Progresos sociales bajo amenaza de regresividad y avance del conflicto: Plataformas de DDHH
Aunque la pobreza monetaria cayó al 28% y la extrema al 9,6%, los grupos armados ilegales registraron un crecimiento en el número de sus integrantes, dejando al descubierto los límites de la Paz Total.
Plataformas de Derechos Humanos alertan sobre el riesgo de regresividad en derechos y de una creciente estigmatización en contra de personas defensoras de derechos humanos en el contexto del nuevo gobierno y del escenario político internacional.
Bogotá D.C. 9 de septiembre de 2026. Finalizado el mandato de Gustavo Petro y Francia Márquez, las Plataformas de Derechos Humanos de Colombia presentaron este 9 de septiembre el informe “Los alcances del cambio: brumas en el horizonte. Cuarto año del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez”. El documento ofrece una evaluación del último año de gobierno, destacando importantes avances en la agenda social y la ampliación de derechos, pero advirtiendo sobre las graves deudas en control territorial, seguridad y protección de líderes y lideresas sociales. Al mismo tiempo, señalan las preocupaciones sobre el retroceso en derechos, paz y democracia que presenta los primeros días de mandato del nuevo gobierno.
El informe es elaborado y publicado por las tres principales plataformas de derechos humanos de la sociedad civil en Colombia: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines.
Avances sociales significativos con persistentes brechas territoriales
El informe destaca que el cuatrienio representó una inflexión política donde la paz, la justicia social, el campesinado, la equidad de género y la transición energética se posicionaron en el centro de la agenda pública. Entre los resultados más significativos se encuentra la reducción simultánea de la pobreza y la desigualdad a niveles históricos: entre 2022 y 2025, la pobreza monetaria disminuyó del 36,6% al 28,0%, la pobreza extrema bajó del 13,8% al 9,6% y el coeficiente de Gini descendió de 0,556 a 0,531.
Sin embargo, las Plataformas advierten que estos promedios nacionales se acompañan de profundas disparidades territoriales. En las regiones periféricas y étnicas, el impacto de las políticas del Gobierno Petro fue limitadas, sin superar las brechas en hogares rurales y encabezados por mujeres y en un contexto donde más de la mitad de la población ocupada sigue en la informalidad.
“El gobierno saliente demostró que con voluntad política e inversión social es posible mover los indicadores de pobreza. Sin embargo, la justicia social no se concreta únicamente con decretos o metas nacionales si las comunidades en los territorios siguen atrapadas entre la informalidad y la presencia de actores armados”, señaló Aura Rodriguez, vocera de las plataformas de derechos humanos.
A nivel legislativo e institucional, el cuatrienio dejó hitos históricos orientados a la dignificación social y la garantía de derechos. Entre los principales avances destacan la aprobación de las reformas pensional y laboral, que pusieron en el centro la protección de la vejez y los derechos de las y los trabajadores con mayores necesidades; el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional y la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria; así como la adopción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2026 2036 y el fortalecimiento de programas integrales para mujeres lideresas, la diversidad LGBTIQ+ y la transición energética justa.
El balance crítico de la Paz Total: reconfiguración y expansión armada
El capítulo sobre seguridad y paz constituye uno de los puntos más críticos del informe. Si bien la política de Paz Total volvió a poner la salida negociada en el centro, no logró consolidar resultados sostenibles en los territorios debido a fallas metodológicas, de articulación institucional y a la fuerte resistencia de sectores vinculados a la ilegalidad.
Entre diciembre de 2022 y julio de 2026, los integrantes de grupos armados ilegales crecieron un 90%, pasando de 15.120 a 28.802 efectivos. Grupos como el Clan del Golfo expandieron su presencia un 152%, alcanzando 429 municipios, mientras las disidencias crecieron un 109%, haciendo presencia en 376 municipios, el ELN un 22% y los grupos vinculados a la Segunda Marquetalia un 108%. Esta expansión tuvo un costo humano devastador.
