En menos de una semana se han conocido denuncias y decisiones institucionales que involucran al ICBF, al Ministerio de Agricultura y al Departamento Nacional de Planeación. Para Caribe Afirmativo, los hechos deben leerse en un contexto político más amplio: la utilización de la llamada “batalla cultural” como marco para disputar derechos, políticas públicas y expresiones sociales que no corresponden con la visión ideológica del Gobierno.
19 de agosto de 2026. La llamada “batalla cultural” no es una expresión inocua, en distintos lugares del mundo, sectores de la ultraderecha la han convertido en una estrategia política para cuestionar los avances en derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con mujeres, personas LGBTIQ+, población migrante, comunidades racializadas y otros grupos históricamente discriminados.
Bajo la idea de defender unos supuestos valores tradicionales frente a una amenaza cultural, esta narrativa construye enemigos, presenta los derechos como privilegios ideológicos y convierte la igualdad en un campo de confrontación política.
Colombia no está al margen de esta discusión. Y las primeras señales del Gobierno de Abelardo de la Espriella obligan a preguntarse si la “batalla cultural” será simplemente una estrategia discursiva o si comenzará a orientar decisiones dentro de las instituciones públicas.
Tres hechos conocidos en menos de una semana hacen necesario encender las alarmas:
Una de las situaciones que ha generado preocupación está relacionada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Según denunció la revista Volcánicas, la nueva directora de la entidad habría cuestionado públicamente al grupo infantil “Resistencia Chiquita” y habría impartido una instrucción para que las comunicaciones del ICBF dejaran de mencionar expresamente a las niñas.
De confirmarse esta instrucción, no se trataría simplemente de un cambio de lenguaje institucional, el reconocimiento diferenciado de las niñas y adolescentes responde a obligaciones de protección reforzada y a la necesidad de visibilizar las desigualdades específicas que enfrentan. En ese sentido, norrar su mención de las comunicaciones institucionales podría significar un retroceso en la manera en que el Estado reconoce y aborda sus derechos.
El segundo hecho ocurrió en el Ministerio de Agricultura, según denuncias difundidas por funcionarios y organizaciones sindicales y recogidas por medios de comunicación, seis personas habrían ingresado a la sede de la entidad en Bogotá sin previo aviso y realizado durante aproximadamente dos horas una inspección de diferentes oficinas.
Durante el procedimiento, los trabajadores habrían sido solicitados para salir temporalmente de sus espacios y dejar sus computadores como estaban. Una funcionaria de Talento Humano habría señalado que la actuación correspondía a una instrucción del ministro entrante, Indalecio Dangond.
Posteriormente, según las mismas denuncias, habrían sido retirados de algunas oficinas afiches y elementos relacionados con Palestina, la reforma agraria y expresiones de respaldo a las personas LGBTIQ+, contenidos asociados con políticas y posiciones del Gobierno anterior.
Si estos hechos son confirmados, la pregunta no sería únicamente quién ordenó retirar unos afiches. La pregunta democrática sería ¿hasta dónde puede llegar un Gobierno para borrar de las instituciones públicas las expresiones políticas, sociales o de derechos humanos que no comparte?
El tercer elemento de preocupación se encuentra en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), donde la discusión pública a girado alrededor de la No contratación, de Carlos Sepúlveda, un economista que iba llegar a la Dirección del DNP. A pesar que Sepúlveda había declarado el posible conflicto de interés, dos días después, el presidente habría nombrado a Julián Buitrago en nota de prensa.
Según el artículo publicado en la Silla Vacía “En el DNP de Abelardo, la batalla cultural le ganó a la tecnocracia”[1] hay dos teorías: la primera, Sepúlveda no habría sido nombrado porque era quien había construido el Plan Nacional de Desarrollo – PND- y la hoja de ruta de su implementación; la segunda, sería porque grupos religiosos cercanos al gobierno presionaron en virtud que Sepúlveda es un hombre abiertamente gay y por cómo está conformada su familia.
Frente a este último caso no se tiene nada confirmado, pero de ser cierta cualquiera de las dos teorías se configuraría un escenario en el que la denominada “batalla cultural” estaría desplazando criterios técnicos en la definición de las políticas públicas.
