El enfoque de género del Acuerdo de Paz de Colombia, un ejemplo para el mundo

Dar cuenta de cómo el conflicto armado hizo más difícil la vida de las personas LGBTIQ+ y poner la reparación de sus derechos en la implementación del Acuerdo de Paz ha permitido, en los últimos años, que el país se plantee como un mejor lugar para las personas sexo-género diversas.

08 de noviembre de 2026. Han recibido fuertes críticas las declaraciones del embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, en el Consejo de Seguridad, en las que afirmó que: “el Acuerdo de Paz de nuestro país, que se prepara a cumplir 10 años, no es ejemplar para el mundo”. Es un discurso instalado de este gobierno volver a las narrativas de la guerra y asfixiar una pretensión legítima y constitucional que tenemos los colombianos: que la paz sea estable y duradera. Dicha intervención, que ya había sido iniciada por el canciller en el examen de la misión de paz de Colombia el pasado mes de septiembre en Ginebra, tuvo como resultado el tercer desmonte en los últimos meses de la implementación: el año pasado, por presión de EE. UU., la misión dejó de verificar el enfoque étnico y las medidas de satisfacción de la JEP y, en esta ocasión, con este mensaje temerario de que solo requerimos seguridad, dejaron a un lado el seguimiento a la reforma rural integral, punto 1 del Acuerdo y eje esencial de la transformación que requerimos para vivir en paz.

Y es que el empeño de guerra que llevó al triunfo a ADLE y la sed de violencia del equipo con el que gobierna les están llevando por el mundo a desconocer que el único acuerdo de paz vigente en el mundo está dando resultados y que es posible transitar a una sociedad en posconflicto, eso sí, cerrando las causas estructurales que lo motivan. En tres gobiernos sucesivos luego de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, hemos visto progresos medibles para el pueblo colombiano; se ha fortalecido el marco constitucional y se ve posible alcanzar la paz duradera. Desde 2016, así le cueste al actual gobierno neofascista, es el periodo de paz más duradero en décadas que hemos tenido en Colombia y ha permitido poner en la agenda de las políticas públicas los temas del Acuerdo, revalorizar la paz como derecho y exigir la transformación social desde la perspectiva transicional, sustentada no en la acción punitiva, sino en darle lugar al diálogo y a la formación de una sociedad diferente. La paz como política de Estado, no de gobierno, que nos permita transitar a otro modelo de país: el de la justicia social.

Firmar el Acuerdo con la mayor guerrilla del mundo no es una acción menor. Verla hoy en la civilidad, cumpliendo sus compromisos y no armada amedrentando a la ciudadanía, sería motivo de tranquilidad para un gobierno sensato. Por supuesto, esto es un punto de partida y es allí donde debe estar el empeño. Firmar el Acuerdo de Paz no era empezar a vivir en paz, era trazar el camino para empezar a construirla, y es allí donde se empeña este gobierno en avanzar. Como país de más de seis décadas de confrontación, somos fruto de la violencia que nos dividió como sociedad, y esta es la oportunidad que el Acuerdo de 2016 nos ofreció. Hay mucho por hacer, cosas que corregir, pero, mirando hacia atrás, mucho se ha avanzado y, por eso, hoy, contrario al embajador neófito, decir que sí: el Acuerdo de Paz de Colombia es un ejemplo para el mundo de que se puede pasar de la guerra a la paz.

Uno de los avances que más se admira es nuestro enfoque de género y, en él, el dar cuenta de cómo el conflicto armado hizo más difícil la vida de las personas LGBTIQ+. Ni la guerra civil española, ni las dictaduras de la región, ni mucho menos el Holocausto generado por la Segunda Guerra Mundial han respondido por por qué marcaron, reclutaron, confinaron, persiguieron y mataron a cientos de personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. De forma genuina y ejemplar, Colombia lo está haciendo:

