03 de agosto 2026. En la historia del conflicto armado colombiano, diferentes actores han sostenido prácticas que atentan contra la vida y la dignidad de las identidades y corporalidades diversas como estrategia para demostrar la capacidad de instalar un orden social dirigido a dañar y castigar a quienes lo cuestionan. La legitimación social de estas violencias, en conjunción con otras prácticas, ha fortalecido el control social y territorial que los actores armados ejercen en diferentes zonas del país y la reproducción de prejuicios asociados con las orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género (OSIGEG) no normativas.
La legitimación social de las violencias no es exclusiva del Ejercito de Liberación Nacional (ELN), sino que las personas LGTBQ+ han sufrido hechos victimizantes por parte de más de uno e incluso varios grupos armados. Lejos de ser hechos aislados, estas violencias constituyen procesos articulados que se mantienen en el tiempo y buscan mantener estructuras cisheteronormativas que se despliegan y legitiman desde diversos ámbitos -como la familia, la escuela o las iglesias- e instituciones de manera interrelacionada. No obstante es poca la información que se tiene respecto a las violencias específicas ejercidas por el ELN.
Es por esta razón que Caribe Afirmativo, con el apoyo de la Fundación Triángulo, la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AEXCID y la Embajada de Noruega, presenta los resultados de una investigación que, desde un enfoque socio-jurídico y de género, documenta y analiza 51 casos de violencia y 93 hechos victimizantes contra personas LGBTIQ+ en los territorios de Cauca, Caribe, Chocó, Sur de Bolívar, Arauca, Nariño y Antioquia perpetrados por el ELN.
El informe parte del concepto de Continuum de violencias para reconocer que las personas LGBTIQ+ en Colombia han sido expuestas a una serie de violencias estructurales propias de un orden social fundamentado en la heterosexualidad obligatoria, que opera en múltiples dimensiones y permea todas las instituciones sociales. Por ello, se hace necesario visibilizar cómo los repertorios de violencia por prejuicio han sido desplegados en contra de las personas LGBTIQ+ de manera atroz y deshumanizante, con el agravante de éstas prácticas violentas se agudizan en la intersección con las categorías de raza y clase social, entre otras. Las amenazas, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, el reclutamiento forzado y la tortura constituyen los tipos de violencia más recurrentes.
Los testimonios dan cuenta de la violencia con fines “correctivos” dirigida a “normalizar” las corporalidades que no se ajustan al mandato cisheteronormativo. Ésta aparece de manera explícita en prácticas que no se limitan a golpes o humillaciones, sino que incluyen reclutamiento forzado, justificado bajo discursos que pretendían “volver hombres” o “enderezar” a las maricas. En muchos de los casos, las violencias contra las disidencias sexuales y de género se ejercieron bajo la tolerancia e incluso participación tanto de la sociedad civil como de instituciones, legitimadas por arquetipos que “caracterizan” a las maricas y dan validez a las violencias que se ejercen contra sus cuerpos, siendo concebidas como un atentado a la moral, como pecadoras o portadoras de VIH/SIDA, o relacionándolas con la delincuencia y la depravación.
Otra observación sobre las circunstancias de las violencias hacia las personas LGBTIQ+ por parte de actores armados están determinadas por su visibilidad de la orientación sexual, identidad y expresión de género y/o del liderazgo social y político. No obstante, en otros casos la visibilidad suele estar sostenida en redes de cuidado y comunidad que generan mayor seguridad y acompañamiento a la hora de asumirla. Por tanto, la visibilidad de las personas LGBTIQ+ puede ser entendida como un factor tanto de riesgo como de protección dependiendo del contexto territorial.
Los panfletos también constituyen una herramienta que usa el grupo armado para mantener el “orden”. En estos, se identifican amenazas y mensajes de odio contra personas LGTBQ+ -junto con otros grupos, como habitantes de la calle, trabajadoras sexuales o consumidores de sustancias-, con la finalidad de legitimar las mal llamadas “limpiezas sociales” y de instaurar un orden heteronormativo basado en el miedo y dirigido a corregir, disciplinar y aniquilar las corporalidades diversas, reforzando estereotipos y prejuicios que crean un ambiente de legitimación y naturalización de las violencias.