Estos tres episodios son diferentes y no deben confundirse. Pero, observados en conjunto, plantean una pregunta que el país no puede evadir: ¿estamos frente a decisiones aisladas o ante la instalación progresiva de una lógica de gobierno en la que aquello que no coincide con la visión política y cultural del Gobierno debe ser eliminado, invisibilizado o desplazado de las instituciones?
De la disputa cultural a la segregación
Para Caribe Afirmativo, la democracia protege la libertad de disentir, es evidente que un Gobierno tiene derecho a defender su programa político y una sociedad tiene derecho a debatir sus valores, creencias y proyectos de país. Empero, lo que no puede hacer el Estado es convertir esa disputa en un criterio para determinar qué personas, identidades, expresiones o luchas tienen derecho a ser reconocidas.
Y si se recorre la historia, las personas LGBTIQ+ conocemos las consecuencias de esa lógica. Durante décadas, nuestras vidas fueron presentadas como una amenaza para la sociedad, la familia o la moral pública, la homosexualidad fue criminalizada, las identidades trans fueron patologizadas, las expresiones de diversidad sexual y de género fueron perseguidas y expulsadas de los espacios educativos, laborales, familiares y políticos.
La historia demuestra que la discriminación no comienza necesariamente con una prohibición explícita, muchas veces comienza con algo aparentemente menor: dejar de nombrar, borrar una imagen, retirar una expresión, excluir una población de una política pública, negar su existencia o presentar sus derechos como una imposición ideológica.
Por eso, borrar también puede ser una forma de excluir, y cuando esa exclusión comienza a producirse desde las instituciones públicas, el problema deja de ser cultural y adquiere una dimensión democrática y constitucional. Es por ello que siempre se debe recordar que: Colombia no es un Estado confesional ni un Estado construido alrededor de una única concepción moral de la sociedad, “es un Estado social y democrático de derecho, pluralista y fundado en la dignidad humana, la igualdad y la libertad”
Las organizaciones religiosas y los sectores conservadores tienen pleno derecho a participar en la conversación pública, defender sus convicciones y disputar democráticamente las decisiones políticas; pero ninguna mayoría política, religiosa o cultural puede utilizar el Estado para convertir sus convicciones particulares en una condición para el reconocimiento de derechos.
Colombia debe gobernarse bajo el imperio de la Constitución, no bajo el imperio de una batalla cultural. Luego entonces, lo que está en juego, es mucho más profundo que una discusión sobre afiches, palabras o decisiones administrativas: Cuando un Gobierno comienza a identificar determinados contenidos, poblaciones o expresiones como parte de una supuesta amenaza cultural, existe el riesgo de que esa clasificación termine justificando su exclusión de las instituciones.
Y ese es precisamente el camino que Caribe Afirmativo llama a detener: No estamos ante una discusión sobre si Colombia debe ser un país de izquierda o de derecha, tampoco sobre si una persona puede ser religiosa, conservadora o defender una concepción tradicional de la familia.
Estamos ante una pregunta elemental para cualquier democracia:
¿Puede el Estado quitar derechos, reconocimiento o participación a una persona porque su identidad, orientación sexual, pensamiento político o concepción de sociedad incomoda al Gobierno de turno?
La respuesta debe ser inequívoca: no.
Como organización hace un llamado a las instituciones de control, al Congreso de la República, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación y a la ciudadanía a ejercer una vigilancia democrática frente a cualquier decisión que pueda implicar discriminación, censura, persecución o segregación.
Asimismo, solicita que las autoridades correspondientes esclarezcan los hechos denunciados y determinen las responsabilidades a que haya lugar. Las instituciones públicas no pueden convertirse en escenarios de revancha política ni en espacios para borrar los derechos y las luchas de quienes estuvieron antes o de quienes piensan diferente.
La democracia no consiste en que una mayoría pueda hacer desaparecer a una minoría, consiste en garantizar que, incluso cuando cambie el Gobierno, todas las personas continúen teniendo los mismos derechos. Por eso, Caribe Afirmativo advierte: la “batalla cultural” no puede convertirse en política de Estado. Porque cuando la disputa de ideas se transforma en eliminación del otro, la democracia comienza a parecerse demasiado al oscurantismo que creíamos haber dejado atrás.
[1] https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/en-el-dnp-de-abelardo-la-batalla-cultural-le-gano-a-la-tecnocracia/