Entre enero y agosto de 2025, los civiles afectados por artefactos explosivos aumentaron un 145%, con 544 víctimas, y las víctimas de minas antipersonal crecieron un 23%.
Aunque las agresiones totales contra personas defensoras de Derechos Humanos cayeron un 12% frente al gobierno anterior, con 3.115 casos, los asesinatos de líderes y lideresas se mantuvieron en niveles preocupantes, con 618 casos, y las desapariciones forzadas aumentaron un 34%, con 78 casos.
El desplazamiento forzado se consolidó como una grave crisis humanitaria, con más de 120.000 personas desplazadas en 2025 y 177 casos directos contra liderazgos y defensores de derechos humanos.
La expansión de los grupos armados disparó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, golpeando con mayor severidad a comunidades indígenas y afrodescendientes.
Frente a esta situación, las plataformas enfatizaron que el estancamiento de la Paz Total no debe ser excusa para retornar a recetas militaristas, sino una exigencia para consolidar la transformación territorial y el desmonte de las estructuras paramilitares.
Institucionalidad y llamado a no dar un paso atrás
Pese a los retos, el informe destaca el legado normativo e institucional alcanzado, como la adopción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos 2026 2036, la Política Pública Integral de Garantías para el Liderazgo y la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras.
“A diferencia de administraciones pasadas, durante este cuatrienio vimos un cambio sustancial en la respuesta del Estado frente a la movilización ciudadana: las agresiones atribuidas a la Fuerza Pública y al ESMAD disminuyeron significativamente y se abrieron mayores garantías para el ejercicio de la protesta social. Sin embargo, este avance en el respeto al derecho a la manifestación no puede quedarse en un hito coyuntural; requiere reformas estructurales a la doctrina de seguridad para evitar que el nuevo escenario político traiga consigo retrocesos o el retorno a prácticas represivas”, afirmó Pilar Castillo, vocera de las plataformas de derechos humanos.
Brumas en el horizonte: alerta por riesgos de regresividad con el nuevo gobierno
Las plataformas expresan su profunda preocupación ante el inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, advirtiendo sobre el riesgo de retrocesos en las conquistas sociales e institucionales del cuatrienio saliente. El informe alerta que los anuncios de recortes al gasto social, la reactivación de un enfoque puramente militarista de la seguridad y el cuestionamiento a las agendas de equidad amenazan el principio de no regresividad de los derechos humanos. Frente a este escenario, las organizaciones llaman a blindar el Plan Nacional de Derechos Humanos 2026 2036 y evitar que el viraje político afecte a las comunidades más vulnerables.
Al mismo tiempo, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y discursos regresivos, las organizaciones sociales hacen un llamado urgente a la sociedad civil, las instituciones y la comunidad internacional para blindar las garantías conquistadas.
“Los derechos humanos no pertenecen a un gobierno ni pueden depender de la administración de turno. El gran desafío que le queda al país es evitar la regresividad y garantizar que las políticas públicas concertadas se conviertan en realidades permanentes para las comunidades más vulnerables”, concluyó Cristian de la Rosa, vocero de las plataformas de derechos humanos.
Sobre las Plataformas de Derechos Humanos
El informe “Los alcances del cambio: brumas en el horizonte” es elaborado y publicado por las tres principales plataformas de derechos humanos de la sociedad civil en Colombia: la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos CCEEU y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines. En conjunto, estas tres convergencias articulan a más de 500 organizaciones sociales, ambientalistas, de víctimas, étnicas, de mujeres, sindicales y defensoras de derechos humanos con presencia activa en los 32 departamentos del país. Representan la red colectiva de monitoreo, exigibilidad y defensa de los derechos humanos más amplia, histórica y representativa del país, con una trayectoria sólida en el seguimiento independiente a las políticas públicas, la construcción de paz y la protección del Estado Social de Derecho.
