El asesinato de Eldin Choc Xi y Milton Nelson Santamaría, ocurrido bajo custodia policial en Guatemala, evidencia cómo los prejuicios contra las personas LGBTIQ+ pueden convertirse en prácticas de violencia, abuso de autoridad y encubrimiento institucional.
Desde Caribe Afirmativo advertimos que estos hechos no son ajenos a la realidad colombiana: la violencia policial contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas continúa siendo una problemática estructural que exige transformaciones urgentes en las instituciones de seguridad y justicia.

05 de noviembre de 2026. A finales de octubre de 2026, siete expolicías de Guatemala fueron condenados por su responsabilidad en los hechos que terminaron con la vida de Eldin Choc Xi y Milton Nelson Santamaría, una pareja de hombres homosexuales que fue víctima de violencia mientras se encontraba bajo custodia de la Policía Nacional Civil.
El fallo judicial representa un avance en la búsqueda de justicia para sus familias, pero también deja en evidencia una realidad que continúa atravesando a distintos países de América Latina: las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía pueden convertirse en escenarios de persecución y violencia cuando sus actuaciones están mediadas por prejuicios y relaciones abusivas de poder.Los hechos ocurrieron el 18 de abril de 2024, en el municipio de San Andrés Itzapa, departamento de Chimaltenango, Guatemala. Ambos hombres fueron detenidos por agentes policiales, quienes los señalaron de alterar el orden público. Sin embargo, lo que debía ser un procedimiento de control terminó convirtiéndose en un escenario de agresiones físicas, tratos crueles e insultos relacionados con su orientación sexual. Durante su permanencia en una subestación policial, Eldin Choc Xi pidió auxilio mientras era agredido. Milton Nelson Santamaría murió como consecuencia de las lesiones sufridas y, posteriormente, Eldin fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado siete días después.

La investigación permitió establecer la participación de distintos agentes en los hechos y evidenciar actuaciones dirigidas a ocultar lo ocurrido y obstaculizar el esclarecimiento de las muertes. Entre los elementos probatorios se encontraban registros de audio de los gritos de auxilio de Eldin dentro de la estación policial, que permitieron reconstruir parte de las agresiones cometidas bajo custodia estatal. El Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala declaró responsables a siete agentes por diferentes conductas relacionadas con estos hechos, imponiendo condenas por ejecución extrajudicial, asesinato, discriminación, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y otros delitos. Las responsabilidades y las penas fueron diferenciadas de acuerdo con la participación de cada uno.

Desde Caribe Afirmativo consideramos que esta decisión judicial debe leerse más allá de la responsabilidad penal individual de los funcionarios condenados. Lo sucedido evidencia cómo los prejuicios relacionados con la orientación sexual pueden instalarse en las actuaciones de quienes ejercen autoridad, y cómo el uso arbitrario del poder, la discriminación y las prácticas de encubrimiento pueden articularse para vulnerar gravemente los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. No estamos frente a un simple exceso en un procedimiento policial. Estamos ante una manifestación de violencia institucional en la que quienes tenían la obligación de garantizar la vida y la integridad de dos ciudadanos utilizaron su posición de autoridad para agredirlos. La gravedad de estos hechos también radica en que ocurrieron en un espacio de custodia estatal, donde el Estado tenía una responsabilidad especial de protección sobre las personas detenidas. La violencia policial por prejuicio no puede seguir justificándose como una actuación aislada de algunos uniformados. Cuando las agresiones se acompañan de insultos discriminatorios, detenciones arbitrarias, amenazas y mecanismos para ocultar lo sucedido, es necesario examinar las condiciones institucionales que permiten que estas prácticas se reproduzcan y permanezcan en la impunidad.

