlamentaria para el seguimiento de iniciativas legislativas y de control político relacionadas con la garantía de derechos de esta población.
Al no existir un mecanismo que prorrogara su funcionamiento, la comisión dejó de existir con el cierre del periodo constitucional. Su eventual restablecimiento dependerá de la presentación y aprobación de una nueva proposición en el Congreso, posibilidad que podría ser impulsada por el representante Mauricio Toro junto con otros sectores aliados.
Para Caribe Afirmativo, este escenario evidencia la fragilidad institucional de los mecanismos de representación política para las personas LGBTIQ+ en Colombia. La inexistencia de espacios permanentes dentro del Congreso limita la continuidad del seguimiento legislativo y dificulta la construcción de agendas sostenidas en materia de igualdad y no discriminación.
La renovación del Congreso también implica que todas las iniciativas legislativas que buscaban ampliar el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas LGBTIQ+ quedaron archivadas al finalizar la legislatura. Entre ellas se encuentra el proyecto de Ley Integral Trans, cuyo equipo promotor ha manifestado la intención de volver a presentarlo, aunque el texto continúa en proceso de discusión y ajuste.
El mismo destino tuvieron las iniciativas promovidas por sectores contrarios al reconocimiento de derechos. Sin embargo, la organización advierte que algunos de estos proyectos serán nuevamente radicados durante este periodo legislativo, reabriendo debates que han estado marcados por narrativas de desinformación y estigmatización hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
En paralelo, el nuevo periodo ya registra la radicación de tres iniciativas impulsadas desde sectores que promueven una agenda antigénero. Se trata del denominado “Proyecto Ley Laura”, que busca prohibir los tratamientos hormonales para personas menores de edad; el proyecto “Juego limpio para las mujeres”, orientado a restringir la participación de mujeres trans en escenarios deportivos bajo el argumento de proteger el deporte femenino; y el proyecto “Derecho a creer”, que propone ampliar las posibilidades de objeción de conciencia para que profesionales de la salud puedan negarse a prestar servicios relacionados con el aborto, la eutanasia y la atención integral en salud para personas trans.
Estas propuestas reflejan una tendencia regional en la que sectores políticos conservadores buscan trasladar al escenario legislativo discursos que presentan los derechos de las personas LGBTIQ+ como una amenaza para otros derechos, pese a que los estándares nacionales e internacionales han reiterado que la igualdad y la no discriminación constituyen obligaciones del Estado y no concesiones sujetas a mayorías políticas.
El panorama de control político también permanece abierto. Aunque congresistas aliados, entre ellos Mauricio Toro, podrían asumir un papel relevante en la reactivación de la agenda de derechos humanos, aún no existe claridad sobre la conformación de bloques parlamentarios ni sobre la capacidad de articular mayorías que permitan impulsar debates de control político o nuevas iniciativas legislativas.
En este contexto, Caribe Afirmativo hace un llamado al Congreso de la República para que el nuevo periodo legislativo no represente un retroceso en la garantía de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. La ausencia de proyectos de reconocimiento de derechos no puede convertirse en una oportunidad para que prosperen iniciativas que profundicen la discriminación o restrinjan el acceso a derechos fundamentales.
La organización insiste en que el Congreso tiene la responsabilidad de legislar conforme a los principios constitucionales de igualdad, dignidad humana y no discriminación, garantizando que el debate democrático se sustente en evidencia, estándares de derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad como un elemento esencial de la democracia colombiana.