25 de agosto de 2026. Ante el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella, quien el pasado 24 de agosto de 2026 ordenó operativos para deportar a todas las personas en situación migratoria irregular en el país, expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto desproporcionado que esta medida tendrá sobre las personas trans migrantes venezolanas.

Colombia fue el primer país en el mundo en contar con un Estatuto de protección migratoria con enfoque de género, orientado a garantizar una acogida basada en derechos para las personas trans provenientes de Venezuela, comprometido con su regulación y estabilización. Sin embargo, los vacíos y demoras en su implementación por parte del gobierno anterior dejaron a miles de personas LGBTIQ+ venezolanas sin la posibilidad de regularizar su situación migratoria a tiempo.

Hoy, esa deuda institucional se convierte en una amenaza directa contra sus vidas. Personas que confiaron en un marco de protección creado por el propio Estado colombiano se ven ahora expuestas a ser tratadas como delincuentes y expulsadas del país, sin considerar los riesgos que enfrentarían al regresar a Venezuela, donde su identidad de género las expone a violencia, discriminación y persecución.

Un derecho reconocido en el papel no protege a nadie si el Estado nunca lo hace realidad. La migración no es un delito, y ninguna persona es ilegal.