La violencia policial contra personas LGBTIQ+ no es una realidad ajena a Colombia
Lo ocurrido en Guatemala también nos interpela como sociedad colombiana. En nuestro país, Caribe Afirmativo ha documentado durante años cómo la fuerza pública ha reproducido prácticas de discriminación y violencia contra personas LGBTIQ+, particularmente contra mujeres trans, hombres gays y personas cuyas expresiones de género se apartan de los patrones socialmente establecidos. En muchos de estos escenarios, los prejuicios se manifiestan desde el primer contacto con la autoridad: requisas motivadas por la apariencia física, cuestionamientos sobre la identidad de género, expresiones humillantes, restricciones arbitrarias a la movilidad y agresiones físicas y verbales. Estas actuaciones evidencian que la violencia no se limita al uso excesivo de la fuerza, sino que también opera mediante mecanismos cotidianos de señalamiento, corrección y control sobre los cuerpos y las identidades. De igual manera, hemos advertido sobre las agresiones diferenciadas contra reconociendo que la identidad de género se convierte en un factor de exposición a la violencia y no en una condición que deba ser reconocida y protegida.

Estas prácticas no pueden analizarse por fuera de un contexto social e institucional que históricamente ha legitimado la discriminación contra las personas LGBTIQ+. Los prejuicios no desaparecen cuando una persona ingresa a una institución pública; por el contrario, cuando no existen mecanismos efectivos de prevención, formación, control y sanción, pueden trasladarse a los procedimientos institucionales y adquirir la legitimidad que otorga el ejercicio de la autoridad. El Estado no puede ser garante de derechos en el discurso y reproductor de violencias en la práctica
La situación de Guatemala vuelve a poner sobre la mesa una discusión fundamental para las democracias latinoamericanas respecto a que el ejercicio de la autoridad estatal no puede estar por encima de los derechos humanos ni convertirse en una herramienta para imponer determinadas formas de vivir, expresar la identidad o relacionarse afectivamente.

Sin embargo, la existencia de normas y protocolos no garantiza por sí misma que las personas LGBTIQ+ puedan acudir a una institución policial sin exponerse a situaciones de violencia. La distancia entre el reconocimiento formal de los derechos y su garantía efectiva continúa siendo uno de los principales desafíos institucionales del país.
Desde la organización insistimos en que la violencia policial contra personas LGBTIQ+ requiere una respuesta estructural. No es suficiente con desarrollar jornadas ocasionales de sensibilización o incorporar contenidos de diversidad sexual y de género en los procesos de formación institucional si estos no se acompañan de mecanismos de seguimiento, evaluación y sanción. Tampoco es admisible que las investigaciones dependan de la voluntad de los mismos funcionarios o de las instituciones a las que pertenecen los presuntos responsables.
Es necesario avanzar hacia una transformación de las instituciones de seguridad que reconozca las relaciones históricas de poder que atraviesan sus actuaciones y garantice que ningún funcionario pueda utilizar su investidura para perseguir, humillar o agredir a una persona por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
En este momento de recrudecimiento del uso de la fuerza por miembros de la Policía, hacemos un llamado al Gobierno nacional, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional para que fortalezcan las medidas de prevención y atención de la violencia policial basada en prejuicios.

Asimismo, exhortamos a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo a ejercer sus funciones de vigilancia, acompañamiento y protección, garantizando que las denuncias sean investigadas oportunamente y que las víctimas cuenten con mecanismos seguros para acceder a la justicia.
Que la condena de los siete policías en Guatemala nos recuerde la justicia no puede llegar únicamente después de que se han perdido vidas. Los Estados tienen la obligación de prevenir estas violencias, proteger a quienes se encuentran bajo su custodia y garantizar que los responsables respondan por sus actuaciones.
En ningún Estado, ninguna persona debería sentir temor de acudir a una estación de Policía por su orientación sexual o identidad de género. La seguridad no puede construirse sobre la persecución de quienes históricamente han sido discriminados, ni puede hablarse de instituciones democráticas mientras persistan prácticas que convierten la diferencia en motivo de sospecha, señalamiento y violencia.
Lo ocurrido con Eldin Choc Xi y Milton Nelson Santamaría debe convocarnos a exigir instituciones que protejan la vida y no reproduzcan los prejuicios que la ponen en riesgo. Porque el problema no termina con la condena de los responsables: también exige transformar las estructuras que hicieron posible la violencia.