1. La construcción de paz territorial: el centralismo que limitó el desarrollo a lugares privilegiados del país y el cerco que recibieron los lugares más periféricos, tanto rurales como urbanos, dejaron en los márgenes las vidas que la guerra consideró más despreciables, entre ellas, las de las personas LGBTIQ+. Por años se construyeron unos imaginarios según los cuales la diversidad debía arrinconarse, invisibilizarse, pues en el proyecto moral que quería imponer la guerra no tenían cabida. Eso promovió mecanismos de resistencia y supervivencia de muchas personas sexo-género diversas y sus comunidades, que lograron superar las expresiones más crueles de la violencia y que hoy se posicionan como buenas prácticas de convivencia que nos permiten ver que es posible convivir con la diversidad.
2. Ejercer la política sin miedo y garantía para la democracia: la captura de los escenarios de participación política por las acciones armadas y la reducción del escenario democrático invisibilizaron el potencial de renovación que aportan a la democracia las personas LGBTIQ+. Su presencia en los siete procesos electorales que hemos tenido luego de la firma del Acuerdo de Paz, como candidatas, observadoras y electoras, al igual que la presencia de la militancia en partidos políticos y en agendas de país, y la ampliación de los espacios cívicos, como los consejos de paz y diferentes espacios de política social, no solo han permitido su nominación, sino que sean parte de la construcción de una nueva sociedad.
3. Medidas de género: los efectos desproporcionados de la guerra son más agresivos hacia las mujeres. La estructura del conflicto, patriarcal, misógina, sexista, homofóbica y transfóbica, ha hecho más difícil la vida de las mujeres en sus diversidades. Por eso, el Acuerdo de Paz estableció 122 medidas especiales y concretas para corregir esas prácticas sexistas que dan origen y sostienen los conflictos, ubicadas en ocho ejes estratégicos: a) acceso y formalización de tierras; b) derechos económicos, sociales y culturales; c) participación política y toma de decisiones; d) medidas de prevención y protección frente a la inseguridad; e) verdad, justicia, reparación y no repetición, entre otras.
4. Sistema Integral de Paz: permitió poner en el centro a las víctimas, lo que, para el caso específico de las personas LGBTIQ+, constituye el primer reconocimiento de un cuerpo legislativo por parte del Estado: la Ley 1448, que da cuenta de que el conflicto armado hizo más difícil la vida de las personas LGBTIQ+ y que se empieza a evidenciar en el Centro Nacional de Memoria Histórica y en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que da cuenta de hechos victimizantes específicos y reconoce sujetos de reparación colectiva LGBTIQ+, y activa mecanismos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, materializadas en reconocer a las personas LGBTIQ+ víctimas en el sistema de justicia transicional, en los macrocasos, acreditándolas e indagando en la conducta de los victimarios el uso de la persecución por prejuicio hacia la diversidad sexual y de género, motivo para consolidar su violencia en la guerra.
5. Búsqueda de personas LGBTIQ+ dadas por desaparecidas: poner en cuestión la pregunta «¿dónde están las personas LGBTIQ+ dadas por desaparecidas?», desnaturalizar la desaparición por motivos de prejuicio hacia la diversidad sexual y de género, constituir la familia social para buscar a las nuestras desaparecidas, dignificar los cuerpos y realizar la entrega reparadora hace que hoy más de 100 personas sexo-género diversas desaparecidas sean buscadas y que varios planes regionales de búsqueda, a lo largo y ancho del país, incluyan organizaciones y familias sociales y busquen a las personas disidentes sexuales y de género que un día dejamos de ver y que estaban olvidadas.
6. Respuesta estatal: la indiferencia con la que en Colombia el Estado y los respectivos gobiernos asumían la agenda por los derechos de las personas LGBTIQ+, entre la ignorancia y la moralidad, no permitía que sus demandas estuvieran en la agenda pública ni que su participación interpelara la estructura del Estado. Los hallazgos del informe de la Comisión de la Verdad dejaron constancia manifiesta de que dicha indiferencia fue traducida por los actores armados en complicidad para instrumentalizar y poner en riesgo la vida de las personas sexo-género diversas. Por eso, el Acuerdo de Paz, en materia de personas LGBTIQ+, no solo pide respuesta estatal, sino capacidad de respuesta a la altura de las demandas. Las garantías materiales de la implementación del enfoque de género y la creación de disposiciones normativas con indicadores, resultados, recursos y responsables permiten que el Estado tenga rutas, metodologías y respuestas a la solicitud de vida digna de las personas LGBTIQ+.
7. Superación de causas estructurales: que el conflicto armado haya ocurrido en el mismo tiempo en el que el mundo entero respondía a la demanda de visibilidad y ciudadanía plena de las personas LGBTIQ+ hizo que, en Colombia, además de luchar contra la homofobia y la transfobia, se tuviese el conflicto armado como un actor determinante que impedía el desarrollo de los proyectos de vida, condenando a la violencia estructural y, para quienes la sobrevivían, a la precariedad e invisibilidad. El Acuerdo de Paz y el diálogo, la reparación y la reconciliación han permitido tener experiencias concretas y materiales de ciudadanías diversas en paz, ocupando el espacio público, permeando la democracia y activando medidas de reparación como los TOAR (trabajos, obras y acciones con carácter reparador), que permitan que los actores armados no solo reconozcan las causas prejuiciosas de su violencia hacia las personas LGBTIQ+, sino que las reparen, contribuyendo a transformar las causas estructurales que hacen que en la sociedad perviva este tipo de desprecio naturalizado que se agudiza con la guerra.

Hay problemas que resolver; romper el ciclo de violencia sigue siendo muy difícil, pero el florecimiento que hoy tiene en Colombia la agenda de los derechos de las personas LGBTIQ+, la presencia asertiva de las personas sexo-género diversas en diferentes espacios de la sociedad, el reconocimiento de los actores armados de la violencia verbal, simbólica y física que implica el desarme no solo material, sino también de sus prejuicios y costumbres, y el empeño que ha tenido la justicia transicional con su enfoque de género para que la paz de Colombia sea la oportunidad de que este sea un mejor país para las personas LGBTIQ+ son un gran ejemplo de que otro mundo es posible y de que la diversidad sexual y de género debe ser un motivo integrador de la sociedad y no disociador. Ojalá el acompañamiento, la admiración y el compromiso decidido de instituciones, países y personas en el país y fuera de él, que ven cómo la paz es posible, aleccionen a este gobierno que sigue empeñado tercamente en devolvernos a la guerra y aniquilar la diferencia.

Wilson Castañeda Castro

Director

Caribe Afirmativo