El más reciente informe sobre la situación de derechos humanos de personas LGTIQ+ en Colombia de Caribe Afirmativo revela una crisis estructural marcada por el aumento de la violencia por prejuicio, su expansión territorial y una respuesta estatal insuficiente. Bajo el título “Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+”, el documento evidencia que en 2025 una persona LGBTIQ+ fue asesinada cada 32 horas, confirmando que la violencia no es un fenómeno aislado, sino sistemático y persistente.
1. Un sistema de violencia que escala hasta la muerte
El informe documenta que las agresiones contra personas LGBTIQ+ siguen un continuo de violencia que inicia con la discriminación y puede culminar en el homicidio: discriminación → violencia intrafamiliar → violencia sexual → amenazas → homicidio → impunidad. “Las personas LGBTIQ+ no mueren solo cuando son asesinadas. La violencia comienza mucho antes, en el rechazo, la exclusión y la amenaza que el Estado no logra detener”, señala el informe.
2. Más de 1.100 personas amenazadas: la antesala de la violencia letal
Durante 2025 se registraron 1.184 víctimas de amenazas, consolidándose como una de las formas más extendidas de violencia. Estas amenazas no son hechos aislados: funcionan como mecanismos de control territorial, regulan la visibilidad de las personas LGBTIQ+ y silencian liderazgos sociales. El informe advierte que, en múltiples casos, las víctimas de homicidio habían sido previamente amenazadas, evidenciando fallas graves en prevención y protección.
- El hogar y lo digital: los nuevos escenarios de violencia
La violencia no ocurre únicamente en espacios públicos. El informe revela que se registraron 1.531 casos de violencia intrafamiliar, siendo la forma más extendida de agresión y se documentaron 628 casos de violencia sexual, con alta afectación a mujeres lesbianas y bisexuales.
El informe identifica la violencia digital como un factor determinante en el escalamiento de la violencia, funciona como un catalizador de agresiones físicas, amplificador del odio y mecanismo de exposición y persecución. Se documentaron prácticas como: Doxxing (exposición de datos personales), suplantación de identidad, porno-venganza y hostigamiento sistemático, cuyos efectos concretos se traducen en desplazamiento territorial, afectaciones a la salud mental, pérdida de empleo y reducción de la participación pública
4. Una violencia con geografía: ciudades y territorios en disputa
Los casos se concentran en grandes centros urbanos como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, pero también se expanden hacia territorios con presencia de actores armados y economías ilegales. Esto evidencia que la violencia contra personas LGBTIQ+ está vinculada a dinámicas de control territorial y conflicto armado, donde los cuerpos disidentes son objeto de regulación violenta.
Con ello se identifican dos tendencias territoriales claras: 1. Una alta concentración en grandes centros urbanos, donde coinciden: mayores registros y mayores niveles de violencia; pero también 2. una expansión hacia territorios con corredores de economías ilegales y zonas con débil presencia estatal.
- El Estado falla en prevenir, registrar y sancionar
El informe identifica graves deficiencias institucionales: subregistro sistemático de casos, falta de variables de orientación sexual e identidad de género, fragmentación en la producción de información y altos niveles de impunidad. Para su elaboración, se enviaron 160 solicitudes de información a entidades públicas, muchas de las cuales no pudieron responder de manera completa o adecuada. “La ausencia de datos no es un problema técnico: es una forma de invisibilización que impide actuar”, advierte el documento.
El informe plantea alertas estratégicas:
- Existe una brecha crítica entre derechos formales y garantías reales
- La violencia también está vinculada a dinámicas de conflicto y economías ilegales
- El subregistro limita la acción estatal y la cooperación internacional
El informe concluye que la violencia contra personas LGBTIQ+ en Colombia es el resultado de un sistema que falla en múltiples niveles: social, institucional y territorial. En este contexto, se hace un llamado al Estado colombiano y a la comunidad internacional a:
- Fortalecer los sistemas de información con enfoque diferencial
- Implementar mecanismos efectivos de prevención frente a amenazas
- Garantizar investigaciones con enfoque de prejuicio
- Adoptar políticas estructurales que aborden las causas de la violencia
La evidencia es clara: la violencia contra personas LGBTIQ+ en Colombia no comienza con el homicidio, sino con el prejuicio tolerado y la amenaza ignorada. En 2025, el Estado no solo falló en proteger: también falló en contar, investigar y sancionar. La crisis no es invisible. Es estructural. Y requiere una respuesta urgente, integral y sostenida.