07 de agosto de 2026. Con la llegada del nuevo gobierno, el debate ya no gira alrededor de lo que deja la administración saliente, sino de la capacidad del Estado para preservar los avances alcanzados.
Caribe Afirmativo hace un llamado al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para que garantice el cumplimiento del principio constitucional de progresividad y no regresividad de los derechos humanos, reconocido por la Constitución Política, la Corte Constitucional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los derechos de las personas LGBTIQ+ no constituyen concesiones políticas sujetas a la voluntad de cada gobierno, sino obligaciones permanentes del Estado colombiano.
En ese sentido, la organización espera que la nueva administración garantice la continuidad del CONPES 4147, fortalezca el Sistema Nacional para la Garantía de Derechos de la Población LGBTIQ+, preserve la institucionalidad creada para las diversidades y asegure los recursos necesarios para implementar las políticas públicas construidas durante los últimos años.
Igualmente, será indispensable mantener y fortalecer los protocolos de inclusión adoptados por las entidades públicas, consolidar las rutas de atención frente a la violencia y garantizar la continuidad de avances técnicos como la Guía de Práctica Clínica para la Afirmación de Género de Personas Trans, basada en evidencia científica y orientada a eliminar las barreras de acceso a la salud.
Caribe Afirmativo también advierte sobre riesgos que podrían afectar los avances alcanzados durante las últimas décadas. La organización expresa su preocupación frente al eventual posicionamiento de discursos de odio desde escenarios de poder que puedan legitimar la discriminación o incrementar los riesgos para personas LGBTIQ+; frente a posibles afectaciones al principio de laicidad del Estado, indispensable para garantizar políticas públicas sustentadas en la Constitución y la evidencia científica; y frente a eventuales retrocesos en materia de educación inclusiva, reconocimiento de la diversidad sexual y de género en los entornos escolares y mantenimiento de los protocolos institucionales de inclusión.
El país no puede permitir que los avances alcanzados en materia de igualdad se conviertan en conquistas transitorias sujetas a los cambios de gobierno. La democracia constitucional exige que los derechos humanos continúen ampliándose y fortaleciéndose, nunca retrocediendo.
Más allá de las diferencias políticas propias de toda sociedad democrática, el desafío del nuevo gobierno será demostrar que la dignidad, la igualdad y la vida de las personas LGBTIQ+ constituyen un compromiso permanente del Estado colombiano y no una agenda circunstancial de una administración específica.