Docentes de la facultad denuncian un presunto patrón de acoso laboral, trato desigual y posibles actos de discriminación en razón de la orientación sexual. La documentación conocida plantea interrogantes sobre la respuesta institucional frente a las denuncias y sobre la permanencia en el cargo del decano de la Facultad mientras cursan investigaciones disciplinarias.
05 de julio de 2026. La reciente renuncia del profesor Francisco Eversley Torres, quien se desempeñó como docente del programa de Historia de la Universidad del Atlántico, ha dado lugar a denuncias sobre un presunto caso de acoso laboral al interior de la Facultad de Ciencias Humanas. En una declaración pública, el docente atribuyó su decisión a las actuaciones que, según denuncia, habría ejercido en su contra el decano de la Facultad y a la falta de una respuesta institucional efectiva frente a los hechos que denunció.
Tras la difusión de su caso, otros docentes y extrabajadores de la Facultad comenzaron a hacer públicas denuncias con relatos que describen dinámicas similares. La revisión de quejas disciplinarias, comunicaciones institucionales, cronologías documentadas y otros elementos probatorios permite identificar coincidencias que trascienden episodios aislados y plantean la hipótesis de un posible patrón de actuaciones que, de comprobarse, podría configurar prácticas de acoso laboral, trato desigual y eventuales actos de discriminación por motivos de orientación sexual al interior de la Facultad de Ciencias Humanas.
La documentación revisada por Caribe Afirmativo describe una secuencia reiterada de exclusión de espacios académicos, vaciamiento progresivo de funciones, modificaciones en las condiciones de vinculación laboral, omisiones institucionales frente a las denuncias y afectaciones documentadas a la salud física y mental de varios docentes. Aunque corresponderá a las autoridades competentes establecer responsabilidades, los relatos coinciden en señalar dinámicas similares desarrolladas durante la actual administración de la Facultad.
Uno de los elementos más relevantes es que las denuncias involucran a docentes de distintos programas académicos que describen situaciones semejantes, como decisiones administrativas presuntamente arbitrarias, pérdida de responsabilidades académicas, silencios institucionales frente a solicitudes formales y cambios en sus condiciones laborales que, según sostienen, no fueron suficientemente motivados. El documento de sistematización de los casos identifica, además, al menos cinco docentes cuya modalidad de vinculación habría sido modificada de Tiempo Completo Ocasional (TCO) a Medio Tiempo Ocasional (MTO), pese a que, según los denunciantes, esos cambios no habrían sido aprobados por el Consejo de Facultad.
Las denuncias también describen un posible patrón de trato desigual. El profesor Francisco Eversley Torres afirma haber sido excluido de reuniones relacionadas con las funciones que desempeñaba, despojado progresivamente de responsabilidades académicas y sometido a actuaciones que derivaron en un grave deterioro de su salud mental. Su caso dio lugar a la apertura de un expediente disciplinario por presuntos hechos de acoso laboral, que continúa en trámite.
En un sentido similar, la profesora Darling Esther Ayala Freites denunció presuntas conductas de hipervigilancia, persecución laboral, desmejoramiento de sus condiciones de contratación y bloqueo institucional. Su denuncia sostiene que estas actuaciones afectaron su salud mental y que, además, podrían estar relacionadas con su orientación sexual, circunstancia que, de comprobarse, implicaría la utilización de un criterio sospechoso de discriminación, especialmente protegido por la Constitución Política y el derecho internacional de los derechos humanos.
Sobre lo anterior, es necesario destacar que la Corte Constitucional ha reiterado que la orientación sexual y la identidad de género constituyen categorías especialmente protegidas. Esto significa que, cuando una diferencia de trato recae sobre personas pertenecientes a estos grupos, las autoridades tienen un deber reforzado de demostrar que sus decisiones obedecen exclusivamente a criterios objetivos, razonables y proporcionales. Es decir, la discriminación no requiere necesariamente expresiones ofensivas o manifestaciones explícitas de rechazo, sino que puede manifestarse también mediante decisiones aparentemente neutras que, en la práctica, generan exclusión o afectan de manera desproporcionada a personas históricamente discriminadas.
Precisamente por ello, uno de los aspectos de mayor interés público es que las denuncias no describen únicamente posibles actos individuales de hostigamiento. La información conocida permite plantear la hipótesis de que diversas decisiones administrativas, sumadas a la ausencia de respuestas oportunas y eficaces por parte de la institución, habrían contribuido a consolidar un entorno laboral hostil para varios trabajadores y trabajadoras de la Facultad, particularmente para quienes visibilizan su orientación sexual. Esta hipótesis deberá ser investigada por las autoridades competentes, pero encuentra respaldo inicial en la coincidencia de múltiples relatos independientes.
La respuesta institucional constituye otro de los puntos críticos del caso. Los documentos indican que varias de las personas denunciantes acudieron a instancias como Seguridad y Salud en el Trabajo, el Comité de Convivencia Laboral y la Oficina de Control Disciplinario. Sin embargo, según la información expuesta en las denuncias, algunas solicitudes permanecieron sin respuesta durante meses y las medidas adoptadas no habrían sido suficientes para prevenir nuevas afectaciones. Esta situación plantea interrogantes sobre el cumplimiento del deber de prevención y protección que corresponde a una universidad pública frente a posibles casos de acoso laboral y discriminación.
En ese contexto, también surgen preguntas legítimas sobre la gestión institucional. ¿Qué medidas adoptó la Universidad del Atlántico para proteger a quienes denunciaron?, ¿Qué acciones preventivas se implementaron mientras avanzaban las investigaciones disciplinarias?, ¿Cómo se garantizó que las personas denunciantes no continuaran bajo relaciones de subordinación con el funcionario señalado?
Estas preguntas deben aclararse debido a que se trata de un asunto de interés público que trasciende los conflictos laborales individuales. Es decir, lo que está en discusión es también la capacidad de una universidad pública para garantizar ambientes de trabajo libres de violencia, discriminación y represalias, así como la confianza de la comunidad académica en los mecanismos internos de protección.
De comprobarse los hechos denunciados, el caso podría convertirse en un precedente nacional sobre acoso laboral, discriminación por criterios sospechosos y responsabilidad institucional en la prevención de ambientes laborales hostiles dentro de la educación superior pública. Entretanto, las denuncias continúan bajo conocimiento de las instancias competentes y las personas afectadas insisten en que la verdad, la protección efectiva de las víctimas y las garantías de no repetición constituyen hoy una deuda pendiente de la Universidad del Atlántico.