03 de noviembre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió el Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) SUB-L 036, en el marco del Macrocaso 08, subcaso Antioquia, primera fase. La decisión examina la alianza entre integrantes de la IV Brigada del Ejército Nacional, la Regional de Inteligencia Militar No. 6 (RIME 6), la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (MEVAL) y estructuras paramilitares, desarrollada con el objetivo de expulsar de La Comuna 13 y zonas aledañas de Medellín al “enemigo común” identificado como la guerrilla y sus milicias urbanas, así como todo lo considerado colaborador de las mismas para recuperar el control territorial.
Dentro de este patrón, la Sala identificó dos políticas criminales: i) la estigmatización de amplios sectores de la población civil como supuestos colaboradores de las guerrillas y, ii) la alianza entre integrantes de la Fuerza Pública y estructuras paramilitares, principalmente el Bloque Cacique Nutibara. Estas prácticas facilitaron graves violaciones de derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, convirtiendo a líderes y lideresas sociales, mujeres, personas LGBTIQ+, jóvenes y habitantes de la Comuna 13, y sectores aledaños, en objetivos de persecución, desaparición forzada, homicidio y desplazamiento forzado.
Esta decisión es fruto de la incidencia, la lucha y la resistencia de Casa Diversa de la Comuna 8, reconocida como sujeto de reparación colectiva desde 2016, cuya experiencia quedó reflejada en uno de los avances más significativos del auto: el reconocimiento de la violencia por prejuicio (VPP) como parte del patrón de estigmatización contra la población civil y la incorporación de hechos ilustrativos relacionados con este sujeto colectivo. Así, la decisión visibiliza cómo las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas o no normativas (OSIEGD) fueron perseguidas por ser quienes eran, y se vieron obligadas a ocultarse, abandonar el espacio público y restringir la libre expresión de sus identidades para sobrevivir a la violencia.
El Auto recoge también los aportes presentados por Caribe Afirmativo, en relación con la omisión de la Fuerza Pública frente al accionar paramilitar y la desprotección de la población civil. Desde Caribe Afirmativo valoramos este reconocimiento, resultado de la persistencia, organización e incidencia de las víctimas, cuyas voces y procesos organizativos han sido fundamentales para visibilizar los daños individuales y colectivos derivados de la violencia por prejuicio ejercida en el marco del conflicto armado, así como las afectaciones a los procesos comunitarios y su existencia misma en el territorio. Destacamos la participación de las víctimas que han sostenido este proceso, compartiendo sus testimonios y experiencias para contribuir a la construcción de verdad. Su persistencia ha permitido que las violencias contra las personas LGBTIQ+ ocupen un lugar en los escenarios de justicia transicional.
Aunque el Auto representa un avance en el esclarecimiento de los patrones de violencia por prejuicio, no contempla imputaciones por hechos relacionados con esta. Desde Caribe Afirmativo, insistimos en la necesidad de atribución de responsabilidades y la sanción de máximos responsables. La verdad que reclaman las víctimas debe traducirse en justicia, reparación y garantías de no repetición. La historias de las víctimas han sido escuchadas y reconocidas, esperamos que la JEP, como instancia judicial, pueda estar a la altura de su persistencia y avanzar hacía la imputación de responsabilidades y la sanción de máximos responsables.