En los últimos años, con la proliferación de las redes sociales, el uso de plataformas como Facebook por parte de grupos armados como el ELN puede entenderse como otra forma de violencia con fines ejemplarizantes que da cuenta de cómo éstas no sólo se materializan en el espacio físico, sino también en el digital, escenario efectivo para ampliar el control social y la difusión del miedo.
En algunos territorios, la imposición de límites explícitos a través de cajas, banderas, grafitis y cilindros instauran reglas internas que la comunidad se ve obligada a cumplir. Estos marcadores territoriales no sólo regulan la movilidad, sino que también condicionan la orientación sexual, identidad y expresión de género, así como las posibilidades de organización comunitaria. Al imponer normas implícitas sobre “lo permitido” dentro del territorio, estos dispositivos de control territorial no solo restringen la movilidad, sino que configuran un entorno donde ciertas identidades y expresiones son vigiladas, sancionadas o prohibidas. En este sentido, la OSIGEG queda condicionada por el miedo, la coerción y la amenaza latente bajo esta configuración del espacio, y las personas LGTBQ+ internalizan sus normas para evitar represalias, lo que deriva en la autocensura de sus expresiones de género y la limitación de sus vínculos afectivos y formas de organización colectiva.
Los ataques dirigidos a miembros de la familia dan también cuenta de cómo la violencia por parte del actor armado busca quebrar no sólo el liderazgo de las maricas en el territorio, sino también sus vínculos afectivos. En este sentido, el desplazamiento forzado aparece como la consecuencia de una secuencia de violencias acumuladas que funcionan de manera encadenada para expulsar a las personas LBGTIQ+ de sus territorios.
Este entramado de violencias produce efectos que se traducen en instalar en la vida un régimen de autocontrol donde la supervivencia depende de ocultar, ajustar o suprimir aquello que se percibe como sancionable. Para varios de los casos, una de las alternativas frente al riesgo de recibir violencia es modificar su identidad y expresión de género para que se acerque a la norma.
A este respecto, la capacidad del actor armado para regular la vida social a través de la violencia armada en territorios étnicos es también una expresión del racismo estructural, lo que multiplica la severidad y la invisibilidad de los daños. Este hecho, visible en las condiciones de especial vulnerabilidad de personas LGBTIQ+ victimizadas en territorios como Nariño, Cauca, Chocó y Sur de Bolívar, ilustra la manera en que las violencias hacia las personas que se escapan de la cisheteronormatividad tienen unos efectos diferenciales cuando se cruzan con otros ejes de opresión como el racismo. De esta forma, ejes identitarios como la identidad étnico-racial provocan un aumento de las condiciones de vulnerabilidad de las personas con OSIGEGD, y multiplican la severidad e invisibilidad de los daños.
El ELN es la guerrilla activa más antigua de Colombia, habiendo desarrollado un sistema organizacional descentralizado, con frentes de guerra que operan de forma semiautónoma y se adaptan a las particularidades de las regiones en las que están presentes. Ello ha permitido una diversificación en sus métodos de financiación y control, lo que provoca que las formas de violencias adquieran una dimensión contextual y territorial. Lo cual, además de introducir una mayor complejidad en los procesos de negociación debido a que dificulta la consolidación de acuerdos y su implementación, implica que las prácticas de control territorial que condicionan la OSIGEG pueden variar significativamente entre zonas. Así, las particularidades propias del ELN no sólo complejizan el diálogo político, sino que generan escenarios desiguales de violencia, donde la garantía de derechos para personas LGTBQ+ puede quedar sujeta a arreglos locales precarios.
En resumen, aunque no puede afirmarse que exista una política al interior del ELN donde se estipule que la cisheterosexualidad es obligatoria, los testimonios y las fuentes documentales dan cuenta que la organización ha sostenido prácticas de violencia que buscan disciplinar las corporalidades e identidades que desafían el orden binario de la sexualidad y el género. Por ello, es importante recordar la necesidad de unir esfuerzos y articular acciones en la justicia transicional para poner en un lugar protagónico el esclarecimiento de las violencias contra las personas LGBTIQ+. Es urgente no solo avanzar en los escenarios de diálogo y negociación para terminar la confrontación armada, sino promover acuerdos humanitarios que salvaguarden las comunidades y permitan identificar la existencia de acciones y prácticas que agudizan el control armado, territorial y moral contra las vidas de las personas LGBTIQ+.